La LOU define como objetivo genérico de la reforma mejorar la calidad en todas las áreas de la actividad universitaria. Para promover e impulsar la calidad prevé el desarrollo de programas de evaluación y acreditación y crea la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad con el fin de realizar una evaluación externa y hacer público el rendimiento del servicio universitario, facilitando la rendición de cuentas a la sociedad, así como la transparencia, la comparación, la cooperación y la competitividad de las Universidades, la mejora de la actividad docente, investigadora y de gestión, y la información a las Administraciones Públicas y a la sociedad para la toma de decisiones. Para ello, se prevé evaluar, entre otros aspectos, las enseñanzas ofrecidas por las universidades, así como las actividades docentes, investigadoras y de gestión del profesorado.

Como se ve, y como suele ser habitual, la evaluación prevista tiene dos objetivos: obtener información fidedigna sobre las actividades de las universidades y mejorar su calidad. Ciertamente, existe amplia evidencia que avala el papel de la evaluación como un importante pilar en un proceso de reforma. Sin embargo la mera existencia de una evaluación no garantiza este efecto dinamizador. Que éste produzcan depende, precisamente, de la calidad de la propia evaluación. En el contexto de una reforma, la evaluación se constituye en un criterio de lo que se busca claro y evidente para todos los implicados. Por esta misma razón, es preciso plantearse de modo riguroso el proceso de evaluación completo: cómo se presenta la evaluación, con qué objetivos, los contenidos por los que se indaga, las fuentes de información, los métodos que se utilizan y las consecuencias que de ella se derivan. Con independencia de la filosofía que se invoque, el posible efecto dinamizador de la evaluación se deriva de la forma concreta como se realiza y si el proceso real no es congruente con los objetivos declarados, existe una alta probabilidad de que se convierta en un esfuerzo intrascendente o incluso tenga efectos perversos.

La calidad de la docencia viene ya evaluándose de forma habitual en las universidades españolas, si bien se sitúa ahora en un marco diferente. En este sentido, puede ser conveniente volver la vista hacia entornos donde cuentan con una ya larga y valiosa experiencia de evaluación en estas condiciones (Ellis, 1993; Harvay y Green, 1993; Radford y otros, 1997). Se ha comprobado, por ejemplo, que una evaluación externa se experimenta con frecuencia como amenazante y, en cualquier caso, puede entenderse animada por una falta de confianza que no tiene un impacto positivo sobre la mejora de la calidad. Igualmente, cuando los criterios se fijan externamente, se reduce la capacidad de las instituciones para determinar su propia definición de calidad y con ella la motivación y el impulso necesarios para llevar a cabo los cambios pertinentes. Se ha detectado también que estos procedimientos pueden acabar convirtiéndose en un trámite más, aumentando la carga de trabajo administrativo que va en detrimento de las obligaciones principales de los profesores universitarios. En estas condiciones, puede ocurrir que la respuesta de los profesionales sometidos a este tipo de evaluación sea buscar la salida más fácil (Trowler, 1996), evitando una autoevaluación y una reflexión que son condiciones sine qua non de la calidad docente. En definitiva, estas evaluaciones pueden muy bien realizarse sin que se produzca un beneficio claro sobre el nivel de calidad.

Así, pues, es necesario considerar las ventajas e inconvenientes de las evaluaciones externas e internas, con sus respectivas ventajas e inconvenientes. Igualmente, debe garantizarse la objetividad y transparencia de la evaluación, sobre todo si se desprenden de ella consecuencias importantes para los evaluados (estas características, a su vez, pueden retroalimentar el proceso de mejora iniciado por el propio profesor). Y, finalmente, es también preciso considerar la validez de la evaluación, es decir, el hecho de que, efectivamente, se mida lo que se desea medir, lo que es pertinente, y no otra cosa, así como las consecuencias de esta evaluación y los procedimientos mediante los que éstas se deciden.

Para cumplir con los objetivos que se propone, es previsible que la evaluación externa deberá complementarse con iniciativas propias de cada universidad que recojan sus propios objetivos y dinamicen la capacidad interna de las instituciones y sus miembros para elevar su calidad en todos los ámbitos. Igualmente, los procedimientos actualmente más extendidos de evaluación, que recurren únicamente a recabar la opinión de los estudiantes, deberán revisarse y ampliarse. En efecto, una evaluación de calidad necesita recurrir a distintas fuentes de información, a poder ser incluyendo a todos los actores de una situación, que aportan información complementaria; en este sentido, la percepción de los estudiantes es importante, como también lo es la opinión de los propios profesores con respecto a las condiciones en las que se desarrolla su actividad, sus posibilidades reales y sus objetivos específicos de mejora. Y es también relevante el juicio de expertos en la materia, que pueden valorar con fundamento la calidad del trabajo. Igualmente, es pertinente evaluar no sólo la opinión de los estudiantes, sino directamente el resultado de la docencia, es decir, los aprendizajes que se están produciendo de hecho.

De este modo, podrá asegurarse que el marco general de la evaluación es el adecuado para estimular el cambio y también que la evaluación es precisa, exhaustiva y justa. Todas estas características resultan imprescindibles para que la evaluación estimule, en efecto, la cooperación de todos los implicados así como el impulso innovador que se pretende para orientar un proceso de mejora de la calidad. La calidad de la propia evaluación, por otra parte, resulta imprescindible como garantía de transparencia en relación con las consecuencias que pueden (y deben) seguirse de ella (p.e., como es el caso reciente de la Universidad de Navarra, para que los profesores tengan acceso a ciertos incentivos).