Disciplinamiento militar y control social en el ejército patriota:
reclutamiento, deserción y mecanismos de control durante las guerras de Independencia en Chile (1817-1823)

1. Introducción

Durante la última década, la historiografía ha renovado su interés por el ejército patriota en el contexto de las guerras de independencia en Chile. Esta renovación se ha manifestado en estudios recientes sobre la Batalla de Rancagua¹, investigaciones centradas en la deserción en el ejército patriota y nuevas aproximaciones a su participación en los conflictos bélicos del período. Asimismo, los estudios sobre la militarización durante los procesos revolucionarios independentistas y republicanos han ampliado las perspectivas de análisis, incorporando tanto las dimensiones militares y sociales de estos procesos.²

En este marco, el presente artículo analiza los mecanismos de disciplinamiento y su incidencia en la vida cotidiana al interior del ejército patriota entre 1817 y 1823. Para ello el objetivo es examinar las tecnologías institucionales de control que estructuraron las relaciones entre jerarquía, coerción y obediencia dentro del ámbito militar, atendiendo tanto a su dimensión punitiva como productiva, así como a las formas en que estas prácticas intervenían en la regulación de las conductas, los tiempos y los desplazamientos de los reclutas.

En particular, se analizan las medidas adoptadas frente a la deserción, las prácticas de reclutamiento forzoso de individuos catalogados como “vagabundos” y las formas de captura e incorporación coercitiva al ejército. Asimismo, se examina la conformación de unidades militares destinadas a integrar estos contingentes bajo supervisión de los oficiales, mediante procesos de instrucción, vigilancia y disciplinamiento sistemático. El análisis, considera, además, los regímenes sancionatorios aplicados a soldados reclutas y oficiales que incurrieron en actos de insubordinación, así como las medidas adoptadas para prevenir la deserción y restablecer la obediencia. En conjunto, estas prácticas permiten comprender el disciplinamiento militar no solo como un mecanismo destinado a preservar el orden y sancionar las transgresiones dentro de las filas.

Desde el punto de vista metodológico, el estudio adopta una aproximación interpretativa orientada a reconstruir las categorías de percepción y lenguaje de los oficiales. Para ello, se han analizado oficios, comunicados y decretos provenientes del Fondo Ministerio de Guerra del Archivo Nacional de Chile, así como decretos supremos conservados en el Departamento Cultural y de Extensión del Ejército de Chile. En este sentido, se privilegia la reconstrucción de los marcos de sentido que los actores históricos consideraban legítimos en su contexto, sin apartarse de un enfoque analítico.

Estas fuentes permiten acceder tanto a las prácticas administrativas como al funcionamiento cotidiano de la vida en los cuarteles y en la guerra. Desde el punto de vista teórico, el análisis se inscribe en la crítica de la vida cotidiana desarrollada por Maricela Perera, la cual concibe este ámbito como un proceso dinámico y dialéctico de producción y reproducción de la vida social y de sus condiciones materiales.³

Desde esta perspectiva, el ejército patriota es entendido como un espacio atravesado por prácticas cotidianas, reiterativas y ordinarias, a través de las cuales se buscaba formar a los reclutas, con el objetivo de transformarlos en soldados funcionales a las exigencias de la organización militar y a la construcción de un orden político republicano.

En términos conceptuales, el mecanismo disciplinario se entiende como un dispositivo que articula lo obligatorio y lo prohibido, desplazando el énfasis desde la sanción de lo no permitido hacia la prescripción detallada de las conductas exigidas. En este sentido, la disciplina opera como un régimen positivo de regulación de la conducta. Como ha señalado Michel Foucault, una disciplina eficaz no se limita a prohibir, sino que prescribe de manera continua aquello que debe hacerse; su forma paradigmática se observa en la vida monástica, donde la existencia cotidiana se encuentra íntegramente reglamentada, de modo que lo no explicitado se considera prohibido.⁴

El sistema disciplinario se define por la producción de un campo de acciones posibles estrictamente delimitado, en el cual la obediencia se construye a través de la regulación minuciosa de la vida cotidiana. En el caso analizado, la disciplina militar implementada por los oficiales sobre los reclutas operó precisamente mediante este tipo de racionalidad normativa, orientada a la organización de la vida al interior del ámbito militar.

La conformación de batallones se articuló, en parte, a través del reclutamiento forzoso de hombres sin oficio, catalogados como vagos o incorporados mediante mecanismos coercitivos vinculados al sistema de leva. A su vez, los mandos patriotas intensificaron los dispositivos de control sobre estos nuevos reclutas, ampliando los focos de disciplinamiento interno. En este marco, en 1820 se adoptaron medidas para aumentar las fuerzas destinadas a la expedición del Perú mediante la reorganización y creación de cuerpos militares que debían integrar el Ejército Libertador del Perú.⁵

A partir de estas consideraciones, se plantea la siguiente hipótesis: los mecanismos de disciplinamiento implementados por los oficiales del ejército patriota durante las guerras de Independencia en Chile constituyeron una forma de regulación de las conductas de los reclutas que articuló el reclutamiento forzoso, la instrucción militar, la vigilancia y la aplicación de sanciones. En este contexto, la deserción, frecuentemente asociada en las fuentes a prácticas de bandolerismo y criminalidad, puso se manifiesto las dificultades de los jefes patriotas para mantener a los reclutas dentro de las filas y asegurar el cumplimiento de sus obligaciones. Frente a ello, las autoridades militares recurrieron a mecanismos de captura, persecución, castigo e indulto, así como a la incorporación coercitiva de hombres catalogados como “vagos” y desertores a determinados cuerpos militares.

La historiografía sobre los ejércitos de la Independencia ha abordado las dificultades que enfrentaron las autoridades para reclutar hombres, conservar sus efectivos y establecer mecanismos de disciplina que aseguraran el cumplimiento de la función militar. Estos problemas permiten observar que la organización del ejército patriota no dependía únicamente de las necesidades impuestas por la guerra, sino también de la capacidad de los jefes patriotas para incorporar a los sectores populares, mantenerlos en las filas y regular sus conductas dentro de la estructura militar.

En el caso chileno, Leonardo León Solís examinó la relación entre el reclutamiento forzoso, la deserción y las resistencias del bajo pueblo durante la primera etapa de la guerra de Independencia. Su investigación permite comprender que la incorporación de campesinos a los ejércitos no estuvo exenta de conflictos y que una parte de estos hombres procuró mantenerse al margen de la guerra, recurriendo a distintas formas de resistencia y desplazamiento.⁶ Por su parte, Mario Valdés Urrutia estudia específicamente la deserción en el ejército patriota chileno entre 1813 y 1818. Su trabajo constituye un antecedente directo para comprender las dificultades que enfrentaron los jefes patriotas para conservar los reclutas, en un contexto marcado por problemas salariales, condiciones materiales deficientes y dificultades de organización de las tropas.⁷

A estos antecedentes se suma el libro de Ana María Contador Los Pincheira, un caso de bandidaje social en Chile, 1817-1832. Su investigación permite ampliar la comprensión de las relaciones entre la guerra, conflictividad social y participación popular en los territorios del sur, cuestionando las interpretaciones que reducen estas agrupaciones a expresiones exclusivamente delictivas. El estudio resulta relevante para examinar la relación que los oficiales establecieron entre bandidaje, movilidad y criminalidad, así como las dificultades para controlar a los sujetos que actuaban fuera de las estructuras oficiales. Aunque el período abordado por Contador excede el marco cronológico de este artículo, su trabajo constituye un antecedente para comprender las continuidades y transformaciones de la conflictividad surgida durante las guerras de Independencia.

En una perspectiva comparada, Alejandro Rabinovich analiza el fenómeno de la deserción en las guerras de revolución e independencia del Río de la Plata entre 1810-1829. Su estudio permite situar las fugas dentro de los problemas de organización, sostenimiento y conducción de los ejércitos revolucionarios, mostrando la importancia que adquirió la deserción para las autoridades militares. Este antecedente resulta fundamental para el presente artículo, pues permite relacionar las dificultades para mantener a los reclutas en las filas con las respuestas institucionales desplegadas por los mandos. Sin embargo, las particularidades del ejército patriota chileno requieren ser examinadas a partir de su propia documentación, atendiendo a las medidas concretas adoptadas para capturar desertores, incorporar nuevos reclutas y restablecer la obediencia.⁸

Por su parte, Gabriel di Meglio estudia la experiencia militar de los sectores subalternos que integraron el ejército y las milicias de Buenos Aires entre 1810 y 1820. Su investigación permite considerar que la participación de los reclutas en la guerra no puede comprenderse únicamente desde la disposición de los oficiales, sino que también debe atender a las experiencias y formas de actuación de quienes integraban las tropas.⁹ Esta perspectiva contribuye a situar a los reclutas como sujetos que participaban de una experiencia militar y social, cuyas conductas no siempre coincidían con las expectativas de las autoridades. De este modo, su trabajo permite ampliar el análisis de la disciplina hacia las relaciones entre la organización militar y las experiencias cotidianas de los sectores populares.

En una línea relacionada con la forma de participación popular y las transformaciones políticas de la Independencia, Raúl O. Fradkin ha contribuido a examinar las acciones de los sectores subalternos y las modalidades de intervención popular en los procesos revolucionarios. En su estudio sobre la montonera y el bandolerismo en Buenos Aires, el historiador analiza las relaciones entre la violencia, organización política y formas de autoridad durante la década de 1820. Asimismo, la obra colectiva que dirige la historia popular de la revolución de Independencia permite considerar las motivaciones, experiencias y expectativas del bajo pueblo dentro de estos procesos.¹⁰ Estos aportes resultan útiles para evitar una reinterpretación de la deserción limitada a la infracción de las normas militares, situándola dentro de un escenario de guerra y transformación política en el que las autoridades procuraban incorporar y mantener bajo su mando a hombres provenientes de distintos escenarios (rurales, mineros, pesqueros).

En cuanto a la formación de los ejércitos revolucionarios, Clément Thibaud estudia la transformación de las fuerzas bolivarianas en Venezuela y Nueva Granada, atendiendo a su organización y a las relaciones entre guerra, revolución y construcción republicana. Su investigación permite considerar las dificultades que acompañaron la conformación de nuevas estructuras militares y la incorporación de contingentes diversos a los ejércitos de Independencia.¹¹ Aunque su estudio corresponde a otro espacio geográfico, ofrece elementos comparativos para examinar los problemas de organización y control que también enfrentaron las autoridades patriotas en Chile.

Desde esta perspectiva, la disciplina no se comprende únicamente como un conjunto de castigos destinados a sancionar las faltas, sino también como una práctica que intervenía en la organización cotidiana de los reclutas. La vigilancia de los caminos, la identificación de los desertores, la distribución de las actividades de instrucción y la aplicación de órdenes formaban parte de los mecanismos mediante los cuales los jefes patriotas procuraban establecer conductas compatibles con las exigencias de la función militar. La persistencia de las fugas, las sublevaciones y las negativas a prestar servicio permite observar, al mismo tiempo, las dificultades que enfrentaron los oficiales para consolidar la obediencia.

2.De la captura de desertores en el ejército patriota al despliegue de dispositivos disciplinarios

La crisis de las estructuras de autoridad durante el proceso revolucionario transformó la regulación de los sectores populares. Estas dificultades adquirieron especial relevancia entre los soldados reclutados cuyas condiciones de vida y movilidad obstaculizaban su incorporación estable a la organización militar. En este escenario, las conductas de desobediencia y resistencia pueden entenderse no solo como transgresiones individuales, sino también como manifestaciones de las tensiones entre las autoridades y los sectores populares. El reclutamiento y el disciplinamiento militar desempeñaron, por tanto, una función que trascendía la formación de tropas, pues también constituían medios para regular la conducta de individuos considerados difíciles de incorporar al orden social y militar.

En momentos críticos, la deserción podía situar al soldado al margen de su comunidad. La fuga de las filas militares los obligaba a buscar refugios en montes y quebradas para eludir las partidas encargadas de la persecución. En este contexto, en 1820 el teniente gobernador patriota José Bernardo de Uriarte se dirigió a los desertores de su distrito mediante un bando: “No me juzguéis sin oírme”, y agregó “con vosotros hablo, soldados cívicos, que temiendo el castigo de vuestra fuga continuáis ocultos entre las selvas y espesos bosques privados de vuestros hijos, vuestras esposas, de vuestros padres y del trato de sociedad de vuestros hermanos. Deponed los temores, venid a entregaros seguros de la indulgencia, y ciertos que no militareis contra vuestra voluntad”. Estas expresiones permiten observar las dificultades de las autoridades militares para conseguir la entrega de desertores, así como la necesidad de ofrecer garantías de indulgencia para propiciar su retorno. El discurso evidencia, además, que la deserción no suponía únicamente el abandono del servicio militar, sino también la separación de los vínculos familiares y comunitarios. De este modo, el comunicado permite aproximarse a las consecuencias sociales de la fuga y a los esfuerzos de la autoridad por recuperar a quienes habían abandonado las filas.

La deserción podía vincularse, desde la perspectiva de las autoridades, con otras conductas consideradas delictivas o contrarias al orden militar. En este sentido, el oficial Manuel González al informar que, en el marco de la persecución de desertores, “pasaron por el membrillar doce soldados de ello ocho con fusiles, y me dicen cometiendo varios desórdenes”¹². A partir de este testimonio, es posible observar cómo el control militar se extendía a los desplazamientos de los soldados y a las prácticas que desarrollaban fuera de las filas. De este modo, la persecución de los desertores era el objetivo de las autoridades para preservar el orden militar.

El propósito por controlar la deserción también se observa en la normativa militar recogida por Gerónimo Espejo en El paso de los Andes, donde se señalaba que “el que intentare desertar de las banderas de la patria, aunque no lo ejecute, será recargado con cuatro años de servicio.”¹³ Esta disposición muestra que las sanciones no se limitaban a quienes abandonaban las filas, sino también manifestaban la intención de hacerlo. De este modo, la normativa buscaba prevenir la deserción mediante el endurecimiento de las obligaciones militares, extendiendo la amenaza del castigo incluso a una fuga que no llegaba a concretarse.

Durante el invierno, Bernardo O´ Higgins incrementó su ejército mediante la creación de nuevos cuerpos chilenos. Como resultado de este proceso de reorganización y fortalecimiento militar, mediados de octubre de 1817, su fuerza total pasaba de 3.700 cifra que permitía considerar un asalto directo sobre las posiciones de Talcahuano.¹⁴ En paralelo, Ramón Freire avanzaba con doscientos jinetes y tenía previsto cruzar el río Itata por el vado del Roble, con el objetivo de coordinarse con cuerpo de milicianos procedentes de Quirihue.¹⁵ Posteriormente, avanzaría hacia Yumbel para cortar toda posibilidad de retirada enemiga hacia la costa.

En este contexto, el teniente gobernador del Itata informó sobre el desplazamiento de soldados fugados del ejército de Freire y solicitó que se vigilaran los pasos del río, señalando: “esté al cuidado de aprender los desertores de los pasajes del río Itata”¹⁶. En este sentido, la disposición permite observar una práctica disciplinaria orientada a regular la conducta de los soldados más allá de su permanencia en las filas, mediante la vigilancia de los espacios por los que podían circular. El mandato suponía una intervención sobre la vida cotidiana, pues convertía los pasos del río en lugares estratégicos para localizar y aprehender a quienes habían abandonado el ejército. De este modo, el control militar se proyectaba sobre el territorio y los desplazamientos de los desertores, con el propósito de limitar sus posibilidades de fuga y restablecer la obediencia.

Este escenario permite observar la consolidación de la figura del soldado desertor como sujeto asociado a prácticas de saqueo y desorden, situación que progresivamente motivó la adopción de medidas de control por parte de los mandos patriotas. En esta línea, Bernardo O´ Higgins instruyó al gobernador de Itata respecto de la situación de algunos prófugos que acompañaban a Zapata, “el diputado Justo Guajardo ha procedido por orden mía a indultar algunos prófugos que acompañan a Zapata.”¹⁷ Esta disposición muestra que la respuesta del general no se limitaba a la persecución y el castigo, sino que también contemplaba el indulto como una vía para propiciar el retorno de quienes permanecerían fuera de las filas y restablecer su subordinación al mando militar.

El objetivo de contener la deserción también se manifestó en las disposiciones dictadas por las autoridades patriotas. En este sentido, el 14 de octubre de 1817, la Junta Gubernativa publicó un bando titulado “Penas a los fomentadores de deserciones”, en el que establecía sanciones para quienes protegieran a los desertores en sus casas y haciendas.¹⁸ En particular, la disposición contemplaba multas para los propietarios que los albergaran y castigos para los dependientes e inquilinos que no denunciaran su presencia. Asimismo, ordenaba a los jueces proceder a su aprehensión y remisión. Esta normativa de la persecución de los desertores no dependía exclusivamente de los oficiales, sino que también involucraba a los propietarios, habitantes y autoridades locales.

A esta medida se sumaba la preocupación por reponer los efectivos perdidos, como se desprende de la afirmación de O´ Higgins “he entregado cuarenta y tres reclutas a Pablo Bustos, cuya remesa ha hecho para completar la falta que se experimentó en la anterior.”¹⁹ La entrega de estos reclutas muestra que la respuesta a la deserción no se limitaba a la persecución y el castigo, sino que también comprendía la incorporación de nuevos soldados para mantener el funcionamiento del ejército. Desde esta perspectiva, la reorganización de las tropas intervenía en las condiciones materiales de la vida militar, al incorporar a los reclutas a una estructura jerárquica que definía sus funciones y obligaciones. De este modo, la reposición de los reclutas formaba parte de un proceso que buscaba asegurar la disponibilidad de estos para la guerra y su incorporación a las prácticas cotidianas de la organización militar.

La necesidad de reponer los efectivos también se relacionaba con las medidas adoptadas por las autoridades para fortalecer la organización militar. En este marco, en marzo de 1817, Bernardo O´ Higgins decretó la fundación de la Academia Militar para contribuir a la formación de nuevos generales. Según lo establecido en sus disposiciones, este establecimiento permitiría preparar oficiales para cubrir las vacantes de los regimientos y contribuir a la formación de un nuevo ejército cuando fuese necesario.²⁰ Esta medida permite observar que el funcionamiento del ejército no dependía únicamente de la incorporación de reclutas, sino también de la preparación de soldados capaces de asumir responsabilidades de mando. Desde esta perspectiva, la formación de oficiales contribuía a consolidar la estructura jerárquica y a establecer criterios de organización y conducción de las tropas.

La guerra contra los realistas se desarrollaba, así, en paralelo con los esfuerzos de las autoridades por contener la deserción en las filas patriotas. En este contexto, desde Chillán, Manuel Praderas informaba, “Tengo noticias que José Martínez se hallan en el pueblo se sirva poner ordenar se le aprehendan y proceder al castigo”²¹. Asimismo, la solicitud dirigida a la autoridad muestra que el abandono del ejército requería la intervención de los mandos incluso cuando el desertor se encontraba fuera de su unidad. De este modo, la aplicación de las disposiciones militares buscaba extender la autoridad sobre quienes habían abandonado el cuerpo militar.

Esta preocupación también aparece en el informe del gobernador de Parral, quien, el 12 de mayo de 1817, advertía sobre la situación de desorden que afectaba a su provincia y solicitaba al director supremo medidas para “contenerse a los desertores y a los facinerosos y a las gentes del comercio”²². La inclusión de estos grupos en una misma solicitud permite observar cómo el oficial relacionaba la deserción con otras conductas y actividades que consideraban problemáticas para el orden provincial. De este modo, la intervención militar y política no se limitaba a recuperar los soldados desertores, sino que también buscaban regulas las prácticas de quienes eran identificados como una amenaza para la estabilidad del territorio.

La existencia de numerosos pasos cordilleranos en el Bío-Bío facilitaba la fuga de los reclutas y dificultaba su captura. Ante esa situación, el oficial José Santos Arrete dispuso resguardar las principales rutas de tránsito, procurando “que guarden los puntos principales del Bío-Bío y que haga pasar una partida de 25 hombres a otra parte para que se entreguen los desertados”²³. Esta disposición muestra que la persecución de los desertores requería una organización territorial que permitiera intervenir sobre sus rutas de escape. Desde esta perspectiva, el espacio adquiría una función dentro del mecanismo disciplinario, pues la distribución de las partidas militares buscaba restringir las alternativas de desplazamiento de quienes habían abandonado el ejército.

Desde Parral, el oficial José Vicente informaba sobre la insubordinación de las fuerzas bajo su mando y solicitaba la adopción de medidas para obstaculizar el transitar de los desertores “los milicianos han desertado, solicito que se ponga en alerta por los pasos que ellos transitan”²⁴. La solicitud evidencia la dificultad del oficial para mantener a los reclutas dentro del ejército y la necesidad de adoptar medidas que permitieran recuperar el control sobre ellos. En este contexto, el envío de soldados a los caminos buscaba frenar la deserción y recuperar el control sobre éstos.

Días después, se informaba sobre el desplazamiento de soldados y el tránsito de caballos pertenecientes a vecinos de Concepción, “Los que quedan lo llevan a Concepción el sargento José Gatica.”²⁵ Este registro permite aproximarse a las posibles consecuencias de la deserción sobre la vida cotidiana, en la medida en que involucraba bienes de los habitantes y podía alterar las condiciones de movilidad en el interior. Por tanto, la preocupación del comandante local no se reducía a la pérdida de efectivos, sino que también comprendía las consecuencias que la fuga podía generar sobre el orden militar y las relaciones materiales de las comunidades. En este contexto, las cifras de desertores que el comandante remitía al intendente permiten examinar su preocupación por establecer mecanismos de control que previnieran nuevas fugas y evitaran la pérdida de reclutas, en un escenario de guerra en el que las fuerzas realistas aún mantenían posiciones en defensa de la causa del rey.

La deserción, la violencia y las prácticas indisciplinarias constituyeron, desde las primeras etapas, rasgos del conflicto. Estos fenómenos estaban estrechamente interrelacionados y planteaban al jefe patriota la necesidad de establecer mecanismos de control. Como señalaba a inicios de julio el oficial Dionisio Sotomayor, “remito ocho reos desertores de la división de Rufino Salas aprehendido en inmediaciones de la villa”²⁶. La deserción no solo era considerada una infracción vinculada con la disciplina militar, sino también una conducta que debía ser identificada, perseguida y sometida a mecanismos de control fuera de las propias filas. Además, la referencia a los “reos desertores” permite observar cómo la condición de desertor se vinculaba con una respuesta punitiva que incluía su aprehensión y traslado bajo custodia.

En este marco, una orden de Ramón Freire dirigida a Hilarión Gaspar vinculaba la aprehensión de un desertor con la recuperación de bienes del Estado “remítame al desertor Juan José Riquelme que me avisa haber aprehendido con los caballos que es regular del Estado”²⁷. La disposición muestra que la preocupación de esta autoridad no se limitaba al abandono militar, sino que también comprendía la recuperación de recursos necesarios para el funcionamiento del ejército. Desde esta perspectiva, las sanciones buscaban responsabilizar a los reclutas por sus actos y proteger los recursos públicos, fundamentales para el desarrollo de las actividades militares.

En esta misma línea, el comandante Clemente Lantaño informaba en 1822 a Ramón Freire que una banda de desertores que había servido bajo el comandante Bulnes había cometido un homicidio “de la partida del Salto, le mataron cuatro hombres.”²⁸ El episodio permite observar cómo la deserción podía extender sus efectos más allá del ámbito estrictamente militar, afectando la seguridad de los espacios donde estos grupos de desplazaban. Asimismo, la persistencia de prácticas de violencia evidenciaba las dificultades de las autoridades patriotas para restablecer el orden y contener las conductas consideradas contrarias a la disciplina militar y social.

En abril de 1819, el oficial José Santiago Palacios señalaba que “la insurrección de las tropas de caballería ha suscitado innumerables pleitos”²⁹. Esta referencia muestra que la pérdida de control sobre las tropas podía proyectarse hacia las relaciones entre los propios individuos, generando conflictos que excedían la organización interna del ejército. De manera similar, Gregorio Tapia, comandante de las fuerzas patriotas, informaba al director supremo en 1820 sobre hechos de entre los soldados, “dos compañeros de lanceros de sable y lanza que le quitó el fusil a dos integrantes de infantería”³⁰. La apropiación del fusil revela, además, que la violencia afectaba directamente los recursos materiales y la capacidad de acciones del ejército, al sustraer armamento destinado al funcionamiento de la estructura militar. La falta de control sobre las conductas de los soldados no solo afectaba la organización del ejército, sino también la convivencia con la población, la seguridad y los recursos necesarios para el sostenimiento de estos.

3.Disciplinar al Ejército: mecanismos de orden y control sobre los reclutas

Las victorias patriotas de 1817 y 1818, pese a su relevancia, no significaron el término de la guerra. En el sur de Chile persistieron focos de resistencia y apoyo a la causa monárquica que continuaron enfrentándose al nuevo orden político. Talcahuano permaneció bajo sitio durante un prolongado período y, posteriormente, las fuerzas realistas ocuparon Concepción, provocando el desplazamiento de parte de la población patriota hacia Santiago. Asimismo, en la región del Biobío operaron montoneras realistas encabezadas inicialmente por el chileno Vicente Benavides y, posteriormente, por el español Juan Manuel Pico. Estas acciones se desarrollaron en el contexto de la denominada “guerra a muerte”, conflicto que se prolongó hasta 1824³¹ y que mantuvo la presión militar sobre las fuerzas patriotas, dificultando la consolidación del orden social.

Durante esta etapa, la participación en el esfuerzo militar fue, en gran medida, resultados de mecanismos de presión y coacción. Si bien existieron casos de enrolamiento voluntario, estos constituyeron una minoría. De acuerdo con Julio Pinto y Verónica Valdivia, gran parte de los sectores populares que integraron la expedición al Perú, así como las fuerzas destinadas a sofocar la resistencia realista en el sur, fue reclutada de manera forzosa.³²

Las levas afectaron principalmente a los sectores populares que se desplazaban de un lugar a otro, cuyas formas de vida y prácticas cotidianas eran consideradas problemáticas por los jefes patriotas. Frente a las exigencias del nuevo orden, estos grupos desarrollaron distintas formas de resistencia al reclutamiento, ya fuera mediante la evasión de las autoridades o a través de acciones de fuerza.

La documentación de la época permite constatar la extensión de estas prácticas. En enero de 1817, Francisco Martínez informaba al director supremo delegado sobre “el envío de cincuenta y un vagos aprehendidos en este partido de mi mando para la recluta”³³. De manera similar, desde Talca, el oficial Patricio Letelier ejecutó disposiciones orientadas a la “recogida de reclutas”, a solicitud de su comandante. El reclutamiento no se limitaba al ingreso de individuos al ejército, sino que también comprendía procedimientos de vigilancia, captura y traslado que permitían a las autoridades identificar y controlar a quienes consideraban aptos.

En este sentido, el testimonio de Gerónimo Espejo resulta ilustrativo al señalar que “el general San Martín, el primero era nuestro émulo. Tomaba un recluta y lo aleccionaba desde los giros”³⁴, evidenciando la importancia que adquiría el adiestramiento una vez producido la incorporación. El recluta debía aprender nuevas formas de desenvolverse, adaptarse a los ritmos impuestos por la institución y adquirir prácticas que permitieran su integración al funcionamiento militar.

Sin embargo, los acontecimientos en Rancagua modificaron las condiciones en que se desarrollaba la incorporación de reclutas al ejército. El general Joaquín Prieto informaba al director supremo en 1818 sobre “la sublevación de los dragones que asoman la iniciativa contra el orden y la disciplina de las tropas,”³⁵ evidenciando las dificultades que enfrentaban las autoridades patriotas para consolidar la disciplina en sus contingentes. De manera similar, el oficial Francisco Elizalde escribía a Bernardo O´ Higgins, dando cuenta de que “y que después en el secuestro de dragones volvieron a desertar”³⁶, lo que permite observar la persistencia de la deserción entre los soldados. Este episodio muestra que la incorporación de los reclutas no suponía, por sí misma, la consolidación inmediata de un cuerpo militar disciplinado. La sublevación y la deserción evidenciaba las dificultades para establecer y mantener las normas que debían regular la conducta de los soldados.

Durante el período 1817-1818, la deserción en el ejército patriota fue adquiriendo progresivamente el carácter de una verdadera calamidad. Desde distintos distritos, los comandantes informaban a sus directores sobre los mecanismos necesarios para prevenir la fuga de reclutas. En Talca, el oficial Gregorio Martínez señalaba a fines de enero “he pedido a los hacendados de mi territorio y jueces, se empeñen en celar la aprehensión de los desertores, y demás personas que transiten sin pasaporte”³⁷. Frente a esta situación, Martínez reiteraba las instrucciones destinadas a intensificar estas medidas “volveré a prevenirles doblen la vigilancia y celen activamente sobre el particular.”³⁸ Esta disposición muestra que la prevención de la deserción requería una intervención permanente entre quienes transitaban. El control no se limitaba al ámbito militar, sino que involucraba a hacendados y jueces, extendiendo la capacidad de las autoridades para regular los desplazamientos por diferentes caminos. A su vez, la exigencia de un pasaporte permitía identificar y diferencian a quienes podían circular de aquellos cuyos movimientos debían ser restringidos. De este modo, la disciplina militar se proyectaba más allá del ejército, articulando la regulación de las conductas con el control de la movilidad de los desertores.

En el cuartel militar de Talca, el propio Gregorio Martínez volvía a referirse al problema “me acompaña 26 filiaciones de desertores de varios cuerpos del ejército y se me de orden para la aprehensión de ellos.”³⁹ La circulación de las filiaciones muestra que la búsqueda de los desertores se apoyaba también en la identificación y registro de individuos concretos, transformando sus características personales en información que podía ser transmitida y utilizada para su captura. De este modo, la persecución no terminaba con la emisión de una orden, sino que requería mantener activa una cadena de observación, comunicación y actuación en distintos espacios. La vida cotidiana de quienes transitaban por estos territorios quedaba así atravesada por estas prácticas: desplazarse o circular por los caminos podía implicar ser observado, acreditar la autorización correspondiente a ser detenido. Esta práctica puede relacionarse con las disposiciones de la Ordenanza de S.M. para el régimen, disciplina, subordinación y servicios de sus ejércitos, promulgada durante el reinado de Carlos III, que constituía un antecedente normativo para estudiar las obligaciones militares y las sanciones frente a las faltas cometidas durante el servicio.⁴⁰ Desde esta perspectiva, la documentación permite examinar cómo las disposiciones militares se traducían en prácticas concretas de vigilancia, identificación y aprehensión de los reclutas que desertaban de las filas del ejército.

En este contexto, la correspondencia militar da cuenta de un esfuerzo deliberado por institucionalizar al ejército patriota. Así, el 28 de marzo de 1818, el coronel Juan de Dios Vial escribía al director supremo Bernardo O´ Higgins “el excmo gral en jefe del exto de los Andes me ha ordenado proceda sin demora al arreglo y formación de un regimiento”⁴¹; agregando que “la creación de este cuerpo fue bajo el fundamento de regimiento y según ordenanza debía componerse de los batallones”⁴². La conformación de estos cuerpos militares no solo respondía a necesidades operativas, sino que también establecía una estructura destinada a organizar de manera permanente a los soldados. La distribución de los hombres en regimientos y batallones obedecía a disposiciones que definían sus funciones y su lugar dentro de la jerarquía militar. De este modo, la disciplina no dependía únicamente de las órdenes impartidas frente a situaciones particulares, sino que se incorporaba al funcionamiento cotidiano del ejército mediante una organización que regulaba sus actividades.

La tarea de los oficiales se concentraba en continuar la formación de batallones destinados a la guerra, así como el reclutamiento de peones y gañanes que se resistían de manera sostenida a su incorporación al ejército patriota. En este contexto, las campañas de organización de los batallones llevadas a cabo por los jefes patriotas se intensificaron progresivamente. “He creado un batallón que consta de trescientos ochenta soldados y veinte siete oficiales”⁴³. Sin embargo, la formación de estos cuerpos no dependía únicamente de reunir un número determinado de hombres, sino también de seleccionar y clasificar a quienes serían incorporados. Dando cuenta del funcionamiento del batallón de cazadores de Talca, el oficial Manuel Recabarren escribía al ministro de Estado Miguel Zañartu, a inicios de mayo de 1818, “tenemos trescientos reclutas: tendríamos muchos más sino hubiese sido preciso desechar algunos por antipatriotas”⁴⁴. Esto evidencia que el reclutamiento implicaba una valoración de los individuos antes de su incorporación, estableciendo diferencias entre quienes eran considerados aptos para formar parte del cuerpo y aquellos que debían ser excluidos. De este modo, la organización militar no solo respondía a la necesidad de reunir reclutas para la guerra, sino que también establecía criterios de pertenencia que condicionaban la incorporación de los reclutas según su adecuación a las exigencias del ejército.

Pocos días después, la dificultad para completar las filas se hacía más evidente: “a pesar de los mayores esfuerzos es difícil completar el nuevo batallón de infantería por la suma escasez de hombres solteros”⁴⁵. La escasez de hombres disponibles intensificaba los esfuerzos por ampliar el número de reclutas, hasta el punto de incorporar a quienes eran identificados como “vagos”. Semanas más tarde, Recabarren informaba haber alcanzado su objetivo, “Todos los vagos se han reclutado para el batallón de cazadores.”⁴⁶ La sucesión de este acontecimiento permite observar cómo la necesidad de completar las filas impulsó la incorporación de individuos que hasta entonces desarrollaban sus actividades fuera de la estructura militar. Sus prácticas cotidianas quedaron desarrolladas fuera de la estructura militar.

Los jefes patriotas asumían la responsabilidad de impartir la instrucción militar tanto a nivel de compañía como de batallón, con el objetivo de consolidar la formación del soldado⁴⁷. Esta tarea no se limitaba a la enseñanza de conocimientos estrictamente militares, sino que implicaba organizar de manera continua las prácticas y conductas de quienes integraban las tropas. En este contexto, en 1823, Ramón Freire destinó al capitán de infantería, con grado de teniente, Carlos José María Vicencio, quien “fue trasladado a Coquimbo a petición del gobierno para encargarse de la disciplina de la tropa y deberá estar organizando.”⁴⁸ Esta designación evidencia la necesidad de mantener una intervención constante de los reclutas, orientado a establecer pautas de actuación. La instrucción constituía, por tanto, una práctica mediante la cual éstos adquirían procedimientos para el combate y aprendían a desenvolverse dentro de una estructura que organizaba su vida cotidiana.

Los oficiales formados en la Academia Militar, creada en 1817, habrían recibido instrucción en conocimientos tácticos para la maniobra de batallones y escuadrones, así como en los distintos mecanismos del servicio militar, lo que les permitía asumir directamente los cargos y empleos a los que serían posteriormente destinados.⁴⁹ Esta preparación les proporcionaba herramientas para organizar y conducir las tropas, aplicando procedimientos que orientaban tanto las maniobras militares como el cumplimiento de las funciones asignadas a cada integrante. De este modo, la formación de los oficiales contribuía a establecer criterios de actuación para regular el funcionamiento cotidiano de las tropas.

Por su parte, el coronel jefe de Estado Mayor informó al general Miguel Gavarilla sobre una nueva gestión que debía ejecutarse con especial cautela. En este marco, se indicaba, “Antonio González Balcarce general del ejército unido es comisionado para que con seis soldados y un cabo de la mejor conducta marche hasta el Tucumán conduciendo 40 prisioneros.”⁵⁰ El operativo requería una selección de los encargados de la custodia. Cuyas cualidades de conducta constituían un criterio para asignar responsabilidades. Según lo dispuesto por el general Gavarilla, la escolta debía estar integrada por jefes de cuerpo de milicias de caballería de la capital y otros oficiales, estableciendo una distribución diferenciada de funciones y grados. La ejecución de una tarea militar dependía de la asignación precisa de responsabilidades y del cumplimiento de las obligaciones correspondientes a cada integrante. El control comprendía tanto a los prisioneros como a los soldados encargados de vigilarlos, cuyos movimientos debían ajustarse a las exigencias del traslado.

El control y la reorganización impulsados por los oficiales tuvieron efectos concretos sobre la población que se encontraba fuera de las estructuras militares. El oficial Manuel Cortés comunicaba que el capitán de milicias Ramón Cerda había logrado reunir a “expensas como treinta hombres de los dispersos, otros que se han tomado por los campos y otros a quienes se obligaron a cargar equipajes”⁵¹. Estas acciones no se limitaban a recuperar hombres para las filas, sino que también intervenían directamente sobre sus actividades y sobre la manera en que disponían de su tiempo y sus cuerpos. La captura de individuos dispersos y la obligación de cargar equipajes permiten observar cómo la intervención militar se extendía hacia los campos y espacios de tránsito, donde los hombres podían ser localizados, reunidos y destinados a funciones determinadas.

En conjunto, el análisis de las fuentes sugiere que las autoridades patriotas privilegiaron la designación de oficiales capaces de organizar y conducir a los reclutas. Su intervención permitió regular la conducta de estos últimos y distribuir responsabilidades de acuerdo con las exigencias del servicio. De este modo, la disciplina se consolidó como un mecanismo de organización y control que buscaba integrar al funcionamiento del ejército patriota.

4. La disciplina como mecanismo de control en el Ejército de los Andes

“De modo que, por la absoluta falta de estas, no pueden disciplinarse ni cuarenta hombres”⁵². Con estas palabras, el Inspector de la Guardia Nacional describía las dificultades que enfrentaba al mando de sus tropas. En su comunicado señalaba que los 200 reclutas recibieron fusiles de mala calidad y que, además, no se habían remitido los recursos del erario previamente solicitados. La importancia de estas condiciones se advierte cuando afirmaba que, “dándoseme todo lo expuesto podré proceder a la disciplina del batallón instruyéndolos domingo y lunes de cada semana”⁵³. El testimonio permite observar que la disciplina militar requería establecer una organización regular de las actividades de los reclutas, mediante ejercicios distribuidos en días específicos y sujetos a la necesidad de la institución. La delimitación de estos tiempos formaba parte de una regulación que buscaba incorporar la instrucción a la rutina de los soldados. Sin embargo, su aplicación dependía de la disponibilidad de armamento y recursos materiales, cuya escasez restringía las posibilidades de sostener el proceso de formación.

Transcurridos algunos meses, surgieron nuevas dificultades para los oficiales. “Los soldados se niegan a prestar servicio sin que se les pague el corto diario que se le ha señalado”⁵⁴. Estas demandas generaron respuestas de las autoridades políticas y militares. Así, cuatro días después de haber reportado este incidente, Agustín de Vial, secretario diputado, respondió a la solicitud del supremo director de regularizar los pagos, señalando que “esté mandado que conciliando las consideraciones que se merecen estos ministros con los apuros del erario.”⁵⁵ Esto permite observar las tensiones que atravesaban el sostenimiento de las fuerzas patriotas. Mientras los reclutas condicionaban la prestación del servicio al pago del diario que les correspondía, las autoridades debían conciliar las obligaciones contraídas con ellos y las limitaciones de la hacienda pública. La negativa de los soldados expresa los límites de la capacidad de los mandos para imponer el servicio cuando no se garantizaban las condiciones materiales acordadas.

Los retrasos salariales obedecían a factores estructurales de orden fiscal. Como explica Beatriz Bragoni, la victoria del ejército en Chacabuco estuvo lejos de aliviar las penurias fiscales del gobierno encabezado por Juan Martín de Pueyrredón. Si meses antes José de San Martín habría expresado que, con la expulsión de los realistas de Santiago el gobierno rioplatense podría recibir indemnizaciones de los territorios liberados, la precariedad fiscal del bastión independiente exigió renovar los auxilios para sostener el flamante Ejército Unido, integrado por el Ejército de los Andes y el restituido Ejército de Chile.⁵⁶ En este escenario, los recursos disponibles debían distribuirse entre el mantenimiento de las fuerzas acantonadas en la capital y en la plaza de Valparaíso, y el financiamiento de las campañas en el territorio del sur, tras el repliegue del ejército realista hacia Concepción, Talcahuano y Chiloé. Estas limitaciones permiten situar las dificultades del sostenimiento militar en las condiciones materiales que condicionaban el funcionamiento cotidiano del ejército.

En este contexto de precariedad fiscal, la sublevación de una fracción del Regimiento de Dragones acuartelado en Coquimbo puso de manifiesto las dificultades de las autoridades para preservar el orden dentro de las propias fuerzas militares. La identificación de los instigadores, entre los cuales figuraban oficiales, constituyó una medida prioritaria para determinar las responsabilidades y prevenir nuevos levantamientos. En este sentido, la preocupación de las autoridades quedó expresada en la adopción de medidas de seguridad destinadas a evitar la reiteración de estos acontecimientos, según se desprende de la afirmación “que las medidas de seguridad que he decidido adoptar para evitar tales sublevaciones”⁵⁷. En términos similares, se manifestó el teniente coronel Pedro Ramón de Arriagada en un comunicado dirigido al director supremo, en el que advertía sobre, “ante las tropelías, violencias y muertes de que son capaces. Traigan engrosada su fuerza hasta el número de treinta y más fusileros.”⁵⁸ La formulación resulta significativa, pues presenta la rebelión como una amenaza cuya contención exigía una intervención directa sobre la organización militar. La atención ya no se dirigía únicamente a los hechos consumados, sino también a la posibilidad de que volvieran a producirse, haciendo de la prevención y la vigilancia componentes centrales del funcionamiento del ejército.

Bernardo O´Higgins, desde Santiago, comunicaba la acción que calificaba de degradante y escandalosa, cometida por Nicolás Díaz, oficial del Batallón N°1 de Cazadores de los Andes. A petición del propio O´Higgins, solicitaba “disponer sean juzgados por la comisión militar de un modo más breve y sumario”⁵⁹. Un mes después de ocurrido este hecho, el mismo general daba cuenta de otro hecho delictivo, esta vez protagonizado por Ramón Ximena Navia al interior de un batallón de infantería, y solicitaba “las órdenes oportunas para que así se practiquen”⁶⁰. Estas intervenciones permiten observar la preocupación del general por asegurar que las disposiciones de la autoridad se tradujeran en procedimientos concretos dentro de la estructura militar. De este modo, la conducta denunciada se situaba en un ámbito de intervención institucional, en el que la falta debía ser examinada y sus responsables sometidos a la justicia militar.

En esta línea, como ha señalado Alejandro Rabinovich, la disciplina militar en este período se sustentaba en la aplicación sistemática de normas que buscaban garantizar la obediencia y la cohesión interna de los cuerpos armados.⁶¹ En consonancia con esta perspectiva, el comunicado de O´Higgins permite observar como la regulación de las conductas se concretaba en la calificación de las faltas, la intervención de la justicia militar y la exigencia de ejecutar las disposiciones de la autoridad.

En Valparaíso se impuso un control más estricto frente a diversos actos de indisciplina militar. En este contexto, se advertía la posibilidad “de sublevarse o dispersar el cuerpo, obra que no le será difícil en circunstancias de hallarse rodeado de algunos oficiales.”⁶² Esta observación permite identificar la preocupación de la autoridad por la influencia que el oficial podía ejercer sobre la conducta de los reclutas y el funcionamiento de la autoridad. La jerarquía militar no garantizaba por sí misma la obediencia, pues quienes ocupaban posiciones de mando también podían intervenir en la ruptura del orden establecido. De este modo, esto muestra que la disciplina podía regular las conductas en los distintos niveles de la estructura militar, ya que la estabilidad del cuerpo dependía tanto de la subordinación de los soldados como de la actuación de los superiores.

Como respuesta a estas situaciones, las autoridades recurrieron a procedimientos judiciales y castigos orientados a sancionar las transgresiones y reafirmar la autoridad militar. En este sentido, Hilarión de la Quintana señalaba, el 20 de octubre, “uno de los principales delitos porque debe juzgarse a Ramón Navia el de haber sublevado en Concepción al Batallón de Infantería que mandaba.”⁶³ Esta actuación permite observar que la responsabilidad atribuida a Navia no se limitaba a su participación individual en los hechos, sino que comprendía el ejercicio de su mando sobre el batallón. La intervención judicial buscaba establecer su responsabilidad por una conducta que comprometía la subordinación de la tropa y el orden jerárquico del ejército. De este modo, el juzgamiento operaba como un mecanismo de control sobre los oficiales, cuyas actuaciones debían ajustarse a las exigencias militares.

La reiteración de estos actos de indisciplina generó preocupación entre las autoridades militares, que recurrieron a castigos más severos para mantener el orden dentro del ejército. Entre las medidas registradas se cuenta la siguiente, “El soldado Pérez y paisano Plaza fueron condenados a sentencia de un consejo de guerra a servir en la marina por 2 años el primero y el segundo”⁶⁴. Esta disposición muestra que la respuesta institucional no se limitaba a castigar una infracción, sino que también implicaba reasignar a los sancionados a una función militar determinada. De este modo, el castigo operaba como un mecanismo de regulación de la conducta, al establecer las consecuencias del incumplimiento y reafirmar las obligaciones que debían regir las actuaciones de quienes estaban sujetos a la autoridad militar.

En esta misma línea, se registra la disposición según la cual “Pedro Gómez teniente del ejército de los Andes se colocará en la cárcel de Linares”⁶⁵. Este caso permite observar el encarcelamiento como una medida coercitiva mediante la cual la autoridad intervenía directamente sobre un oficial sujeto a la jurisdicción militar. Por otra parte, en Chillán, el oficial Francisco Elizalde informaba haber recibido dos prisioneros, señalando “que había determinado entregarse a Rubilar el uno de ellos, que es Bernardo Bega, habiéndole así verificado”⁶⁶. Ambos casos muestran distintas formas de intervención sobre quienes quedaban bajo la autoridad militar, ya fuera mediante la privación de libertad o a través de la recepción y entrega de prisioneros. Estas prácticas revelan que el ejercicio de la disciplina requería actuaciones concretas para hacer efectivas las disposiciones de los mandos y determinar la situación de los reclutas bajo su custodia.

En consecuencia, la deserción y la resistencia al servicio militar representaban una dificultad para los oficiales, que buscaban integrar a los reclutas a la organización del ejército. Estas conductas no solo comprometían la disponibilidad de hombres para la guerra, sino que también revelaban las tensiones entre las obligaciones impuestas por la institución y las posibilidades de los individuos de sustraerse a ella.

Un ejemplo de ello se registra, en junio de 1821, cuando Ignacio Arrables, soldado recluta, fue acusado de engañar al comandante de Arauco. En su testimonio escrito, el oficial José Miguel Millar señalaba “yo le creí en calidad de su pasaporte, pero fue a robar trece animales y caballos”⁶⁷. El testimonio permite observar que el pasaporte constituía un elemento para acreditar la condición de quien transitaba y orientar la valoración de su conducta por parte de la autoridad. Sin embargo, la acusación de robo cuestionaba la confianza depositada en ese documento y mostraba los límites de este mecanismo para garantizar el comportamiento de quienes circulaban por el territorio.

En San Felipe de Aconcagua, se informaba que “se ha aprendido a dos soldados desertores que asesinaron a tres pasajeros en la Cuesta de Chacabuco”⁶⁸. Este caso permite observar cómo la deserción podía trascender el ámbito de la disciplina militar y vincularse con actos de violencia que afectaban a la población civil. A su vez, la captura de los desertores muestra la intervención de las autoridades frente a este hecho, aunque no permite determinar el alcance de su capacidad para controlar los desplazamientos de los desertores.

En mayo de 1817, tras la deserción de 53 individuos, el teniente Juan Díaz optaba “por indultarlos y colocar mayores penas para que persistan en este crimen.”⁶⁹ Esta decisión permite observar la combinación de medidas de clemencias y el endurecimiento de las sanciones frente a la deserción. La disposición no se limitaba a resolver la situación de quienes habían abandonado las filas, sino que también contemplaba un aumento de las penas asociadas a esta conducta. De este modo, la medida permite examinar cómo las autoridades buscaban regular el comportamiento de los reclutas mediante la articulación del indulto y la amenaza de sanciones más severas.

Un enfoque similar se observa en la actuación de Ramón Freire, quien en junio de 1817 determinaba “imponer las leyes al cabo segundo González por su prolongada deserción”⁷⁰. Esta disposición permite observar cómo la sanción operaba como un mecanismo disciplinario destinado a corregir las conductas que se apartaban de las obligaciones militares y restablecer la obediencia al mando. La prolongación de la ausencia adquiría relevancia en tanto evidenciaba la persistencia del incumplimiento y justificaba la intervención de la autoridad. Asimismo, la medida deja en evidencia que la disciplina militar trascendía la aplicación de un castigo puntual, pues buscaba regular las conductas y limitar las posibilidades de actuar al margen de las obligaciones impuestas por el oficial.

En 1823, Hilarión de la Quintana, uno de los jefes patriotas replegados en Santiago, manifestaba su preocupación por los actos de indisciplina al señalar “mando a aprehender a los desertores del Batallón N°1 que he encargado a sus respectivos cuerpos”⁷¹. Sin embargo, pocos días después, las órdenes insistían en que no se debían “no perdonar medios de conseguir la aprehensión de los desertores.”⁷² La reiteración de esta orden permite observar la aprehensión como un mecanismo destinado a localizar a quienes habían abandonado las filas y someterlos nuevamente a la autoridad militar. Asimismo, la insistencia en su captura evidencia, además, que el control militar requería una vigilancia sostenida, capaz de prolongarse más allá de los espacios de acuartelamiento.

Ante los actos de indisciplina, los oficiales propusieron medidas más estrictas para controlar la deserción, entre ellas “que se establezcan sumarias contra los cómplices que directa o indirectamente fomentan la deserción”⁷³. Esta propuesta muestra que la autoridad no solo buscaba castigar a quienes desertaban, sino también identificar a quienes facilitaban estas conductas. De este modo, el control se extendía a las relaciones entre los propios reclutas, pues cualquier ayuda a la deserción podía ser considerada una amenaza para la obediencia y el orden militar. Así, la disciplina buscaba no solo corregir, sino también prevenirlas mediante la vigilancia.

En este sentido, Luis de la Cruz señalaba la necesidad de fortalecer “en el día la disciplina de los cuerpos de milicias para hacerlos útiles a la defensa de nuestra libertad”⁷⁴. Esta afirmación relacionaba la disciplina con la preparación de las tropas para el combate, mostrando que la obediencia y el cumplimiento de las obligaciones eran considerados necesarios para el funcionamiento del ejército. En términos similares, Ramón Freire informaba que “el capitán de infantería grado de teniente coronel Carlos José María Vicencio está destinado a la Provincia de Coquimbo para encargarse de la disciplina de la tropa”⁷⁵. La designación de un oficial para esta tarea expresa que la disciplina no dependía únicamente de la existencia de reglamentos, sino también de la intervención directa de los jefes sobre los reclutas. A través de estas medidas, se buscaba regular las conductas militares y el cumplimiento de las obligaciones del servicio, tanto mediante orientaciones generales como a través de la asignación de oficiales encargados de la disciplina.

En este contexto, los oficiales procuraban fortalecer la disciplina de las tropas. Al respecto, Mariano Peñafiel informaba que “la guarnición de esta plaza se continúa disciplinando con el mayor esmero.”⁷⁶ El registro permite examinar la disciplina como un mecanismo de regulación de la conducta militar, orientado a encauzar la práctica de los reclutas conforme a las exigencias del servicio. De este modo, la instrucción y la organización de la guarnición contribuían a establecer formas de actuación acordes con la jerarquía.

En esta misma línea, el oficial Joaquín Vicuña comunicaba a su superior que “me hallo disciplinando una compañía de cien hombres de caballería cívica.”⁷⁷ Su declaración permite observar la participación directa del oficial en la labor de disciplina e instrucción de las tropas. Asimismo, el oficial en su testimonio mostraba cómo sus tareas formaban parte de la organización cotidiana de las unidades militares, mediante la intervención de los mandos en la formación de los reclutas bajo su responsabilidad. De este modo, la disciplina fue un mecanismo de regulación de la conducta militar.

En conjunto, las fuentes muestran que la consolidación del ejército patriota exigía un trabajo permanente de organización e instrucción, mediante el cual los oficiales procuraban transformar a los reclutas en integrantes capaces de responder a las necesidades militares.

5.Conclusión

En este artículo se analizó el mecanismo disciplinario del ejército patriota durante las guerras de independencia en Chile. Se sostiene que se implementaron dispositivos disciplinarios orientados a controlar a los reclutas que manifestaban conductas de insubordinación dentro de las filas del ejército, con el objetivo de asegurar la obediencia y la cohesión interna.

Los oficiales desempeñaron un rol central en la instrucción de los nuevos reclutas, tal como se ha evidenció a lo largo del análisis. El entrenamiento en el uso de las armas se basó, en gran medida, en los conocimientos impartidos en la Academia Militar de 1817.

Por otra parte, una de las tareas de mayor complejidad para los oficiales fue contener las sublevaciones dentro de las propias fuerzas patriotas. El proceso judicial seguido, por ejemplo, contra Ramón Navia por la sublevación del batallón de infantería que comandaba en Concepción, así como los casos del soldado Pérez y el paisano Plaza, evidencia la consolidación de un aparato sancionatorio de carácter militar. En este contexto, las autoridades patriotas aplicaron medidas severas para castigar las infracciones, con el propósito de consolidar la disciplina entre los reclutas. De este modo, se buscaba garantizar la obediencia a la jerarquía militar, mantener el orden y asegurar la disposición, incluso forzada, a combatir en el campo de batalla.

En este marco, la respuesta institucional se caracterizó por una progresiva intensificación de los dispositivos de vigilancia, castigo y disciplinamiento, orientados a asegurar la obediencia. La criminalización de la deserción, así como la asociación entre pobreza, movilidad y delito, contribuyeron a redefinir los límites entre lo militar y lo social, configurando nuevas formas de control sobre los sujetos populares.

Asimismo, los soldados que desertaban del ejército no solo abandonaban la disciplina militar, sino que, en algunos casos protagonizaban actos delictivos, como robos de bienes o agresiones a civiles. Estas situaciones llevaron a las autoridades a recurrir tanto a indultos como a penas durante los procesos de juzgamiento. En este contexto, la disciplina puede comprenderse como un mecanismo que no solo prohibía determinadas conductas, sino que también establecía de manera continua aquello que solo los reclutas debían hacer regulando sus comportamientos y su vida cotidiana. En este sentido, el caso del oficial Juan Díaz, quien indultó a 53 reclutas de su batallón tras su deserción, permite observar la coexistencia entre prácticas de clemencia y estrategias de control, orientadas a prevenir la reiteración de estas conductas.

En definitiva, el disciplinamiento militar no solo buscó formar soldados funcionales al proyecto político del período, sino que también intervino en la vida cotidiana de los reclutas, regulando sus tiempos, conductas y desplazamientos. Este proceso formó parte de una dinámica de producción y reproducción en la vida social y de sus condiciones materiales, al transformar las prácticas de los reclutas y reforzar la jerarquía militar. El mecanismo disciplinario contribuyó tanto al mantenimiento del orden dentro del ejército como a la consolidación de un orden estatal en formación.

Referencias