¿Soplan vientos de cambios universitarios?

La aprobación de la Ley de Reforma Universitaria, en 1983, significó el punto de partida para una transformación sustancial en muchos aspectos de la universidad española. Respondía a una necesidades muy propias de aquel momento histórico en nuestro país, que varios intentos legislativos de los últimos años de la década anterior y los primeros ochenta habían pretendido también abordar, pero sin éxito. Pero la falta de libertades y las circunstancias políticas de España hasta el final de la dictadura hicieron nacer tarde la LRU. Cuando las ansias de democracia y de participación que recorrieron los campus de todos los países occidentales durante la segunda mitad de los años sesenta, en nuestro país no había un cauce normal de acogida de deseos similares ni en las estructuras ni en legislación universitaria. La adopción de iniciativas para adecuar las instituciones y su gestión a aquellas demandas, como ocurrió en Francia o en Holanda, aquí no fueron posibles y los tímidos intentos que, pese a todo, surgieron en la época fracasaron, o fueron reprimidos.

Este retraso ha quedado subyacente, y ha hecho que en los primeros años de la presente década, el sistema universitario español -y cada una de sus universidades- ha continuado desarrollando aspectos particulares de la reforma de 1983, mientras que en otros países se han propuesto modificaciones sustanciales, en especial en el gobierno y la gestión de sus universidades.. Así ha ocurrido en Holanda con la aprobación en 1997 del MUB (ley para la modernización del gobierno universitario), en Dinamarca que en 1993 promulgó una nueva ley sobre la gobernación universitaria, en Suecia cuya Higher Education Act de 1997 regula las relaciones entre la Administración y las instituciones con criterios mucho más flexibles, en Alemania, donde un Eckwetepaper propició un nuevo sistema de financiación y una gestión más profesionalizada, y que a partir de 1997 ha desarrollado un nuevo marco legislativo más preocupado de criterios de eficiencia y evaluación de resultados, en Austria con su reforma de la gestión de 1993, etc.

Este interés de muchos países por el gobierno y la gestión de las universidades reside en tres razones principales:

• La introducción de elementos relacionados con el mercado en los nuevos desarrollos formativos y el interés social o estratégico de las actividades de investigación y desarrollo.
• El mayor énfasis puesto en el valor de la autonomía institucional.
• Las demandas crecientes de rendición de cuentas, vinculadas con el interés mayor por los indicadores de eficiencia en la agenda política de los distintos gobiernos europeos.

En España, en nuestros días, se dan varias circunstancias que aconsejan un profundo debate, a raíz del cual se generen acciones concretas de política universitaria. Son las siguientes:

• La transformación interna que ha sufrido la universidad española desde la Reforma de 1983. Ésta ha marcado la vida académica superior en nuestro país en los últimos quince años: se han creado universidades, se han multiplicado las titulaciones, se ha introducido la optatividad y la libre elección en los estudios, se ha democratizado la universidad, se ha intensificado la investigación... Pero, junto a estos logros, existen déficits evidentes en la falta de calidad del profesorado, en la inadecuación de los estudios a las demandas profesionales, etc. La reforma fue buena y necesaria pero hoy está agotada y no responde a las exigencias de la sociedad actual.
• En muchos países de la Unión Europea se está produciendo una revolución universitaria y se habla de crisis de la universidad, para significar el hecho de que las enseñanzas no son adecuadas a las demandas sociales. Hay problemas diversos -ligados a la extensión de la formación superior a grupos cada vez más amplios de ciudadanos- que obligan a una revisión de aspectos esenciales en la vida de las instituciones como son la autonomía, la calidad institucional, los mecanismos de financiación, etc.
• La armonización de los diversos sistemas universitarios europeos, como respuesta a una demanda política de los Estados miembros de la Unión y a la globalización de la sociedad productiva y cultural. Es preciso integrar lo que debe ser igual con lo que debe ser específico, pues convergencia no quiere decir uniformismo. Este proceso se complica con las diversas vinculaciones jerárquicas y organizativas de las universidades, y con la independencia legislativa de los países de la Unión. La libre circulación de los ciudadanos exige que la formación universitaria de todos los países de Europa adopte esta convergencia: partimos de situaciones diferentes pero tenemos problemas en gran medida comunes, y tenemos que buscar juntos las soluciones.
• La sociedad de las primeras décadas del siglo XXI será muy distinta de la actual, y aún más de aquella de la que nos formamos hace 20 ó 30 años. No valen pues para formar a los nuevos ciudadanos y a los nuevos profesionales soluciones antiguas. La incidencia de las nuevas tecnologías, la formación permanente a lo largo de la vida, la movilidad de estudiantes y profesores... son elementos que transformarán la vida universitaria europea.

El debate que conduzca a las actuaciones, reclamadas en muchos ámbitos, de política universitaria debe enfocarse a la luz de la convergencia de la educación superior española con la europea. Además, la universidad no sólo debe amoldarse a las demandas sociales sino que ha de prevenirlas y orientarlas para el mejor desarrollo personal y social de los ciudadanos.

Pertenecemos al selecto club de países que poseen una educación superior más adelantada. España puede sentirse partícipe sin complejos –lo cual es un gigantesco avance respecto de nuestra situación hace 20 años- de ese grupo de países. Sin embargo, en muchos temas (evaluación de la calidad, sistemas de gobierno, desarrollo de la autonomía, altura de la investigación...) seguimos siendo inferiores a algunos países de Europa. Es imprescindible que se aborden cambios sustanciales en nuestro sistema para satisfacer mejor las demandas emergentes de la social actual, para aproximarnos a aquellos países vecinos que aún nos preceden y para adelantarnos a los grandes cambios que se avecinan.

Para afrontar estos cambios el sistema universitario español tiene, junto con reconocidas fortalezas, algunos puntos débiles ante los que se debe actuar:

• Su estructura organizativa, con complejos órganos de gobierno e indefinición en la asunción de responsabilidades en cada nivel.
• Su rigidez en la gestión de los recursos humanos: incorporación, formación, adaptación a las nuevas demandas, movilidad, etc.
• Su escasa adaptación de los contenidos de la enseñanza al mercado laboral, sin una respuesta ágil ante las necesidades del mundo del trabajo y una insuficiente formación en capacidades vinculadas a la innovación

Los responsables académicos y políticos de la universidad han de dar respuesta a unas exigencias específicas de la nueva sociedad del conocimiento, mediante principios de actuación innovadores que consideren los condicionantes siguientes:

• La universidad debe formar titulados que se incorporen en condiciones adecuadas al mundo del trabajo; es decir, la formación ha de ser realista vinculada con el entorno social y laboral, en conexión con la empresa: práctica. Pero, por otra parte, no puede formar titulados con criterios de simple adecuación a la vida laboral; ha de cuidar la formación básica e instrumental.
• La universidad ha de estar regida por parámetros de competitividad social como son los principios de calidad, de organización, de planificación, de decisión, de capacidad de análisis y síntesis. Estas ideas han de primar en su actuación, y estar presentes en todos sus programas y planes.
• La universidad ha de mejorar la eficiencia y el rendimiento de su gestión, pues la financiación de la educación superior como servicio público necesita una profunda revisión en temas como la diversificación de las fuentes económicas o los sistema internos de asignación de recursos.
• La universidad ha de aprovechar todo el potencial de trabajo que representan las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y aplicarlas a las metodologías educativas y la elaboración de materiales didácticos, constituir muchas más redes de colaboración, formar recursos humanos mediante sistemas "virtuales", etc.
• La universidad ha de desempeñar un papel creciente en el entorno social, actuar de motor de empresas e industrias circundantes, contribuir al desarrollo laboral y económico de su región, generar nuevos empleos y nuevas actividades productivas, etc.
• La universidad ha de avanzar en los procesos de integración nacional e internacional, como propugnan la Carta Magna de Bolonia y la Declaración de la Sorbona. Tiene que fomentarse la interdisciplinariedad de las enseñanzas y de los programas de investigación, la movilidad de los estudiantes y profesores, el aprendizaje de lenguas etc.

Es preciso dar un paso más y comprometerse en la propuesta de estrategias conducente al cumplimiento de estos objetivos. Las que pueden considerarse más importantes son las siguientes:

• La convergencia de la universidad española con la europea es deseable, además de inevitable. Como se indica en la Declaración de la Sorbona –en la que estuvo ausente el gobierno español- tal convergencia afectará a cuestiones como la calidad, la gobernabilidad, los presupuestos, el equipamiento, etc. Las diversas fuerzas sociales han de asumir el papel que les corresponde en esas transformaciones ligadas a la armonización europea.
• Los aspectos fundamentales de la política universitaria, como son por ejemplo la calidad institucional o la gobernabilidad, deben considerarse un asunto de Estado y planificarse a largo plazo. Es posible encontrar grandes líneas de actuación en las que puedan coincidir opciones políticas progresistas y conservadoras. Unos pondrán el acento en criterios vinculados a la competitividad social, mientras que otros lo harán en la mayor sensibilidad con la igualdad en el acceso al conocimiento y la solidaridad. Pero, sin duda, deben existir bastantes coincidencias en los objetivos. Es oportuno un pacto universitario que incluya, al menos, el aumento de la financiación –con sustanciales mejoras en las ayudas a los estudiantes-, la reforma del sistema de gobierno y la flexibilización de sus estructuras organizativas y la implantación de un sistema nítido de rendición de cuentas e incentivos.
• La evolución del sistema universitario debe pretender el equilibrio entre competitividad y cooperación. La competitividad es un motor de desarrollo, pero la simple tendencia a clasificar instituciones o personas es negativa si no hay nada más, aunque pueda ser eficaz. La cooperación con las administraciones, la industria, los sectores marginados, las instituciones internacionales, etc., constituye un contrapunto necesario a la competitividad. También dentro de la propia institución, las relaciones entre sus componentes se ha de estimular que no se limite a aspectos competitivos, sino que se deben favorecer las iniciativas del trabajo multidisciplinario y solidario.

Tras varios años de inacción, de verdad ¿soplan vientos de cambios universitarios?