Daimon. Revista Internacional de Filosofía, nº 87 (2022), pp. 187-201

ISSN: 1130-0507 (papel) y 1989-4651 (electrónico) http://dx.doi.org/10.6018/daimon.527841

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Fronteras y discriminación en el sistema global*

 

Borders and Discrimination in the Global System 

 

Elisabetta Di Castro**

 

Resumen: Las fronteras han experimentado grandes cambios ligados principalmente al desarrollo de la globalización, la desigualdad de sus beneficios y el aumento inédito de las migraciones y movilidad internacionales. Este artículo se centra en la discriminación como uno de los grandes desafíos de la sociedad democrática asociado a la resignificación de las fronteras. Frente a las graves desigualdades y exclusiones que atentan contra la libertad y dignidad de las personas, se reivindica la reconfiguración política a partir de los sujetos migrantes como posibilidad de construir un mundo menos injusto y violento, dejando atrás la ley del más fuerte.

Palabras clave: fronteras, discriminación, globalización, constitucionalismo global, desigualdad, migración.

Abstract: Borders have undergone great changes linked mainly to the development of globalization, the inequality of its benefits and the unprecedented increase of international migration and mobility. This article focuses on discrimination as one of the great challenges of democratic society associated with the resignification of borders. Faced with the serious inequalities and exclusions that threaten the freedom and dignity of people, rethinking politics from migrant subjects is claimed as the possibility of building a less unjust and violent world, leaving behind the law of the strongest.

Keywords: borders, discrimination, globalization, global constitutionalism, inequality, migration.

 

 

“Hay derechos que vagan sin tierra por un mundo global en busca de

un constitucionalismo, también global, que les ofrezca anclaje y garantías.

Huérfanos de un territorio en el que echar raíces y de una soberanía

nacional a la que confiar su tutela, van por un mundo sin confines

en el que actúan unos poderes al parecer incontrolables.”

(Rodotà, 2014, 11)

 

 

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Recibido: 12/06/2022. Aceptado: 11/07/2022.

* Este artículo se ha elaborado en el marco del proyecto de investigación “Fronteras, democracia y justicia global. Argumentos filosóficos en torno a la emergencia de un espacio cosmopolita” (PGC2018-093656-B-I00), financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades en el marco del Plan Estatal I+D

** Doctora en Filosofía, Profesora Titular del Colegio de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, Miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Contacto elisadic@unam.mx Área de especialización: filosofía política clásica y contemporánea. Principal línea de investigación: las teorías de la justicia con especial atención en temas de desigualdad, exclusión y globalización. Entre sus publicaciones recientes destaca la coordinación de los libros Repensar las injusticias en la sociedad contemporánea (2020) y Diversidad, desigualdad y justicia (2022).

 

 

La migración internacional es uno de los fenómenos globales de gran impacto en la vida de las naciones, prácticamente ningún país puede sustraerse a su influjo, ya sea como lugar de origen, tránsito o destino. En los años recientes ha tenido un crecimiento inédito de 1.8 veces al pasar de 153 a 282 millones de personas entre 1990 y 2020. Las personas que residen en un país distinto al de su nacimiento representan 3.6% de la población mundial, cuando en 1990 era 2.9%. El destino principal de la migración es Estados Unidos de América, seguido a gran distancia por Alemania (51 y 16 millones, respectivamente).1 Entre los países de origen de las migraciones internacionales destacan México, Ucrania y Afganistán, con 11.7, 5.9 y 5.1 millones de connacionales viviendo en otro país, respectivamente (Banco Mundial, 2022). A estos datos debe añadirse las consecuencias de la actual guerra Ucrania-Rusia que, al 23 de mayo de 2022, ha llevado a desplazarse a 6.5 millones de ucranianos en busca de asilo, encontrándose dispersos por Europa y otros países como México, en donde tan sólo en el primer bimestre de 2022 ingresaron casi 10 mil para solicitar asilo en Estados Unidos de América (OIM, 2022; INM, 2022).

No obstante el gran impacto que tiene el fenómeno migratorio en las naciones de origen, tránsito y acogida, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) hasta hace muy poco tiempo carecía de un organismo especializado para atenderlo.2 La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), creada en 1951, era el único organismo internacional dedicado exclusivamente a las migraciones, e inicialmente centró su actuación en Europa aunque fue ampliándola hasta lograr en años recientes presencia en todos los continentes y colaborar con diversos organismos gubernamentales, intergubernamentales y no gubernamentales. En 2016 la OIM suscribió un acuerdo con la ONU para convertirse en una de sus agencias especializadas.

La creación de un marco institucional adecuado de respeto a los derechos humanos de los migrantes internacionales y sus familias ha sido una tarea ardua en la que la ONU ha tenido logros de gran importancia.3 En 2016 se realizó la Cumbre de la ONU sobre los Refugiados y los Migrantes, cuyo fruto es la Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes. En esta Declaración se reconoce la contribución que hacen los migrantes al desarrollo sostenible y se manifiesta la voluntad internacional no sólo de proteger sus derechos independientemente del estatus migratorio sino también de compartir la responsabilidad a escala mundial. Asimismo, se acordó elaborar un Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, el cual incluyó diversos temas entre los que destacan el fortalecimiento de los derechos laborales, salvar vidas y establecer esfuerzos internacionales para los migrantes desaparecidos. Este Pacto fue aprobado en una conferencia intergubernamental realizada en Marruecos dos años después y se presenta como un avance en la gobernanza mundial de la migración, aunque lamentablemente, una docena de países que la suscribieron se retiraron poco después. Además, no es un pacto vinculatorio.

En la definición del migrante como persona que reside habitualmente en un país distinto al de su nacimiento, se vinculan los conceptos de país y frontera. Ambos términos están ligados a procesos históricos, al desarrollo económico y político del mundo moderno. Países y fronteras que surgen de la conformación de los Estados-nación, y que -más allá de que sean caracterizados por el ejercicio del monopolio de la violencia legítima en un determinado territorio (Weber, 1982), o por la creación y aplicación de normas vinculantes en un territorio y hacia una población (Kelsen, 1979)- remiten a un poder soberano tanto en el interior del mismo como en su relación con otros Estados. Norberto Bobbio (1996) destacó que en la formación del Estado moderno hay una relación directamente proporcional entre la vinculación de los súbditos y la independencia de un Estado frente a otros: cuando más fuerte era la soberanía de un Estado menos límites internos y externos tenía. Sin embargo, esto se modificó con el surgimiento del derecho internacional y los llamados Estados federales: en la medida en que el marco jurídico nacional e internacional marca los límites del poder político, conforme el Estado aumentaba sus fuerzas hacia el exterior perdía independencia interna. De esta manera, por lo que se refiere a sus relaciones externas, Bobbio nos propone entender, por un lado, la historia de los Estados como un proceso continuo de descomposición y recomposición, y por otro lado, de vinculación y desvinculación de límites jurídicos.

Las fronteras que delimitan a un país frente a otros no son sólo territoriales y jurídicas, sino también límites multidimensionales que construyen dinámicamente la diferencia básica entre un ¨nosotros¨ y los “otros” (Benhabib, 2006). De hecho, como ha señalado Steffen Mau, el surgimiento de los Estados-nación es también un proceso de clasificación a gran escala basado en el trazo de fronteras territoriales y de pertenencia que, como contorno de la estructura estatal que separa un interior de un exterior, definen el derecho de controlar y regular.4 Sin embargo, no fue hasta el siglo XX que se estableció un sistema global de control de fronteras y lo que, con reminiscencias weberianas, se concibe como “monopolio de los medios legítimos de movimiento” (Mau, 2020).

Aunque las fronteras no sólo cierran un espacio también lo abren, no sólo dividen y separan, también relacionan y conectan. La globalización está recreando las fronteras existentes, transformándolas en fronteras temporales como dispositivos de regulación de los mercados laborales en los países de destino, que estimulan, permiten o prohiben el ingreso de migrantes según el déficit o abundancia de los trabajadores nativos. De esta forma, se ha propuesto que los efectos de esta temporalización en el cruce de fronteras de acuerdo con la demanda de trabajadores, así como las luchas sociales que promueven, no pueden ser comprendidos a partir de las visiones tradicionales y progresivas de la historia (Mezzadra y Neilson, 2017). Asimismo, las fronteras están dejando de ser una línea divisoria fija e inamovible, si es que alguna vez lo fueron, porque los gobiernos pretenden ampliar el alcance de su competencia para hacer frente a la escalada migratoria de las últimas décadas, reinventando uno de los elementos clásicos de la soberanía en la época moderna: la territorialidad (Shachar, 2020).

Este artículo se centra en la discriminación como uno de los grandes desafíos de la sociedad democrática asociado a la resignificación de las fronteras de los Estados-nación en el proceso de globalización. En la primera parte se revisa el concepto y los nuevos roles de las fronteras en el sistema global, destacando su transformación, flexibilidad, temporalidad y ubicuidad en los países de destino para regular la movilidad humana y seleccionar a los trabajadores migratorios en función de sus prioridades nacionales. En la segunda parte, se consideran las fronteras exteriores, interiores y extraterritoriales como fuente de discriminación que lastima la dignidad de extanjeros hasta transformarlas en personas “legales” e “ilegales”, al tiempo que produce y reproduce la exclusión y la desigualdades sociales y étnicas, lo que cuestiona los principios básicos del orden democrático. En la tercera parte, se encara la paradoja de la globalización de las fronteras abiertas a las mercancías y los capitales y cerradas a la movilidad humana, cuya crisis actual conduce aparentemente a elegir entre democracia o globalización. En la reflexión final se cuestionan las fronteras como espacios que se flexibilizan o erigen barreras en función del interés nacional, atentando contra la liberad y dignidad de los extraños, y se reivindica su necesaria reconfiguración política a partir de los sujetos migrantes como posibilidad de construir un mundo menos injusto y violento, acorde con los principios de una sociedad democrática, plural e incluyente a la que aspiramos nativos y extranjeros, asumiendo la propuesta cosmopolita.

 

1. Diversidad de fronteras

 

Para el análisis y comprensión de las fronteras como una construcción histórico-social se cuenta con una amplia bibliografía en la que se pueden ubicar los diversos problemas que han motivado su reflexión, entre los que destacan sin duda las consecuencias de la globalización y la desigual distribución de sus beneficios y costos. Si bien desde diversos campos de estudio se ha insistido en que las fronteras no pueden quedar reducidas a una simple línea territorial o a un ordenamiento jurídico,5 para los fines de este artículo nos interesa recuperar especialmente la propuesta de Étienne Balibar que, más allá de ser una referencia obligada en el tema, permite recuperar muchas de las discusiones que se han vertido al respecto. Aquí nos centraremos en las tres características que Balibar nos propone para entender las fronteras: la sobredeterminación, la polisemia y la heterogeneidad.

Si bien cada frontera tiene su propia historia en la que se reivindica tanto el derecho del pueblo y el poder del Estado como su cultura e intereses económicos, con la primera característica se pone el énfasis en que la frontera no es un mero límite entre dos Estados. La frontera “siempre está sobredeterminada, y en ese sentido a la vez certificada, intensificada y relativizada por otras divisiones geopolíticas […] Sin la función de configurar el mundo que ellas cumplen, no habría fronteras o éstas no serían durables” (Balibar, 2005, 80-81). Como ejemplos de ello destacan los imperios coloniales europeos -que condicionaron el surgimiento y mantenimiento de los Estados-nación en Europa- y, en la época contemporánea, la división en bloques de la era de la Guerra Fría que fraguó una generalización y jerarquización de la forma nación y su identidad en el interior de cada bloque. En ambos casos, los extranjeros quedan diferenciados como “otros”. Pero no son todos igualmente extranjeros, el grado de mayor o menor “otredad” depende de su pertenencia o no a las colonias o al bloque respectivo, lo que determina a su vez un más fácil o difícil cruce de fronteras. Hoy esta sobredeterminación se puede observar cuando se facilita u obstaculiza el ingreso a un país de acuerdo al Estado emisor del pasaporte y la frontera que se pretenda cruzar. Esto llevó a conformar una diferenciación de los derechos de ciudadanía en el ámbito internacional: primero se encuentran los ciudadanos de los países altamente desarrollados, en segundo lugar los de los de países en transición y de reciente industrialización, seguidos de los países menos desarrollados, y al final los apátridas que no tienen la nacionalidad de ningún país (Castles, 2003). De esta manera, no se trata simplemente de una frontera como límite de un Estado frente a otro, sino de la conformación del mismo con relación a la configuración del mundo y el sistema de poder global.

Con la segunda característica, la polisemia, se destaca que el significado de la frontera no es el mismo para todos, depende de las condiciones socio-económicas de la persona que cruza; por ello, a pesar de ser oficialmente una misma frontera, ésta es muy distinta según la clase social a la que se pertenece. De esta manera, la frontera cumple dos funciones básicas: hacia dentro homogeniza a la población con la noción de ciudadano que postula la igualdad política, pero hacia fuera discrimina y selecciona a partir de diferencias consideradas relevantes, entre las que se encuentran no sólo la nacionalidad, cultura, etnia o género del migrante, sino también la gran diferencia entre las personas “que hacen circular los capitales” y aquellas “a quienes hace circular el capital” (Balibar, 2005, 83). Ya no se trata sólo de diferenciar entre el centro y la periferia o el Norte y el Sur, como pone en evidencia la característica de la sobredeterminación, sino de las condiciones materiales específicas que ubican a las personas en diversos grupos, en cuyos extremos se encuentra la persona de muy altos recursos de un país rico y la persona de muy bajos recursos de un país pobre; para el primero, la frontera llega a ser sólo una formalidad que se cruza sin problemas, en cambio para el segundo es un obstáculo muy difícil de superar. Las llamadas “visas doradas” se otorgan para facilitar el ingreso a los migrantes ricos, potenciales inversionistas, aunque también a las personas altamente calificadas y talentosas, a aquellas que pueden hacer un aporte al desarrollo del país de destino. 6

La polisemia de las fronteras ha llevado incluso a la creación de un nuevo concepto, aporofobia, en la medida en que se pone el énfasis en el ser pobre, no tanto en el ser extranjero, y por ello se distingue de la xenofobia. La xenofobia se caracteriza por el rechazo, miedo o aversión al extranjero, al que viene de fuera, al que no es de los nuestros, al forastero; en cambio, la aporofobia se define por el rechazo, aversión, temor y desprecio hacia el pobre, hacia el desamparado que, al menos en apariencia, no puede devolver nada bueno a cambio (Cortina, 2017). Al respecto, destaca que en el ámbito de la migración se ha creado un sistema de puntos que se aplica en la mayoría de los países avanzados;7 la finalidad del sistema es seleccionar a los migrantes en función de las necesidades nacionales de trabajadores y retener a estudiantes internacionales con altos resultados en las áreas de ciencia, tecnología e innovación (Mezzadra y Neilson, 2017). El objetivo principal del sistema de puntos es, por un lado, transparentar los criterios de admisión y mostrar al migrante que si no cumple con el puntaje mínimo carece de sentido solicitar el ingreso, y, por otro, presentar los incentivos necesarios para atraer a los migrantes altamente calificados, lo que ha desatado una auténtica competencia global por los talentos (OCDE, 2008). De esta manera, las nuevas orientaciones de las políticas de inmigración están privilegiando el ingreso de migrantes calificados y de quienes poseen activos, al tiempo que limitan o incluso cierran la frontera a quienes tienen baja calificación de acuerdo a la demanda de trabajo poco calificado en el país de destino.

La tercera y última característica de la frontera que quiero destacar remite a su heterogeneidad y ubicuidad: “bajo ningún concepto ciertas fronteras se hallan ya situadas en las fronteras, en el sentido geográfico-político-administrativo del término, sino que residen en otro sitio, donde quiera que se ejerzan controles selectivos” (Balibar, 2005, 84). Si bien durante los procesos de formación de los Estados-nación las fronteras se concentraron en determinados espacios territoriales para marcar sus límites, hoy las fronteras no se reducen a esos sitios. Las fronteras de un Estado no necesariamente se encuentran en los límites de su espacio territorial, sus fronteras también pueden estar tanto fuera de su territorio como al interior del mismo.

Por lo que se refiere al primer caso, los gobiernos de los países de destino están utilizando la ley y las instituciones jurídicas para reconfigurar las fronteras y ampliar el ejercicio de su autoridad. Ahora las fronteras son barreras cambiantes o móviles ubicadas lo más lejos posible, que permiten el control de la movilidad incluso desde el país de origen, aunque también en diversos puntos de revisión en el tránsito y en las estancias migratorias, ya no sólo en los puertos de entrada. De esta manera, el lugar que tenía la frontera estática, tradicional, ya no es el primer punto de inspección, sino uno más. Las fronteras móviles enfrentan a quienes migran a nuevas relaciones de poder, en donde destacan los espacios políticos de in/movilidad cuando no se cuenta con la documentación o el estatus legal adecuado (Shachar, 2020). El aumento de los consulados en los países de origen responde a la estrategia de las fronteras móviles, entre cuyas múltiples funciones, además de proteger a los nacionales así como los intereses de su país en el lugar en que se ubican, se encuentra también extender los visados o documentos adecuados a las personas que deseen viajar a dicho Estado, con todas las trabas o facilidades que los solicitantes ameritan de acuerdo a las características que se consideran relevantes. Con esta supervisión extraterritorial de las personas no sólo se ejerce aun más la selectividad y se logra un mayor control, también le permite al Estado eludir sus obligaciones legales puesto que el solicitante está fuera de su territorio, con frecuencia en su país de origen (Mau, 2020). Otro ejemplo de fronteras móviles, que están más allá de los límites geográficos de los Estados, es la realización de acuerdos migratorios con países vecinos para que se realice desde sus fronteras el control de la migración. Incluso existe la figura de “tercer país seguro”: la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, adoptada en 1951 por la Conferencia de Plenipotenciarios sobre el Estatuto de los Refugiados y de los Apátridas de la ONU estipula que un país no puede retornar a un solicitante de asilo a su país de origen, sólo puede negarse a recibirlo si le remite, y es aceptado, a un tercer país considerado “seguro”, es decir, cuyo sistema de asilo tenga los mismos estándares. Turquía, Italia, Grecia y México son algunas de las zonas más conocidas por los asentamientos de solicitantes de asilo y movimientos de migrantes.

En el interior del Estado-nación también han surgido fronteras y controles selectivos. Lejos del supuesto liberal de que todos los ciudadanos son personas libres e iguales, en los Estados-nación se ha desarrollado una diferenciación por orígenes, identidad étnica, clase y género, por mencionar algunas de las más relevantes. Para Castles (2003), se pueden distinguir algunas formas típicas de diferenciación y jerarquización de la ciudadanía dentro del propio Estado-nación: en el nivel más alto están los llamados ciudadanos plenos, en tanto personas que han nacido en el país, y los migrantes naturalizados (aunque hay que agregar que no siempre son considerados ciudadanos de primera);8 después se encuentran los residentes legales, es decir los inmigrantes que han obtenido algunos derechos de ciudadanía en virtud de una residencia duradera; le siguen los migrantes indocumentados, quienes ya residen en el país de destino y carecen de casi todos los derechos, excepto aquellos derivados de instrumentos internacionales de derechos humanos; un estatus especial corresponde a los solicitantes de asilo, que tienen derechos bajo regímenes internacionales cuidadosamente específicados.9 Esta diferenciación se ha agudizado con la globalización, el aumento de las migraciones internacionales y el transnacionalismo. De hecho, las políticas migratorias operan como poderosas fronteras interiores que reproducen la desigualdad y exclusión de los inmigrantes, bloqueándoles oportunidades de movilidad ascendente.

De esta manera, las fronteras, ya sea más allá del límite territorial del Estado o en el interior del mismo, se caracterizan por diferenciar a las personas. Para aquellas que son consideradas potencialmente peligrosas o problemáticas, la globalización está lejos de significar un aumento de oportunidades vinculadas a la movilidad, se presenta más bien como un cierre y contención (Mau, 2020).

 

2. Discriminación desde las fronteras

 

Como hemos visto, la migración es un fenómeno que ha acompañado el desarrollo de las sociedades y se caracteriza por ser diferenciada. La selección que se realiza en las fronteras toma en cuenta el país de origen, el estatus social, las capacidades, pero también el género, la edad, la familia o la religión del migrante; selección que se replica en las fronteras internas al grado de que podemos encontrar expresiones como las de migrante de segunda o tercera generación (aunque ya hayan nacido en el país de destino de sus padres o abuelos). La reflexión crítica sobre las fronteras y la discriminación asociada tiene especial relevancia porque implica un profundo cuestionamiento a los sistemas democráticos, cuyos fundamentos han sido la libertad y la igualdad.

El movimiento Amnistía Internacional distingue tres tipos de discriminación: la directa ocurre cuando se hace una distinción explícita entre grupos de personas que lleva a que los integrantes de uno o varios grupos tengan menos capacidad que otros de ejercer sus derechos; la discriminación indirecta se vincula a una ley, política o práctica que se presenta en términos neutrales al no hacer ninguna distinción explícita pero realmente perjudica desproporcionadamente a uno o varios grupos específicos; y por último, la discriminación interseccional remite a la combinación de diversas formas de discriminación que dejan a uno o varios grupos en una situación aún de mayor desventaja. Puede cuestionarse que esta última no es propiamente un tercer tipo sino más bien se refiere a un efecto de la combinación de diversas discriminaciones (Crenshaw, 1989), sin embargo, lo relevante es que crea una situación en la que aumenta la desventaja o vulnerabilidad para la persona que se encuentra en dicha intersección de discriminaciones. Sin duda, ser mujer, pero además inmigrante, pobre, indígena y mayor, crea una concurrencia de discriminaciones cuyos efectos es mucho más difícil remontar. En los últimos años también se ha difundido el término “discriminación estructural” (o sistémica), el cual remite a la discriminación indirecta y apunta a sus causas a fin de explicar las profundas injusticias que enfrentan determinadas poblaciones; estas injusticias no pueden imputarse propiamente a comportamientos individualizados sino más bien a estructuras de dominación y subordinación intergrupales, las cuales exigen que la igualdad en derechos no se limite a una igualdad meramente formal (Añón, 2013).

Pero la discriminación implica no sólo exclusión, sino también una “inclusión desigual”, ambos casos indican privaciones que pueden ser de distintos niveles y en diversos ámbitos políticos, económicos, sociales y culturales (Sen, 2007a). En este sentido, se problematiza la distinción tajante entre inclusión y exclusión, lo cual en el caso específico de los estudios sobre migración ha llevado a la construcción de otros términos. Entre éstos destaca el concepto “exclusión diferencial”, con el que se designa la incorporación de migrantes sólo en algunas áreas de la sociedad (como el mercado laboral) negándoles el acceso a otras (como es el sistema de salud o la participación política), por lo que estas poblaciones “se convierten en minorías étnicas que son parte de la sociedad civil (como trabajadores, consumidores o padres), pero excluidos de la participación plena en las relaciones económicas, sociales, culturales y políticas.” (Castles y Miller, 2004, 302); así como el concepto “inclusión diferencial” que, a diferencia del término anterior que se centra en la exclusión, pone el énfasis en que la inclusión en un determinado ámbito “puede estar sujeta a diferentes grados de subordinación, mando, discriminación y segmentación” (Mezzadra y Neilson, 2017, 188).

Si bien existen distintos tipos de migrantes, por su número y baja calidad de vida, destacan los que son pobres y aspiran a integrarse en la clase trabajadora en el lugar de destino. Las migraciones no pueden ser consideradas sólo como fruto de aisladas condiciones locales en los países de origen, sino que obedecen en gran medida a políticas migratorias y la atracción de los modos de vida de los países de destino de la migración. Con frecuencia a la condición de pobreza de los migrantes suele asociársele la carencia de los documentos que exige la autoridad migratoria para ingresar al país de destino. Por eso, aun entre los migrantes pobres hay también distinciones, al grado de que se llegó a conformar un nuevo término: “persona ilegal”, el cual criminaliza al migrante y recientemente ha sido sustituido por uno pretendidamente neutral de “persona irregular”,10 que es también cuestionable ya que las personas no son ilegales ni irregulares, todas tienen dignidad y derechos humanos que deben respetarse (Castles, 2010). Considerar a un migrante como indocumentado, no autorizado, clandestino, irregular o “fuera de la ley”, es una de las dos características que para Luigi Ferrajoli (2019) distinguen a las migraciones internacionales de hoy frente a las de siglos previos.11

Al colocar a quienes migran fuera de la ley se les está confinando en la clandestinidad y se penaliza la inmigración irregular, que está conformada precisamente por los migrantes más pobres y desfavorecidos. Las políticas migratorias que marcan a ciertas formas de movilidad como legales o deseables y a otras como ilegales e indeseadas, atentan contra los valores de la modernidad proclamados por Occidente; se trata de una grave discriminación que pone en cuestión “la identidad civil y democrática de nuestros países. En efecto, se ha creado una nueva, absurda figura social que contradice llamativamente esta identidad: la de la persona ilegal, fuera de la ley en cuanto persona, carente de derechos por ser jurídicamente invisible y, con ello, expuesta a cualquier tipo de vejamen y de explotación, destinada a constituir un nuevo proletariado, discriminado, no solo económica y socialmente como los viejos migrantes, sino también jurídicamente” (Ferrajoli, 2019, 185-186).

Al respecto se destacan en especial dos contradicciones: la primera surge entre las prácticas de exclusión hacia los migrantes -considerados no-personas- y los valores de igualdad y libertad que se han enarbolado en la construcción de los Estados-nación occidentales; la segunda surge entre la liberalización de la circulación de mercancías y capitales, y la negación de la libre circulación de las personas que caracterizó los orígenes de la modernidad. Ferrajoli nos recuerda que Francisco de Vitoria en 1539 concibió el derecho de migrar como un derecho natural universal; aunque en el nivel teórico era una tesis que se inscribía en una concepción cosmopolita de las relaciones fraternales entre los pueblos, en la práctica estaba dirigida a legitimar la conquista del llamado Nuevo Mundo, función que cumplió por cuatro siglos al legitimar la colonización y la explotación de las colonias. Pero ahora que el flujo migratorio ha cambiado de dirección -desde las excolonias y la periferia hacia el centro-, se lleva a cabo una transformación del derecho y ese derecho a migrar “se lo reprime con la misma feroz dureza con la que se lo blandió en los orígenes de la civilidad moderna con fines de conquista y colonización” (Ferrajoli, 2019, 190). Alejada de los valores de la igualdad y la libertad que supuestamente han caracterizado a la modernidad, la actual política migratoria termina reforzando la xenofobia y la supremacía blanca frente al temor de las “invasiones” de migrantes que contaminan la identidad cultural de los países de destino y pueden acabar por convertir a los blancos en minoría.12

Los crecientes flujos de migración y los diversos papeles que desempeñan las fronteras remiten a problemas no resueltos que exigen y requieren atención.13 Al respecto, Ferrajoli ha subrayado que el actual incremento de las migraciones, no sólo las que son por necesidad sino también las llamadas no-forzadas, necesariamente acabarán rediseñando a largo plazo los espacios de la política y del derecho, separándolos del ámbito nacional y ampliándolos al transnacional, poniendo a la orden del día la cuestión de la constitucionalización de la globalización y la necesaria refundación de la política, el derecho y la democracia, sobre la base de los derechos humanos iguales para todos, entre los que se encuentra sin duda la libre circulación por el planeta. Ante posibles objeciones, que podrían considerarlo una quimera, el autor subraya que es más bien inverosímil que puedan seguir creciendo ilimitadamente las desigualdades y la pobreza en el mundo sobre las que descansan los niveles de vida de las democracias avanzadas. “Aunque irrealista en el corto plazo, el proyecto de un constitucionalismo internacional basado en la igualdad de todos los seres humanos […] representa, a largo plazo, la única alternativa realista al futuro de guerras, destrucciones ecológicas, fundamentalismos, racismos, conflictos interétnicos, atentados terroristas, y crecimiento del hambre y la miseria a que daría lugar su fracaso” (Ferrajoli, 2019, 204). Frente a las consecuencias de los poderes “salvajes” desatados por la globalización, es desde el ámbito de la política donde todavía se puede apostar a futuro por una convivencia pacífica y justa en la que la ley del más fuerte sea finalmente sustituida por la ley del más débil (Ferrajoli, 2007). Se requiere una nueva política con nuevos actores que vaya más allá de los Estados-nación y sus ciudadanos e incluya a los migrantes, quienes jugarán un papel relevante en tanto “sujeto constituyente del nuevo orden mundial” (Ferrajoli, 2019, 205), en la medida en que la mayoría sufre en las múltiples dimensiones que actualmente tienen las fronteras. No sólo están ligados a las grandes desigualdades materiales en el mundo y que impulsan la migración, sino también a la diversidad de identidades (Varela-Manograsso, 2022), la desigualdad en los derechos y las diferencias de estatus que dividen a la humanidad.

 

3. Fronteras en la globalización

 

Como hemos visto, las fronteras se han convertido en uno de grandes temas del siglo XXI. Tras el fin de la época dorada del capitalismo del welfare state emergió un nuevo liberalismo globalista con la promesa de restablecer el crecimiento económico y mejorar la calidad de vida de la población implantando una economía abierta de Estado mínimo. En la mayoría de las naciones de Occidente fue sustituido el proteccionismo por el libre comercio y la movilidad del capital financiero, al tiempo que la economía mixta fue desmantelada, y con ello también las regulaciones gubernamentales y el gasto social del Estado. La crisis financiera que estalló en 2007-2008, cuyo epicentro fueron los países avanzados, desvaneció aquellas promesas y sus costos significaron un severo retroceso en el nivel de vida de la población, con impactos profundos en población migrante. Ante la contracción económica y el aumento del desempleo, se cerraron fronteras a la movilidad con una política migratoria estricta y se impulsó el retorno a los países de origen.

La crisis de la globalización y el cambio en la estructura social que se generó con el empobrecimiento, la flexibilización y precarización de los mercados de trabajo, animaron la reflexión crítica acerca de la propuesta liberal globalista y con ello las bondades de las fronteras abiertas para el comercio y el sector financiero. Hoy esa propuesta es cuestionada al ser evidente que las enormes ventajas que la globalización trajo consigo no lo fue para amplios sectores de la población. Para los “perdedores” implicó desigualdad y exclusión tanto en los países centrales como en la periferia (Di Castro, 2018).

En el inicio del presente siglo, Amartya Sen reconoció a la globalización como uno de los temas clave y se interrogó cómo juzgarla. La pregunta está vinculada a la forma en la que se pueden compartir las ganancias de la globalización, ya que lo que ha generado hasta ahora ha sido una mayor desigualdad en todos los ámbitos, tanto a nivel internacional entre países como en el interior de cada uno de ellos. El curso posterior a la crisis de 2008 confirmó a la desigualdad como el principal desafío.14 Hoy en día, los estragos de la pandemia de Covid-19, aunados a los múltiples efectos del cambio climático, han planteado la necesidad de reconocer como prioridad el debate sobre la globalización, así como la responsabilidad social de los Estados, como anticipaba, hace ya dos décadas, Zygmunt Bauman (2002).

Mucho antes de la caída del Muro de Berlín, Immanuel Wallerstein había introducido la idea de un sistema mundial y la economía-mundo capitalista: la modernidad entendida a partir de la expansión de las relaciones económicas capitalistas conforma una red global cuya distribución de recursos se caracteriza por transitar de la periferia y semiperiferia hacia el centro. Si bien el vínculo básico entre las partes del sistema es económico, Wallerstein contempla una perspectiva más amplia al considerar al sistema mundial como un sistema social cuya vida es el resultado de tensiones y conflictos entre grupos de interés. De acuerdo con él, “la marca del mundo moderno es la imaginación de sus beneficiarios y su refutación por los oprimidos. La explotación y la negativa a aceptar la explotación como inevitable o justa constituyen la perenne antinomia de la era moderna, unidas en una dialéctica que está lejos de alcanzar su culminación en el siglo XX” (Wallerstein, 1974, 502). Para este autor, la globalización no es un proceso inédito e ineludible, tampoco es una nueva época de la economía-mundo capitalista; los cambios de la última década del siglo pasado corresponden más bien a una era de transición que, en el corto plazo se origina desde 1945 y en una temporalidad de larga duración se remonta a 1450. A la luz de la primera temporalidad, cabía esperar una nueva fase de auge en las primeras décadas del siglo XXI; aunque desde la segunda dimensión temporal, se esperaba el despliegue de una tendencia que, hacia el año 2050, llevaría a una crisis y a una incierta situación de bifurcación histórica (Wallerstein, 2002). ¿Se han adelantado los tiempos previstos por Wallerstein?

Otros autores también señalaron la eventual crisis del sistema capitalista global, como Ulrich Beck, quien planteó las paradojas y conflictos de la globalización. Frente a los que, con la caída del Muro de Berlín, declararon prematuramente el fin de política e incluso el fin de la historia (Fukuyama, 1992), y el inevitable debilitamiento del Estado-nación en aras del todopoderoso mercado mundial (Held, et. al., 2001), Beck insistió en la necesidad de “abrir el horizonte a respuestas políticas” (Beck, 1998, 11). Los Estados han jugado siempre un papel relevante en la conformación del sistema capitalista (Anderson, 1979), papel que la globalización no debilitó. Ahora, en la era post 2008, tampoco se ha reforzado, más bien cambia su forma, se refuncionaliza de acuerdo a las necesidades del mercado, aunque tampoco se limita a ello (Zamora, 2022). Incluso entre los economistas hoy se pone en cuestión la narrativa hegemónica de hace algunas décadas que insistía en que los mercados son eficientes y que la intervención del Estado es ineficaz y dañina (Rodrik, 2011). Si bien desde el siglo pasado en los países llamados “en desarrollo” surgieron voces críticas que destacaban que las reglas impuestas por la globalización iban en contra de sus intereses, ahora que se están viviendo las consecuencias negativas de esas reglas también en los países “avanzados”, empiezan a surgir críticas que se suman a las voces que desde siempre se han preocupado por la pobreza y la desigualdad, como es el caso de Sen.

Entre los economistas destaca el planteamiento de Dani Rodrik para quien el problema actual de la globalización es el desequilibrio entre el alcance nacional de los gobiernos y la naturaleza global de los mercados: gobiernos con demasiado poder llevan al proteccionismo y la autarquía, mercados demasiado libres llevan a una economía mundial inestable y con poco apoyo social y político. Para hacer frente a este nuevo momento de la globalización propone dos ideas: el vínculo entre mercados y gobernanza, que lejos de contraponerse son complementarios (los mercados funcionan mejor con Estados fuertes); y el capitalismo no se da en un único modelo (puede haber diversas combinaciones institucionales para organizarlo de acuerdo a las necesidad y valores de cada Estado). A partir de estas dos ideas, se plantea que la economía mundial se enfrenta a un trilema político fundamental entre democracia, autodeterminación nacional y globalización económica: “Si queremos impulsar más la globalización, tenemos que renunciar en parte a la nación Estado o a la política democrática. Si queremos conservar y profundizar la democracia, tenemos que elegir entre nación Estado e integración económica internacional. Y si queremos mantener la nación Estado y la autodeterminación, tenemos que elegir entre profundizar la democracia o profundizar la globalización” (Rodrik, 2011, 20).

Más allá de las críticas que se puedan hacer a este planteamiento, aquí nos interesa destacar que para el autor queda zanjada de entrada una de las opciones de su trilema: optar por la democracia y la globalización requiere de la existencia de una comunidad política global que estamos lejos de conformar. La gobernanza global democrática se presenta incluso como una quimera porque difícilmente las necesidades y preferencias de las diversas naciones se podrán acomodar a normas e instituciones comunes. De esta manera, la globalización y la democracia se presentan como incompatibles; la gobernanza posible dada la diversidad del mundo, sólo podrá ser en una versión limitada de la globalización económica.

Por ello, Rodrik opta por la combinación de democracia con autodeterminación nacional, es decir, reforzar las democracias nacionales cuyos derechos no pueden ser interferidos por la economía global, lo que sin duda conduce a repensar y reforzar las fronteras. Ello no implicaría el fin de la globalización sino más bien de la hiperglobalización que hemos vivido en las últimas décadas: “reforzar las democracias nacionales pondrá a la economía mundial sobre una base más sana y más segura. Y ahí se encuentra la paradoja última de la globalización. Una delgada capa de reglas internacionales que deje un amplio espacio de maniobra a los gobiernos nacionales es una globalización mejor. Permite hacer frente a los males de la globalización mientras conserva sus enormes bondades económicas” (Rodrik, 2011, 21).

¿Ese es el panorama al que efectivamente nos enfrentamos? ¿Esta es nuestra opción más razonable? Desde el punto de vista de la filosofía política podemos afirmar que no; de hecho, la defensa y la pertinencia de la democracia a nivel estatal no se basa sólo en una supuesta homegeneidad. ¿Las diferencias nacionales son la causa de que el planteamiento de una gobernanza global sea una quimera? No podemos limitar el ámbito de la política al Estado y sus ciudadanos, contenidos dentro de sus fronteras, es necesario insistir que un mundo globalizado que se caracteriza por la interdependencia y un gran potencial productivo, debe servir a los intereses y prioridades de todas las personas de todos los países. Se ha llegado a señalar una encrucijada decisiva: “Nos aproximamos (si no hemos llegado ya) a una bifurcación en el camino hacia nuestros futuros posibles, uno de cuyos ramales nos lleva hacia el bienestar cooperativo, mientras que el otro apunta hacia la extinción colectiva” (Bauman, 2016, 67). Sin duda, la apuesta por la política opta por la primera opción.

La globalización ha dado paso al surgimiento de diversos actores políticos trasnacionales, uno de ellos son precisamente los migrantes que enfrentan una resignificación de las fronteras, su movilidad y temporalidad. Incluso, cabría señalar que si se les conceptualiza como un grupo estructural emergente, los migrantes, aunque carezcan de una conciencia cosmopolita, se les puede definir como actores de los procesos de un cosmopolitismo realmente existente (Uhde, 2020). Es con ellos, y otros actores cuyas vidas “desperdicia” la modernidad (Bauman, 2005), que se vislumbra la posibilidad y la necesidad de una nueva política más allá y más acá de las fronteras de los Estados, a diversos niveles y escalas, global, regional, estatal y local, que apuesten por un mundo menos violento e injusto para todos, independientemente de dónde hayamos nacido y dónde nos encontremos, cual sea nuestra condición social y étnica, género, credo y capacidades.

 

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Notas