Bioderecho.es, Núm. 16, julio-diciembre 2022
https://doi.org/10.6018/bioderecho.551891 ISSN: 2386-6594
La protección de la biodiversidad en relación con el
bioderecho. La dimensión jurídico-ética de la vida silvestre,
con especial referencia al canis lupus signatus ∗
The protection of biodiversity in relation to biolaw. The legal-ethical dimension of
wildlife, with special reference to canis lupus signatus
ANDRÉS EUGENIO LÓPEZ BERRAL 1
RESUMEN: Este artículo aborda la evolución jurídico-ética de la biodiversidad hasta la actualidad, y como se
manifiesta la relación entre el derecho ambiental, y el bioderecho. Así mismo, se estudian las diferentes
manifestaciones por parte del derecho ambiental y cómo la protección de la biodiversidad es un deber que involucra a
las diferentes generaciones de la humanidad y cómo es especialmente importante la protección de los grandes
carnívoros para los diferentes ecosistemas para mantener el ecosistema para las generaciones futuras. En este sentido,
se analizan algunos casos relevantes para el ámbito jurídico relacionados con el canis lupus signatus por ser la última
especie que ha sufrido un cambio jurídico en su estatus de protección.
Palabras clave: canis lupus signatus, ética, bioderecho, grandes carnívoros, derecho ambiental, biodiversidad,
conservación, derecho.
ABSTRACT: This paper contains the legal and ethical evolution of biodiversity up to the present day, and how the
relationship between environmental law and biolaw is manifested. In the same way, the different demonstrations of
environmental law are studied and how the protection of biodiversity is a duty that involves the different generations
of humans and how the protection of large carnivores is especially important for the different ecosystems in order to
maintain the ecosystem for future generations. In this case, I analyse some relevant legal cases related to the canis
lupus signatus as the latest species to suffer a legal change in its protection status.
Keywords: canis lupus signatus, ethics, biolaw, large carnivores, environmental law, biodiversity, conservation, law.
SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN. II. EVOLUCIÓN JURÍDICO-ÉTICA EN LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LA
BIODIVERSIDAD. ESPECIAL REFERENCIA A LOS GRANDES CARNÍVOROS 1. La protección del medio ambiente perspectiva
antropocéntrica. 2. La protección del medio ambiente desde una perspectiva biocéntrica. 3. La protección del medio
ambiente desde una perspectiva ecocéntrica. 4. La ética aplicada a la biodiversidad. III. LA PROTECCIÓN DE LA
BIODIVERSIDAD DESDE LOS PRINCIPIOS DEL DERECHO AL MEDIO AMBIENTE, SU APLICACIÓN ÉTICA Y SU RELEVANCIA. UN
DERECHO DE LAS GENERACIONES FUTURAS. 1. La aplicación del principio de prevención. 2. La aplicación del principio
de precaución. 3. El derecho de las generaciones futuras a disfrutar de la biodiversidad. IV. EXPOSICIÓN SUCINTA DE
ALGUNOS CASOS JURÍDICOS NO RESUELTOS EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL EN RELACIÓN CON EL CANIS LUPUS
SIGNATUS. 1. La justificación para el ejercicio de la caza de especies. Un ejercicio de importantes perjuicios para la
∗ Fecha de recepción: 20/12/2022 – Fecha de aceptación: 24/03/2023. Cita recomendada: LÓPEZ
BERRAL, A, E. (2022). La protección de la biodiversidad en relación con el bioderecho. La dimensión
jurídico-ética de la vida silvestre, con especial referencia al canis lupus signatus. Bioderecho.es, (16), 1-
20. https://doi.org/10.6018/bioderecho.551891
1 Doctorado por la Universidad Rovira y Virgili. Correo: andreseulopez@gmail.com
2
Bioderecho.es, Núm. 16, julio-diciembre 2022
biodiversidad. 2. La caza del canis lupus signatus en Castilla y León, una actividad ilegal e inconstitucional. Cambio
de paradigma en el modelo de gestión ambiental autonómico. 3. La actual regulación jurídica en Aragón. Una tarea
pendiente. V. CONCLUSIONES. VI. BIBLIOGRAFÍA.
I. INTRODUCCIÓN.
El análisis realizado en el presente artículo tiene como principal objetivo evaluar el
estado actual desde el que el derecho aborda la regulación jurídica de la biodiversidad.
Especialmente en lo que afecta a los grandes carnívoros analizando su influencia desde la esfera
del derecho ambiental y el bio derecho.
En este mismo sentido, pretende evaluar el cumplimiento y reticencias jurídicas de
aplicación de la legislación de protección especialmente en lo que afecta al canis lupus signatus
(lobo ibérico) y cómo la incorrecta protección de los grandes carnívoros afecta a los
ecosistemas, los derechos humanos, y a los derechos de otras especies y generaciones humanas
desde una visión bioética.
Así mismo, se analizan los factores antropocéntricos que influyen en la protección de la
biodiversidad y como el especismo hace que existan diferentes grados de protección en las
especies realizando una valoración de la actual ampliación de la dimensión ética que se
desarrolla sobre la biodiversidad y el medio ambiente en general y como empieza el derecho a
evolucionar hacia un nuevo paradigma de justicia ecológica.
La importancia de este artículo radica en la importancia que tiene la biodiversidad
dentro del medio ambiente puesto que son uno de los aspectos más significativos de los
problemas a nivel ecosistemas, ya que incluyen y se ven condicionados por las diferentes
interacciones biológicas, funcionales y equilibrio de los ecosistemas. La función ecológica de
las especies es básico puesto que interactúa con los ecosistemas y proporciona servicios
ecosistemas idóneos para el correcto funcionamiento del ecosistema, pese a todo ya IPBES en
2019 manifestó la importante preocupación que supone la degradación de la biodiversidad en
nuestro planeta, puesto que las actividades antrópicas de la humanidad apoyadas en el derecho
habían acelerado las tasas de extinción en mil veces, y es la actividad humana la fuerza
impulsora de extinción masiva actualmente.1 2 3
1 EL CONFIDENCIAL (2022) “El planeta ha perdido casi el 70% de los vertebrados en apenas 30
años” [Artículo en línea]. [Fecha de consulta: 05 de noviembre de 2022].https://www-elconfidencial-
com.cdn.ampproject.org/c/s/www.elconfidencial.com/amp/medioambiente/naturaleza/2022-10-
13/informe-planeta-vivo-wwf-2022_3504598/
2 EL MUNDO (2022) “El planeta ha perdido el 69% de las poblaciones de vertebrados desde 1970”
[Artículo en línea]. [Fecha de consulta: 05 de noviembre de 2022]. https://www.elmundo.es/ciencia-y-
salud/medio-ambiente/2022/10/13/6347ca29fdddff85608b45ab.html
3 IPBES (2019) “El informe de la evaluación mundial sobre la diversidad biológica y los servicios de los
ecosistemas” [Artículo en línea]. [Fecha de consulta: 05 de noviembre de 2022].
https://ipbes.net/sites/default/files/2020-
02/ipbes_global_assessment_report_summary_for_policymakers_es.pdf
3
Andrés Eugenio López Berral
II. EVOLUCIÓN JURÍDICO-ÉTICA EN LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
Y LA BIODIVERSIDAD. ESPECIAL REFERENCIA A LOS GRANDES
CARNÍVOROS.
En orden a enmarcar el discurso que pretendemos sostener, debe indicarse que la
protección de los grandes carnívoros en España ha evolucionado a diferente velocidad desde
una perspectiva antropocéntrica hasta una perspectiva biocéntrica aunque a diferentes
velocidades según el tipo de gran carnívoro ibérico del que tratemos siendo estos el lince
ibérico, osos pardo, o lobo ibérico.
En este sentido, debemos empezar por enmarcar que el medio ambiente según el propio
Tribunal Constitucional está compuesto por: “un conjunto de elementos geológicos, climáticos,
químicos, biológicos que rodean a los seres vivos y actúan sobre ellos, condicionando su
existencia, su identidad, su desarrollo, su extinción, su desaparición y su consunción”4 y dentro
de este concepto antropocéntrico de medio ambiente encontraremos la biodiversidad.
En este sentido, y como analizaremos seguidamente, el derecho ambiental y las normas
jurídicas son el mecanismo legal porque el cual se dota de protección a la biodiversidad y
restantes elementos integrantes del medio ambiente.
En la esfera del derecho español, la primera manifestación sobre el derecho al medio
ambiente lo encontramos en la Constitución Española, en su artículo 45 que en su primer
apartado establece “todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el
desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo”.
En este mismo sentido, algo que no debe pasar inadvertido es que dentro del
ordenamiento jurídico este derecho a un medio ambiente se consagra como un principio rector
de la política social y económica (Título I, Capitulo III) y no como un derecho fundamental
como podría parecer prima facie puesto que sin un medio ambiente adecuado no pueden
desarrollarse el resto de derecho reconocidos por el ordenamiento jurídico.
Así pues, desde esta perspectiva constitucional, analizaremos el grado de protección de
los grandes carnívoros desde una evolución ético-jurídica para determinar en el momento que
nos encontramos y hacia donde deberíamos dirigirnos para mejorar la regulación jurídica de la
biodiversidad.
1. La protección del medio ambiente perspectiva antropocéntrica
La regulación inicial de la biodiversidad hasta la incorporación de España en la Unión
Europea (anteriormente conocida como Comunidades Europeas) fue un periplo legislativo que
basa el derecho de la biodiversidad y del medio ambiente desde una perspectiva antropocéntrica
donde el ser humano era el única razón del desarrollo del resto de derechos, siendo por tanto el
centro del sistema legal, por lo que la biodiversidad era concebida como simples objetos o
recursos susceptibles de ser explotados por el ser humano ergo sometido a su bienestar.
En el ámbito de los grandes carnívoros, una buena prueba del antropocentrismo, es que
estas especies se protegieron a través de la Ley de Caza de 1970 mediante el establecimiento de
vedas de especies consideradas cinegéticas (osos y linces para el caso de que nos ocupa) pero no
con el fin de proteger la biodiversidad sino de poder garantizar la explotación cinegética a largo
plazo de estos recursos.
4 STC 102/1995.
4
Bioderecho.es, Núm. 16, julio-diciembre 2022
Esta regulación ha facultado que posteriormente apareciera la primera regulación de
protección de especies no cinegéticas como fue el Real Decreto 2573/1973 de 5 de octubre, por
el que las especies anteriormente mencionadas quedaron protegidas5. Aun así, debe indicarse
que la aplicación práctica de protección de estas especies fue muy laxa, y respecto del lobo
ibérico aun tendríamos que esperar mucho más para una protección ajustada a los estándares
mínimos exigidos por las Directivas Europeas.
Así pues, podemos observar que antes de la llegada de la democracia en España no
existía estrictamente una ley para la protección de la biodiversidad, sino que su protección se
realizaba mediante normativas de corte económico-recreativo y por lo tanto no garantizando su
protección para el disfrute de todos los ciudadanos sino solo para los intereses de unas élites.
2. La protección del medio ambiente desde una perspectiva biocéntrica
La protección de la biodiversidad y de los grandes carnívoros mejora sustancialmente
con la llegada de la democracia en España, puesto que con la aprobación de la Constitución
(1978)6 y la incorporación del país a la Unión Europea (1986)7, la regulación evoluciona de una
perspectiva antropocéntrica a la perspectiva biocéntrica como vamos a exponer seguidamente.
En esta segunda etapa de evolución de la ética aplicada al derecho se establece una
nueva relación entre la biodiversidad y el ser humano puesto que se establece una concepción de
tres pilares basada en la justicia ambiental, la justicia climática, y la justicia ecológica como
mecanismo para la protección del medio ambiente con carácter general.
Ahora bien, esta postura biocéntrica no desplaza por completo el antropocentrismo
jurídico puesto que establece una relación para la protección del medio ambiente que lo
condiciona a que el ser humano pueda ser en el presente o en futuro afectado algunos de sus
derechos.
En este mismo sentido, tenemos al TEDH que manifestó de forma clara que los
problemas ambientales afectan al ser humano y sus derechos y por este motivo deben ser
protegido el derecho ambiental para garantizar los derechos fundamentales como el derecho a la
vida, alimentación, salud, agua, vivienda, territorio, cultura o espiritualidad. En definitiva, para
que el ser humano pueda desarrollarse con plenitud. Ahora bien, sorprende poderosamente la
atención que se reconozca que estos derechos no pueden ser desarrollados y que por lo tanto
afectan a los derechos humanos sin ser como tal el derecho al medio ambiente un nuestro
ordenamiento un derecho fundamental cuando es la base sobre la que se desarrollan el resto de
derechos humanos.8 9 10
5 Véase la regulación actual en el Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado
de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies
Amenazadas.[Artículo en línea]. [Fecha de consulta: 05 de noviembre de 2022].
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-3582
6 Artículo 45 CE: 1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el
desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo. 2. Los poderes públicos velarán por la
utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida
y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva. 3. Para
quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije se establecerán
sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado.
7 En especial la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de
los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.
8 Comisión de Derecho Humanos de las Naciones Unidas adopto la resolución 2005/60 sobre los derechos
humanos y el medio ambiente como parte del desarrollo sostenible
5
Andrés Eugenio López Berral
En la actualidad, el derecho ambiental se encuentra en una postura donde todavía el ser
humano influye constantemente sobre el medio ambiente y la protección y bienestar de las
especies se contempla como una responsabilidad de protección (mediante el ejercicio de
medidas de compensación) o justicia compensatoria. Así se manifiesta en nuestra legislación
mediante los mecanismos de prevención, y en supuesto de no ser suficientes, mediante los
mecanismos del derecho sancionador que posteriormente establece responsabilidades.
Ahora bien, todavía el derecho tiene importantes manifestaciones jurídicas donde se
pone de manifiesto que no estamos en una etapa ecocéntrica sino biocéntrica, puesto que la
mayoría de condenas sobre medio ambiente se producen cuando existe una lesión que puede
poner en riesgos derecho que afecten a las personas sin valorar adecuadamente el grado de valor
intrínseco que tiene la naturaleza y los componentes que forman el medio ambiente.
En lo que respecto a los linces y osos que viven en España11 desde su regulación actual
han sufrido importantes modificaciones y actualmente se encuentra regulados no a través de una
ley de caza (como en su inicio), sino dentro de una regulación de corte biocéntrico como es el
Real Decreto 139/201112, de 4 de febrero dentro del Catálogo Español de Especies Amenazadas,
concretamente en el Anexo con la categoría de especie en peligro de extinción.
No obstante, y pese a todo, debe señalarse que en la actualidad nuestro ordenamiento
jurídico se encuentra en un momento de evolución del biocentrismo hacia una nueva perspectiva
ecocéntrica y encontramos importantes manifestaciones en el ámbito del derecho ambiental que
deben por su importancia reseñarse como son:
• La Orden TED/980/2021, de 20 de septiembre, por la que se modifica el Anexo del
Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies
Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies
Amenazadas. En este caso. por primera vez en la historia de España se cambia el
paradigma de gestión y protección de lobo ibérico (canis lupus signatus)
homogenizando su régimen jurídico de protección a nivel nacional y estableciendo
que es una especie protegida (en régimen de protección especial), lo que implica
que salvando las distancias (pues debería ser catalogada como especie en peligro de
extinción) con el resto de especies apicales, ya no podrá estar sometida a
actividades lesivas como la actividad cinegética/caza como debería haber sido desde
un primer momento.13 14
9 Resolución 10/4 de 25 de marzo de 2009 sobre derechos humanos y cambio climático.
10 Esta información puede ampliar en: GARCÍA URETA, Agustín. (2010) Derecho europeo de la
biodiversidad aves silvestres, hábitats y especies de flora y fauna, Ed. Iustel. ISBN: 9788498900965..
Páginas 39 a 65.
11 Pude ampliar la información sobre estas especies en: CALZADA Javier, MORA RUIZ Manuela,
GILES CARNERO Rosa y MÁRQUEZ RUIZ Clara (2010). “Lince ibérico: aspectos jurídicos para la
conservación de la especie”, Ed SECEM (Málaga) [Artículo en línea]. [Fecha de consulta: 05 de
noviembre de 2022]. file:///C:/Users/nin_n/Downloads/Dialnet-LinceIberico-466792%20(1).pdf
12 Vid, supra. Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies
Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas.
13 Véase para ampliar dicha información mi tesis doctoral, publicada titulada “Análisis del régimen
jurídico del canis lupus signatus en la Península Ibérica” [Artículo en línea]. [Fecha de consulta: 05 de
noviembre de 2022]. https://www.tdx.cat/handle/10803/674257?show=full
14 GONZALEZ SAN SEGUNDO, Diego. (2022). El conflicto sobre un símbolo de la naturaleza. El
futuro del lobo ibérico, Ed. Reus, (Tarragona). ISBN: 978-84-290-2623-8. Páginas 23 a 93.
6
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• La Ley 19/2022, de 30 de septiembre, para el reconocimiento de personalidad
jurídica a la laguna del Mar Menor y su cuenca donde por primera vez también en la
historia de España se reconoce que el Mar Menor y toda su cuenca son sujetos de
derechos (personalidad jurídica) dejando por lo tanto de ser únicamente objetos de
protección15.
Ambos casos suponen una evolución y cambio de paradigma para el derecho, y muy
especialmente para el derecho ambiental por las consecuencias jurídico-prácticas que tiene,
puesto que desplazan el especismo y las teorías clásicas del derecho de concebir al medio
ambiente como un mero instrumento del que ser humano puede servirse para pasar a ser un
auténtico sujeto de derecho que merece especial protección.
3. La protección del medio ambiente desde una perspectiva ecocéntrica
La protección del medio ambiente y de la biodiversidad pese algunos avances
analizados con anterioridad aún no se encuentra en una formulación ecocéntrica dado que
todavía, salvo excepciones, el medio ambiente no es concebida como un auténtico sujeto de
derecho y por lo tanto los ecosistemas aún no son objetos de derechos aunque el derecho
empieza abrirse camino en esta dirección.
4. La ética aplicada a la biodiversidad
La evolución jurídica del derecho aplicable sobre la biodiversidad entendida como
animales silvestres y domésticos no es más que una prueba del reflejo de la evolución ética y
moral del ser humano sobre otros seres no humanos y el abandono progresivo del especismo en
la sociedad y el derecho para establecer una regulación jurídica más justa.
La ciencia que evoluciona rápidamente pone de manifiesto que hecho de que los
animales entendidos como biodiversidad por el hecho de que en un ordenamiento jurídico no se
le atribuyan derecho no se traduce dicha manifestación en que realmente estos animales no
tengan derechos, y es por ello que cada sociedad/estado puede realizar valoraciones distintas del
grado de protección de cada una de las especies en algunos casos.
Ahora bien, es indiscutible el valor intrínseco que tiene cada una de las especies de un
ecosistema. Es por ello que este es el punto de partida ético- jurídico para establecer cualquier
regulación que afecte a la biodiversidad.
Así mismo, dentro de nuestra regulación jurídica encontramos ciertas especies que
forman parte de la biodiversidad y tienen diferentes consideraciones dependiendo de la óptica
de la sociedad/ser humano estableciéndose diferentes concepciones como son el animal
doméstico, animales asilvestrados (fauna urbana o biodiversidad no considerada como amenaza)
y la biodiversidad (considerada como amenaza carnívoros o especies de afectación a los
recursos por los que compite el ser humano) que aumentan su grado de protección y concepción
de necesidad de protección en función del grado de cercanía y sometimiento al ser humano, y en
función de dicha óptica, se les asigna en las diferentes regulaciones el valor intrínseco16.
15 EL PAIS (2020) “¿Puede el Mar Menor tener derechos propios como las personas?” [Artículo en
línea]. [Fecha de consulta: 05 de noviembre de 2022]. https://elpais.com/sociedad/2020-06-03/puede-el-
mar-menor-tener-derechos-propios-como-las-personas.html
16 PERIAGO MORANT (2021) De animales y normas: protección animal y derecho sancionador, Ed.
Tirant lo Blanch. (Valencia). ISBN 9788413789675. Páginas 10 a 20.
7
Andrés Eugenio López Berral
Ahora bien, no solo puede tenerse como criterios de valoración del valor de una especie
la óptica moral es por ello que la normativa actual establece un sistema de integración y
participación multidisciplinar de la ciencia para establecer el grado de protección que merece
una especie (aunque ello genera importantes tensiones sociales). De ahí la importancia de
abordar el tema de la protección de la biodiversidad desde un punto de vista multidisciplinar del
saber.
La valoración de la biodiversidad en general dentro del derecho se basa en tres
ámbitos17:
1. La valoración ético-moral: Que valoran las características asociadas a cada especie,
sentencia, conciencia, racionalidad, etc.
2. El valor instrumental: Que tiene en cuenta el valor de esta especie para el ser
humano.
3. El valor ecológico: La importancia e impacto de esa especie sobre el medio natural
y el conjunto de la biodiversidad.
La ética moral lógicamente repercute en la regulación jurídica de las especies y tiene
una importancia capital puesto que tiene importantes repercusiones (en el régimen jurídico,
grado de protección y trato dispensado) que no solo afectará a la biodiversidad, sino también a
los ecosistemas y cadenas tróficas donde se encuentren estas especies como veremos
detalladamente18.
Así pues, en el ámbito jurídico encontramos que en base a estos tres ámbitos de
actuación las especies animales pretenden valorarse respectos a las tres valoraciones.
En primer lugar, la valoración ético- moral suponía que los seres humanos en el ámbito
jurídico podían distanciarse de ciertos colectivos históricamente por diferentes motivos por
considerarlos menos que el ser humano. En el caso de los animales, históricamente por las
capacidades cognitivas y sensoriales, sin embargo desde la Declaración Universal de Derechos
de los animales aprobada en la UNESCO en 1979 donde se establece que: “todos los seres vivos
poseen derechos naturales, la coexistencia de especie implica un reconocimiento por parte de
la especie humana del derecho a la vida de otras especies” cada vez es más irrelevante
determinar a una especie en función de sus facultadas cognitivas y sensoriales porque esto
supone una discriminación especista de otras especie por el simple hecho de no ser humanas, y
supone importantes limitaciones para sostener que otros individuos humanos con capacidades
cognitivas reducidas puedan ser sujetos de derechos lo que es inaceptable19.
En segundo lugar, realizando una valoración instrumental estableciendo a las diferentes
especies como instrumentos sujetos a valoración y a la asignación de derecho en función del
valor que tengan para el ser humano, esto ha supuesto la ficticia división de la fauna en dos
corrientes jurídicas que asignan diferentes derechos.
17 AGUILAR, Bernardo, LECAROS, Juan Alberto, y VALDÉS, Erik (2019). Ética animal: fundamentos
empíricos, teóricos y dimensión práctica. Ed. Universidad Pontificia Comillas, (Madrid). ISBN:
9788484687726. Páginas 111 a 268.
18 GARCÍA HERNÁNDEZ, Joaquina. (2017) “El animal de compañía como objeto jurídico especial: Su
estudio específico en la comunidad de bienes”, en Revista CESCO de Derecho de Consumo, ISSN-e
2254-2582, Nº. 21, páginas 50 a 89.
19 CERDEIRA BRAVO, Guillermo (2021) “Entre personas y cosas: ¿Un nuevo derecho para los
animales?”, en Diario La Ley, ISSN 1989-6913, Nº 9853.
8
Bioderecho.es, Núm. 16, julio-diciembre 2022
Por un lado, a las especies domesticas que tiene un grado jurídico de protección mayor,
incluso tienen regulaciones de bienestar animal y de no maltrato que les reconoce derechos
incluso se les asigna la condición lógica de seres vivos dotados de sensibilidad20. Sin embargo,
estos derechos se les asignan no por el valor natural que tiene estos animales como debería
haberse establecido, sino por el grado de cercanía y sometimiento que tiene hacia el ser humano,
puesto que entendemos que estas especies tiene un contrato social que los hace merecedores de
dichos derechos, discriminando al resto de especie solo en base a este sometimiento y cercanía
Es por ello que ostentan el mayor grado de protección con carácter general porque su cercanía
según nuestros criterios morales nos hace pensar que merecen mayor reconocimiento y esto se
debe al aumento de la sensibilidad social que tiene la sociedad respecto de estas especies21.
Por otro lado, encontramos a la biodiversidad que son aquellos animales silvestres que
han evolucionado sin la influencia directa del hombre, sino que su evolución está influida por la
selección natural de los ecosistemas. Esto hace que estos animales tengan un grado de
protección jurídica menor que los animales domésticos puesto que viven sin necesidad del ser
humano y por lo tanto el ser humano no tiene el control social de estas especies, lo que nos lleva
a la última de las valoraciones22.
Finalmente, el valor ecológico es el que acaba de perfeccionar el sistema de regular la
normativa jurídica de la biodiversidad puesto que, a diferencia de los animales domésticos, la
biodiversidad es valorada moralmente como especie, en relación al valor que tiene con el
ecosistema), pero no como individuos como pasa con las especies domésticas.
Asimismo, muchas especies como los grandes carnívoros son consideradas como
especies valiosas (claves para las cadenas tróficas), pero su régimen jurídico no se ajustado a la
realidad de la especie en función de la necesaria valoración ecológica, en particular el caso del
lobo ibérico es muy significativo puesto que hasta 2022 la especie podía ser caza de forma
indiscriminada e ilegal en el norte de España pese a los estudios científicos y la protección
asignada por la Directiva Habitats.
En este sentido, es importante tener presente que para que las poblaciones de
biodiversidad de cualquier especie sean viables y funcionales estas poblaciones, especies e
individuos deben tener unos adecuados niveles de bienestar, un hábitat que cubra sus
necesidades biológicas y un eficaz y adecuado régimen jurídico de protección para que puedan
desarrollarse, puesto que no puede olvidarse que un incorrecto sistema de conservación del
hábitat o la especie (especialmente los grandes carnívoros) supone por extensión una afectación
de todo el ecosistema que tendrá repercusiones sobre los seres humanos. Es por ello que es
necesario considerar a toda la biodiversidad desde una perspectiva individuo, especie,
ecosistema y dotarlas de protección jurídica porque tiene repercusión en su triple perspectiva
porque esto también tendrá repercusiones para el ser humano.
20 Ley 17/2021, de 15 de diciembre, de modificación del Código Civil, la Ley Hipotecaria y la Ley de
Enjuiciamiento Civil, sobre el régimen jurídico de los animales.
21 GIMÉNEZ CANDELA, Teresa (2021) “Estatuto jurídico de los animales en el Código civil. La
esperada descosificación animal”, en Revista de Derecho Animal: Forum of Animal Law Studies, ISSN-e
2462-7518, Vol. 12, Nº. 2, pp. 7-22.
22 Véase en este sentido para ampliar información: REY PÉREZ, José Luis. (2018) Los Derechos de los
animales en serio, Ed .Dykinson (Madrid) ISBN 9788491489429.
9
Andrés Eugenio López Berral
III. LA PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD DESDE LOS PRINCIPIOS DEL
DERECHO AL MEDIO AMBIENTE, SU APLICACIÓN ÉTICA Y SU
RELEVANCIA. UN DERECHO DE LAS GENERACIONES FUTURAS.
La protección del derecho al medio ambiente se configura mediante varios principios
que por extensión no abordaremos23 pero si trataremos algunos principios que por el devenir de
la casuística jurídica son conflictivos ergo muy relevantes para la configuración de la protección
de la biodiversidad y que abordaremos seguidamente.
En este mismo sentido, debe tenerse presente que la biodiversidad se mira desde el
prisma que se configura de forma autónoma como un interés de protección ecológico que es la
mera manifestación del conocido interés general y público que tiene el estado de proteger la
riqueza que supone la biodiversidad.
Así mismo, observaremos en este apartado que los estados tienen obligaciones presente
y futuras en tanto en cuanto el deber de protección de la biodiversidad se configura a través de
los principios básicos del derecho ambiental como una obligación de protección del patrimonio
ambiental que supone que la biodiversidad es para todos los ciudadanos puesto que el derecho
ambiental establece responsabilidad globales, solidarias que vinculan la protección de la
biodiversidad con el derecho que tiene las generaciones futuras de poder acceder y disfrutar de
un medio ambiente en condiciones óptimas24.
1. La aplicación del principio de prevención
El principio de prevención se establece como un marco legal que tiene como objetivo
evitar el daño que pueda producirse en origen y por lo tanto ex ante a que se produzca para
evitar tener que establecer mecanismos de restauración sobre los recursos afectados25.
Este principio cobra especial importancia en el ámbito de la biodiversidad puesto que se
establece como una política pública integrada en el ordenamiento jurídico ambiental, puesto que
en los casos que afecte a la biodiversidad, cuando este principio no puede evitar el daño al
tratarse de diferentes especies, las que pueden verse afectadas se produce un daño irreparable
dado que los individuos que forman la biodiversidad en muchos casos no pueden ser
substituidos por lo que el derecho no puede aplicar ciertos subprincipios que se desarrollan de
este principio como el principio de quien contamina paga, sino que solo puede sancionarse la
conducta pero no puede repararse el daño producido y evitar sus efectos.
En este sentido, un ejemplo ilustrativo de lo anteriormente expuesto se manifiesta por
ejemplo en la acción de la administración de no evitar infraestructuras lineales dentro de
espacios naturales con especies clave protegidas como es el caso del lince ibérico, si la inacción
de la administración tiene como consecuencia que se produzca el atropello de esta especie
debemos llegar a la conclusión que el principio de prevención ha fallado, y el daño no será
reparable aunque pueda llegar a sancionarse a quien cometió la infracción puesto que esta
23 GARCÍA URETA, Agustín. (2010) Derecho europeo de la biodiversidad aves silvestres, hábitats y
especies de flora y fauna, Ed. Iustel. ISBN: 9788498900965.
24 AGUILAR, Bernardo, LECAROS, Juan Alberto, y VALDÉS, Erik (2019). Ética animal…, ob. cit., pp.
325 a 344.
25 Puede ampliar la información jurídica sobre estos principios en: GARCÍA URETA, Agustín. (2010)
Derecho europeo…, ob. cit.
10
Bioderecho.es, Núm. 16, julio-diciembre 2022
especie es escasa y además, clave para su ecosistema por lo el efecto adverso ambiental no
puede ser subsanado con los mecanismos de recuperación actuales26.
2. La aplicación del principio de precaución
El principio de precaución se configura como su predecesor como un elemento
estructural del derecho ambiental que está dirigido a evitar daños irreversibles en el medio
ambiente, por lo que pretende que se adopten las medidas más garantistas cuando se tengan
sospechas fundadas mediante evidencia científica de que puede existir un riesgo.
Así pues, para la aplicación de este deben valorarse tres elementos como son: a) la
ausencia de información o certeza científica; b) la evaluación del riesgo de producción de un
daño y; c) el nivel de gravedad del daño.
La aplicación práctica sobre la regulación jurídica para la protección de la biodiversidad
en los casos de protección para la fauna es básico puesto que cuando exista ausencia de certeza
científica, las administraciones públicas encargadas de garantizar la protección de las diferentes
especies deben hacerse en base al mejor conocimiento posible para adoptar decisiones teniendo
claro que nunca la ciencia podrá tener una verdad plena y absoluta por la propia evolución del
conocimiento y necesidad de la ciencia de replantearse sus propios postulados puesto que si esto
no fuera así no estaríamos hablando de ciencia.
Ahora bien, en caso de que exista incertidumbre jurídica debe prevalecer en todo caso el
principio de precaución para no causar un perjuicio significativo sobre la biodiversidad y por
eso este principio es condicional pues las administraciones públicas no pueden utilizar la
ausencia o incertidumbre científica para evitar la protección de la biodiversidad, pues esto
supondría violentar dicho principio porque las administraciones públicas en caso de
incertidumbre deberán adoptar las decisiones que permitían evitar daños y garantizar la tutela de
los derechos.
En este sentido, las administraciones públicas en relación con la biodiversidad tienen el
reto mediante el régimen jurídico de las especies de garantizar su conservación y restaurar el
estatus de aquellas especies que se encuentren amenazadas a su mejor estado de conservación
como una política pública vinculante. De este modo debe iniciarse un cambio de paradigma por
parte de las administraciones públicas para reducir la discrecionalidad de sus decisiones y
basarse en la mejor información científica disponible.
En este mismo sentido, un ejemplo ilustrativo de la reducción de la discrecionalidad
sobre la biodiversidad la encontramos (salvando los problemas de corte jurídico que tiene la
especie) en un gran carnívoro como es el lobo ibérico donde hasta la Orden TED/980/2021 esta
especie era sometida a medidas de actividad cinegética con el supuesto objetivo de controlar su
población, pues bien, hasta su efectiva protección se está violentando este principio como
veremos.
La actividad cinegética/caza ejercida durante años sobre la especie en ningún momento
consiguió los objetivos previstos que eran controlar su población y reducir los ataques sobre la
ganadería, sino todo lo contrario supuso un desconocimiento para la administración pública del
número de manadas existente y las administraciones autonómicas reportaban daños lineales en
26 Véase en este sentido: WWF (2022) “Mueren atropellados una hembra de lince con su cachorro en un
punto negro conocido de Doñana” [Artículo en línea]. [Fecha de consulta: 05 de noviembre de 2022].
https://www.wwf.es/?61001/Mueren-atropellados-una-hembra-de-lince-con-su-cachorro-en-un-punto-
negro-conocido-de-Donana
11
Andrés Eugenio López Berral
la ganadería porque la ciencia ambiental no era un parámetro básico adoptado e interiorizado
para tomar decisiones sobre esta especie por parte de las administraciones públicas.
Este problema se basaba ciertamente en la inaplicación de este principio de precaución
puesto que se está eliminando lobos con el beneplácito de la administración sin tener en cuenta
que se estaba eliminando una especie apical (que autorregula su población, ergo no hay
excedentes) y clave para los ecosistemas con lo que con cada eliminación de un ejemplar se
desestructuraban manadas enteras que no solo provocan ataques a la ganadería sino también la
desestructuración de toda una cadena trófica.
3. El derecho de las generaciones futuras a disfrutar de la biodiversidad
La protección de la biodiversidad esta como vamos a ver estrechamente ligado con el
derecho que tienen las generaciones futuras a poder disfrutar de la biodiversidad y la naturaleza,
lo que necesariamente nos va a hacer analizar algunos parámetros básicos para poder llegar a
ciertas conclusiones.
En primer lugar, existe para la sociedad actual el deber de protección de la
biodiversidad como parte del medio ambiente, lo que supone plantearnos el reconocimiento de
los derechos que tienen las generaciones futuras que serán coincidentes con los derechos que
tienen las generaciones actuales.
Así pues, el concepto de protección de la biodiversidad supone que todas las
generaciones tienen derecho al acceso a esta biodiversidad y al medio natural por lo que dicha
concepción desborda los conceptos tradiciones del derechos ya que ninguna generación tiene
porqué privar de derechos a otras por el simple hecho de nacer antes y ejercer sus derecho con
antelación, porque las generaciones futuras no tienen por qué padecer un trastorno por déficit de
naturaleza.27 28
En este mismo sentido, como sostiene Brian Barry se ha establecido un principio de
justicia entre generaciones, es decir, un principio de solidad intergeneracional, por el que una
generación no puede para satisfacer sus deseos limitar el derecho de las generaciones futuras a
tener acceso a la biodiversidad y el capital ecológico básico para su desarrollo29.
Este principio de solidaridad no solo tiene un ámbito negativo de no privar a las futuras
generaciones de sus derechos (de mayores a los jóvenes), sino también un ámbito positivo
puesto que el desarrollo de la solidaridad intergeneracional en nuestro ordenamiento jurídico ya
tiene una importante consolidación en los principios básicos del sistema de pensiones por el
cual (las generaciones jóvenes pagan cotizaciones para que, con ellas, se financien las
27 MARTINEZ GARCIA, Rubén (2018) “Factores asociados al trastorno por déficit de naturaleza en el
colectivo infantojuvenil: implicaciones socioeducativas” Páginas 178 a 220. [Artículo en línea]. [Fecha
de consulta: 05 de noviembre de 2022].
https://minerva.usc.es/xmlui/bitstream/handle/10347/18998/VI%20EMI.pdf?sequence=4&isAllowed=y#
page=178
28 UNIR (2014) DE RODRIGUEZ PIÑA, Isabel “Causas y consecuencias del síndrome de déficit de
naturaleza (Nature déficit disorder) y su aplicación al aula” [Artículo en línea]. [Fecha de consulta: 05
de noviembre de 2022].
https://reunir.unir.net/bitstream/handle/123456789/2521/rodriguez.pi%c3%b1a.pdf?sequence=1&isAllow
ed=y
29 AGUILAR, Bernardo, LECAROS, Juan Alberto, y VALDÉS, Erik (2019). Ética animal…, ob. cit., pp.
325 a 344.
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Bioderecho.es, Núm. 16, julio-diciembre 2022
prestaciones de los mayores) por lo que es un mecanismo bidireccional de justicia que debe ser
respetado en ambas direcciones del principio de justicia30.
En segundo lugar, no respectar la biodiversidad ética y jurídica de las diferentes
especies supone que no se tiene en cuenta el valor intrínseco que tienen estas especies y que
deberían ser tenidas en cuenta a la hora de conformar un marco jurídico justo para la humanidad
(que debe alejarse del especismo como piedra angular de las regulaciones).
En este sentido, debemos recordar que aunque los derecho humanos son autónomos e
independientes, no debe olvidarse que están ligados con el derecho al medio ambiente ergo con
la protección de la biodiversidad puesto que los derechos de las generaciones futuras no pueden
desarrollarse sino tienen un ecosistema natural donde hacerlo, es por ello que existe una clara
responsabilidad intergeneracional entre la especie humana pero también respecto de otras
especie, y que la protección de la biodiversidad supone es al mismo tiempo también proteger y
garantizar la viabilidad no solo de los ecosistemas sino del propio ser humano en este planeta.
En tercer lugar, en virtud de lo comentado con anterioridad debemos reflexionar sobre
otros planteamientos básicos jurídicos y es que el ser humano no tiene más derechos, ni menos
que otras especies, y por lo tanto debe abandonarse por parte de las regulaciones el especismo
hacia otras especies no humanas. Ya que debemos entender que el ser humano es un elemento
más del ecosistema pero como especie racional y supuestamente superior debemos garantizar la
conservación, protección y restauración31 de la biodiversidad otorgándole derechos
independientemente de la relación que tengan con el ser humano pues solo si evitamos la
extinción masiva de especies y podremos evitar a largo plazo también nuestra extinción, es por
ello que el derecho para la protección del biodiversidad debe extender sus efectos más allá de
las condiciones espacio temporales actuales y hacer prevalecer la subsistencia de la
biodiversidad sobre otros derechos.
Por lo tanto debemos garantizar la protección y conservación de la biodiversidad
mediante la regulación jurídica de las diferentes especies para las futuras generaciones, puesto
que el manteniendo de los procesos ecológicos es esencial para que la humanidad tenga un
futuro, por lo tanto el respeto hacia otras especies es un mecanismo de solidaridad y justicia
ambiental tanto para nuestra especie como con el resto de la humanidad que tenemos el deber de
respetar y para ello debemos tener un comportamiento sostenible y respetuoso con nuestro
medio ambiente.
IV. EXPOSICIÓN SUCINTA DE ALGUNOS CASOS JURÍDICOS NO RESUELTOS EN
EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL EN RELACIÓN CON EL CANIS
LUPUS SIGNATUS
El papel de la biodiversidad es muy relevante para conservar el equilibrio de los
ecosistemas, y aunque todas las especies son importantes, debe advertirse que desde la ciencia
de la biología que debe atender el derecho ambiental está claro que algunas especies son muy
30 TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (2022) “Principios y directrices del sistema
de Seguridad Social” [Artículo en línea]. [Fecha de consulta: 05 de noviembre de 2022].
https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/PortalEducativo/Profesores/Unidad0/PESS50
31 Véase en este sentido MOYANO FERNANDEZ, Cristian. (2022). Ética del rewilding. Ed. Plaza y
Valdés, (Madrid). ISBN: 978-84-17121-44-0. Páginas 39 a 97 y 111 a 149.
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Andrés Eugenio López Berral
importantes, es por ello que los grandes carnívoros son especies clave de estas cadenas tróficas
y su importancia es capital como reguladores de la salud de los ecosistemas32.
En este sentido, en este apartado se abordarán algunos casos jurídicos relacionados con
el lobo ibérico que pese a su cambio de paradigma jurídico, y aun siendo ya una especie
protegida en toda España, continúan crean conflictos en su aplicación así como ostentando una
regulación jurídica deficiente por no ser considerada una especie en peligro de extinción33.
En este mismo sentido, debe advertirse que la regulación jurídica ambiental está
claramente en nuestro país en expansión progresía y buena prueba de ello es que debe tenerse
presente que la protección jurídica de la biodiversidad está configurada en un sistema jurídico
de cuatro niveles: La regulación jurídica europea, la normativa estatal básica, el desarrollo
reglamentario, y la regulación y desarrollo autonómico. Con esta premisa abordamos algunos
casos particulares especialmente lesivos para los grandes carnívoros y otras especies de nuestro
país pero centrados en el lobo ibérico34.
1. La justificación para el ejercicio de la caza de especies. Un ejercicio de importantes
perjuicios para la biodiversidad
La actividad de la caza, actividad cinegética o exterminación de especies
independientemente de la utilización del lenguaje que queramos utilizar tiene como objetivo
último la eliminación de especies que para el ser humano puedan ser incomodas o que puedan
causar daños económicos.
Ahora bien, éticamente en las sociedades desarrolladas se tiene lógicamente un respecto
por el derecho a la vida, derecho este que debe primar sobre otros derechos o actividades por lo
que prima facie el matar animales difícilmente puede encontrar argumentos para relacionarse
con el bienestar animal, la sostenibilidad de los ecosistemas o la prevalencia del derecho a la
vida que tienen todas las especies (como derecho natural inalienable).
Así pues, debemos plantearnos la propia configuración de los derechos que están en
juego (medio ambiente y caza) antes de entrar ni siquiera a valor la repercusión o argumentos
para el ejercicio de la caza sobre la biodiversidad dentro de nuestro ordenamiento jurídico, lo
que nos lleva a importantes reflexiones como veremos.
En España, la jerarquía normativa entre el derecho al medio ambiente y la caza tiene
importantes diferencias jurídicas que deben tenerse en cuenta para valorar el cumplimiento y el
valor de cada uno de estos derechos.
Por un lado, el derecho al medio ambiente se configura como un derecho constitucional
que encuentra su manifestación en el artículo 45 CE (Título I Derecho y Deberes, Capitulo 3
Principio rectores de la política social y económica), configurándose como un derecho en base
al interés ecológico, que se enmarca dentro del interés general del Estado en la preservación del
medio ambiente y la protección de la biodiversidad
32 AGUILAR, Bernardo, LECAROS, Juan Alberto, y VALDÉS, Erik (2019). Ética animal…, ob. cit., pp.
325 a 344.
33 Vid, supra.
34 En este mismo sentido, para una ampliación más detallada recomiendo la lectura de LÓPEZ BERRAL,
Andrés Eugenio (2022) “Análisis del régimen jurídico del canis lupus signatus en la Península Ibérica”
[Artículo en línea]. [Fecha de consulta: 05 de noviembre de 2022].
https://www.tdx.cat/handle/10803/674257?show=full
14
Bioderecho.es, Núm. 16, julio-diciembre 2022
Por otro lado, la actividad de caza no tiene como tal la consideración de un derecho
constitucional, sino que es una simple competencia (artículo 148.1.11CE) que tiene atribuida las
Comunidades Autónomas, lógicamente la coherencia nos lleva a que esta competencia no puede
constituirse como un derecho cuando representar una actividad sectorial que representa intereses
particulares.
Así pues, es por ello que la caza como actividad está sometida a garantizar el interés
público y la preservación ambiental, y por ello mismo podemos analizar cuáles son los
principales argumentos utilizados por esta actividad para el ejercicio de la misma sobre la
biodiversidad.
En primer lugar, se matan especies porque existe sobrepoblación, sin embargo,
generalmente cuando existe sobrepoblación de algunas especies se debe en parte por la
actividad antrópica ejercida por el ser humano que reduce sus hábitats naturales, les limita las
fuentes de alimentación, y desestructura sus ecosistemas mediante el ejercicio de la caza sobre
especies apicales.
En segundo lugar, se justifica la necesidad del ejercicio de la actividad de caza sobre el
derecho a la preservación de la biodiversidad por temas socio económicos pero fruto de la caza
se desestructuran las manadas de depredadores y esto genera que existan ataques sobre la
ganadería, algo que tiene un efecto contraproducente puesto que para poder evitar estos daños
con el ejercicio de la actividad se debe estar de acuerdo en eliminar a especies y poblaciones
enteras lo que sería un atentado ambiental sobre la biodiversidad35.
Ahora bien, no debe olvidarse el sustrato ético que existe en este motivo debemos
justificar la eliminación de especies depredadoras porque pueden ocasionar daños sobre la
ganadería (otros animales) que nosotros criamos y producimos también para matarlos para
nuestro consumo. No obstante, no es el único planteamiento pues algo que no se dice
habitualmente es que la caza es una actividad económica, que genera dinero a través de la
utilización de la biodiversidad para fines comerciales a través de la venta de permisos y trofeos.
Un buen ejemplo de ellos son las innumerables subastas públicas para tener derecho a matar
animales silvestres, aunque como puede advertirse denominar derecho a la caza es una
perversión ilícita del derecho y del concepto de justicia36.
En tercer lugar, la caza puede alterar a nivel genético las poblaciones de las especies que
se cazan evitando que estás puede desarrollarse sin alteraciones del hombre y sin la necesidad
de medidas directas sobre las especies37 porque cuando se matan a determinados ejemplares con
ciertas características específicas se está realizando una selección genética no natural que puede
provocar cambios en las poblaciones y una clara reducción de la capacidad genética que afecta a
la viabilidad de las especies haciendo que en el futuro aunque las poblaciones puedan
recuperarse estas sufran problemas derivados de la endogamia, ergo esta actividad supone un
deterioro claro de la diversidad genética necesaria para la supervivencia de las especies a largo
plazo.
Finalmente, la última falacia que establece este no derecho a la caza, es el que es una
herramienta de conservación, pero este argumento “hace aguas” porque para poder sostenerse
35 AGUILAR, Bernardo, LECAROS, Juan Alberto, y VALDÉS, Erik (2019). Ética animal…, ob. cit., pp.
365 a 386.
36 GIMENEZ CANDELA, Marita. (2019) Transición animal en España. Ed. Tirant lo Blanch (Valencia).
ISBN: 978-84-1336-016-2019. Páginas 133 a 147 y páginas 159 a 250.
37 MOYANO FERNANDEZ, Cristian. (2022). Ética del rewilding. Ed. Plaza y Valdés, (Madrid). ISBN:
978-84-17121-44-0. Páginas 279 a 326.
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Andrés Eugenio López Berral
como herramienta de conservación ambiental debería no tener efectos negativos sobre la
biodiversidad y probar y garantizar que no hay mejores alternativas para la conservación de una
especie, lo que es ilógico es que se quiera hacer pasar por una herramienta de conservación
cuando se basa en actos de crueldad, y especismo para matar animales sin el respaldo de la
ciencia biológica puesto que en tal caso tendría clara una premisa básica que establece la
ciencia, y es que el daño ambiental que se causa sobre un individuo es un daño agregado a una
población y este a una especie que después produce daños en cascada sobre los procesos
ecológicos de un ecosistema lo que hace que esta actividad sea injustificable e incompatible con
la preservación de la biodiversidad38.
En este mismo sentido, vamos a ver seguidamente como el derecho en España ya
muestra un coherente cambio de tendencia para el reconocimiento de la prevalencia del derecho
constitucional al medio ambiente sobre la caza como ha mantenido este investigador desde
tiempos inmemorables, lo que supone por primera vez reconocer que el régimen jurídico del
lobo ibérico sea mantenido al margen del derecho y de la ciencia biológica simplemente por
cuestiones antropocéntricas.
2. La caza del canis lupus signatus en Castilla y León, una actividad ilegal e
inconstitucional. Cambio de paradigma en el modelo de gestión ambiental autonómico
La caza o actividad cinegética aplicada sobre la biodiversidad es una actividad que
causa grandes perjuicios sobre los ecosistemas peninsulares, pero a nivel jurídico este fenómeno
tiene especial relevancia cuando el objetivo de esta actividad se centra en los grandes
carnívoros. En particular, históricamente una especie en nuestro país ha estado al margen de la
legalidad y ha tenido que soportar los afectos adversos esta especie es el canis lupus signatus (el
lobo ibérico) y esto se debe a la demonización que ha sufrido la especie por parte de diversos
colectivos de presión que han visto reflejadas sus pretensiones en la política y
consecuentemente en algunas legislaciones autonómicas39.
En este caso concreto, encontramos el ejemplo paradigmático de gestión de esta especie
en Castilla y León donde la misma especie estaba protegida al sur del río Duero y se sometía a
medidas de gestión al norte de dicho río. Aunque todo ello cambió y ahora es especie protegida
en toda España. Vamos a analizar este caso particular por las reticencias que supone por parte
de algunas administraciones publicas el hecho de tener que modificar su regulación jurídica para
pasar de un modelo de gestión contrario a la protección de la biodiversidad hacia un modelo
más sostenible de gestión con esta especie (pasando del antropocentrismo al biocentrismo).
La ilegalidad de la Ley de caza de Castilla y León se pone de manifiesto mediante la
Sentencia 99/2022 del Tribunal Constitucional40 que declara la inconstitucionalidad de la
38 BERMUDEN SANCHEZ, Javier (1996). “Espacios y especies cinegéticas. La prohibición de métodos
masivos o no selectivos de caza: la sentencia del Tribunal Supremo de 9 de noviembre de 1993”, en I
Congreso Nacional de Derecho Ambiental: Sevilla, abril 1995: Comunicaciones, 1996. ISBN: 84-
921324-0-X. pp. 102 a 145.
39 Puede ampliarse toda esta información en: LÓPEZ BERRAL, Andrés Eugenio (2022) Análisis del
régimen jurídico…, ob. cit.
40 Véase en este sentido la sentencia del Tribunal Constitucional: “Pleno. Sentencia 99/2022, de 13 de
julio de 2022. Recurso de inconstitucionalidad 2527-2022. Interpuesto por el presidente del Gobierno en
relación con el artículo 38.2 a) y 8 y diversos anexos de la Ley 4/2021, de 1 de julio, de caza y gestión
sostenible de los recursos cinegéticos de Castilla y León. Competencias en materia de protección
ambiental: nulidad de los preceptos autonómicos que permiten la caza de las poblaciones de lobo
16
Bioderecho.es, Núm. 16, julio-diciembre 2022
referenciada ley en relación a la afectación que tiene sobre el canis lupus signatus como fondo
del asunto41.
La contrariedad de la Ley de caza se basa principalmente en que la tramitación de esta
ley se realizó por parte del gobierno autonómico para intentar esquivar la aplicación legal de la
Orden TED/980/2021, es por ello que su tramitación se realizó paralelamente mientras estaba en
marcha el procedimiento de incorporación de la especie en el LESRPRE mediante la Orden
TED/980/2021 otorgándose una nueva categoría jurídica inexistente en nuestro ordenamiento
jurídico al lobo ibérico al sur del río Duero como es la de especie cinegética de atención
preferente (artículo 7).
En este sentido, debe indicarse que esto era contrario a la regulación estatal puesto que
aunque existiera una nueva categoría jurídica para la especie esta continuaba catalogando al
lobo ibérico como una especie cinegética y por lo tanto susceptible de poder ser cazada, lo que
suponía una vulneración de su estatus legal puesto que cuando una especie está catalogada en
LESRPRE esto implica en base al artículo 57 de la Ley 42/2007 que con carácter general esa
especie o población no puede ser sometida actividades de eliminación por ser considerada una
especie protegida42.
Ahora bien, la cuestión planteada por el ejecutivo autonómico ante el Tribunal
Constitucional versaba en este caso en la determinación que la Orden TED/980/2021 se estaba
extralimitando porque incluida a toda la especie y no solo a una población determinada y si por
lo tanto el Gobierno de la Nacional estaba facultada para realizar dicho cambio.
En este sentido, la inclusión mediante Orden Ministerio (Orden TED/980/2021) es
cuestionado por parte del ejecutivo autonómico puesto que indica que se ha modificado la
categoría jurídica de toda una especie y que por lo tanto para dicho cambio jurídico debía
haberse modificado vía Real Decreto según indica el artículo 56.1 de la Ley 42/2007)43.
En este sentido, acertadamente el Tribunal Constitucional consideró que la orden
ministerial tenía suficiente entidad jurídica puesto que lo modificado por el ejecutivo central es
solo el estatus jurídico de una parte de la especie (la población de lobo ibérico del norte del rio
Duero) aunque en la Orden el término de inclusión hiciera referencia a todas las poblaciones.
Así pues, lógicamente la inclusión del LESRPRE no afectaba a todas las poblaciones
del canis lupus signatus pues las poblaciones del sur del río Duero ya estaban incluidas en este
Listado con anterioridad. Simplemente se realizó una lógica homogenización del régimen
jurídico con las poblaciones del norte del citado río que se encontraban con una situación
situadas al norte del río Duero. Voto particular.” [Artículo en línea]. [Fecha de consulta: 05 de
noviembre de 2022]. https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-13795
41 Puede ampliarse toda esta información en: OURO, Mar (2022) “El Tribunal Constitucional declara
inconstitucionales los preceptos de la Ley de caza de Castilla y León relacionados con la caza”. En
Actualidad Jurídica Ambiental, ISSN-e 1989-5666, Nº. 127, pp. 185-200. Doi:
https://doi.org/10.56398/ajacieda.00012 [Artículo en línea]. [Fecha de consulta: 05 de noviembre de
2022] https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8635065
42 Esto es así porque debe recordarse que La Orden TED/980/2021 que complementa el Real Decreto
139/2011 es legislación de carácter básico estatal, como consta ampliamente reconocido en la
jurisprudencia a través de numerosas sentencias. Véase en este sentido las STC 69/2013, 148/2020, y
146/2013.
43 Ahora bien, hay que reconocer si la modificación hubiera supuesto la inclusión ex novo de una especie
en el LESRPRE hubiera sido necesario del Real Decreto, pero al estar ya la especie incluida en parte
dentro del LESRPRE no era necesario.
17
Andrés Eugenio López Berral
jurídica de ilegalidad manifiesta por lo que no era necesario la modificación del Real Decreto
139/2011.
En este mismo sentido, el Tribunal argumenta con claridad que es distinto el ámbito de
afectación jurídico respecto de las poblaciones a las que afecta la nueva regulación, distinto es
que dicha modificación para esa población despliegue efectos extensivos sobre toda la
población/especie, y por ello no puede mantenerse que es una modificación total de una especie
sino parcial ergo se puede realizar por orden ministerial, aunque afecte a toda la especie.
Así pues, la protección de la especie y coincidiendo con la valoración del alto tribunal
sea realizado correctamente, cosa distinta es que el ejecutivo autonómico desconociera los
estándares jurídicos que debían aplicarse a la especie, o que pretendiera crear un debate jurídico
estéril para no aplicar la regulación jurídica que debía haberse aplicado a esta especie en su
Comunidad Autónoma desde 1986 según se desprende de los anexados de la Directiva
Habitats44.
En este sentido, a mi juicio un factor que pasó por alto el Tribunal Constitucional es que
el ejecutivo autonómico erróneamente confundió efectos con régimen jurídico, en parte a la
histórica mala praxis y comprensión de la legislación sobre esta especie que se realiza en esta
Comunidad Autónoma (que es la que más litigación sobre la especie ha tenido de toda España).
El error radica en no determinar con claridad que el lobo ibérico es una especie endémica y que
las especie no son sujetos aislados de cada Comunidad Autónoma sino que la especie tiene su
población en España45 y es por ello que la nueva inclusión de parte de la población tiene un
efecto sobre toda la especie en España pero no sea incrementado el nivel de protección de la
especie sino que se ha ampliado su protección a los estándares europeos de la población del
norte del río Duero que se encontraba en una situación de ilegalidad hasta el momento.
En este mismo sentido, además debe indicarse que en ningún caso se había incluido a
ninguna especie nueva distinta, sino que se realizó la afectación de la parte de la población que
estaba desprotegida que tuvo un afecto sobre toda la especie. Así mismo, hay que recordar que
la Disposición final segunda del Real Decreto 139/2011 faculta al ejecutivo central para poder
incluir a una población concreta mediante orden ministerial motivo por el cual dicha regulación
está correctamente legislada y cumple los parámetros de constitucionalidad establecidas por la
ley.
Este caso como vemos es una prueba más de las reticencias históricas por parte de las
administraciones públicas de proteger conforme a la regulación legal vigente a un gran
carnívoro como es el lobo ibérico, sin embargo, existen otros ejemplos de inacción también
relevantes y perjudiciales para estas especies que debemos comentar.
3. La actual regulación jurídica en Aragón. Una tarea pendiente
La regulación jurídica actual del canis lupus signatus a nivel nacional (España) es clara,
es una especie incluida LESRPRE desde 2021 siendo una especie en régimen de protección
especial46 ergo una especie protegida.
44 Vid, supra: OURO, Mar (2022) El Tribunal Constitucional declara inconstitucionales los preceptos de
la Ley de caza de Castilla y León relacionados con la caza.
45 También parte de esta especie se encuentra en Portugal.
46 Orden Ministerial TED/980/2021, esto supone que desde el 22/09/2021 todos los lobos españoles están
protegidos mediante su incorporación al Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección
Especial.
18
Bioderecho.es, Núm. 16, julio-diciembre 2022
Así pues, partiendo de esta premisa debe indicarse que el actual sistema de jurídico de
protección sobre el lobo ibérico fuerza algunas Comunidades Autónomas a tener que adaptar su
regulación y en otros casos a reformar completamente su regulación por no ajustarse a la
legalidad vigente de la especie.
En este supuesto a título ilustrativo vamos a abordar la regulación jurídica de esta
especie en la Comunidad Foral de Navarra donde los dirigentes políticos primero por omisión y
segundo obstrucción pretendían evitar adecuarse a la regulación jurídica para la protección de
esta especie.
Un interesante ejemplo ilustrativo es el caso de Andalucía aun estando delante de una
especie protegida en vías de extinción no tiene implementados planes de recuperación y
conservación vinculantes, lo que supone que en algunas Autonomías la regulación actual del
lobo implementada por las administraciones públicas se base en la prevaricación ambiental
omisiva puesto que aunque la regulación básica es la de especie protegida, lo que les obliga a
tomar medidas jurídicas en el ámbito de ejecutar la ley y por tanto la protección de la especie
esto no se materializa sino existen acciones judiciales lo que supone una dilación indebida en la
protección de la biodiversidad47.
Se puede observar cuando estaban en vigor los Decretos Forales 563/1995 y 94/199748.
Ahora bien, en este caso concreto vamos analizar el reciente de caso donde el Gobierno de
Navarra no adecuaba su inicial regulación jurídica puesto que estaba judicializado el Decreto
Foral 254/201949 fue declarado contrario a la protección de la biodiversidad y anulado por el
Tribunal Superior de Justicia50 puesto que este nuevo Listado y Catalogo autonómico suponían
de facto reducir las categorías jurídicas de la anterior normativa51, lo que se traducía en
desproteger especies entre las que se encontraba el lobo ibérico que dejaba incluso de estar
catalogadas, lo que para la administración se traducirá en no aplicar ciertas premisas legales de
protección para las especies.
Así pues, para instar al cumplimiento legal las asociaciones sin ánimo de lucro
(GURELUR y ASCEL) fueron las que mediante la judicialización de este tema consiguieron en
47 Véase en este sentido para ampliar información: LÓPEZ BERRAL, Andrés Eugenio (2022) Análisis
del régimen jurídico…, ob. cit.
48 Ambos catálogos son anteriores al Real Decreto 139/2011, por lo que en aquellas especies en las que la
catalogación foral es menor que la estatal la que prevalece es la de mayor catalogación.
49 NOTICIAS JURIDICAS (2019) “DECRETO FORAL 254/2019, de 16 de octubre, por el que se
establece el Listado Navarro de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, se establece un
nuevo Catálogo de Especies de Flora Amenazadas de Navarra y se actualiza el Catálogo de Especies de
Fauna Amenazadas de Navarra” [Artículo en línea]. [Fecha de consulta: 05 de noviembre de 2022].
https://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/653142-df-254-2019-de-16-oct-cf-navarra-listado-de-
especies-silvestres-en-regimen.html
50 DIARIO DE NAVARRA (2021) “El TSJN anula el Decreto Foral de 2019 de protección de especies”
[Artículo en línea]. [Fecha de consulta: 05 de noviembre de 2022].
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2021/07/16/el-tsjn-anula-el-decreto-foral-2019-
proteccion-especies-494391-300.html
51El catálogo derogado redujo a dos las categorías de protección (“Vulnerable” y “En peligro de
extinción”) cuando la vigente ley foral recoge cinco: “En peligro de extinción”, “Sensibles a la
alteración de su hábitat”, “Vulnerables”, “Extinguidas” y “De Interés Especial”. (Extracto de noticia,
véase en este sentido: ASCEL (2021) “El lobo vuelve a estar catalogado en Navarra, gracias a la acción
judicial de ASCEL y GURELUR” https://loboiberico.com/2021/07/18/el-lobo-vuelve-a-estar-catalogado-
en-navarra-gracias-a-la-accion-judicial-de-ascel-y-gurelur/
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Andrés Eugenio López Berral
sede judicial52 53 el reconocimiento de esta infracción (por degradación jurídica de las especies)
y la consecuente anulación del Decreto Foral, lo que supone que vuelva a estar de aplicación la
Ley Foral 2/199354 lo que supone a su vez que el lobo vuelva a estar catalogado (en base a la ley
estatal) y por lo tanto la administración autonómica tiene que aprobar un plan de conservación y
recuperación que aún no se ha realizado55 (pero debe realizarse en un periodo no superior a tres
años), lo que supone que por parte de la administración una acción de obstaculización y omisión
de protección de la especie por tomar decisiones en base a una falta de justificación científica y
jurídica y que, además supone una actuación licita y poco ética puesto que la administraciones
públicas deben velar por la protección y no la desprotección de las especies protegidas.
IV. CONCLUSIONES
1) La protección de la biodiversidad en nuestro país ha evolucionado a diferentes velocidades
según la especie de que se trate (lince, osos, lobo) y aunque sea desplazado en la actualidad
la regulación del histórico antropocentrismo todavía queda mucho camino en el ámbito
jurídico para llegar a una verdadera justicia ambiental, puesto que aunque el desiderátum es
lograr el ecocentrismo jurídico para el medio ambiente aun nos encontramos en un
momento en que la regulación jurídica se aborda desde el biocentrismo, aunque con
importantes avances en los últimos años en la buena dirección como hemos analizado. No
obstante, solo avanzaremos hacia una formulación ecocéntrica cuando la biodiversidad y el
medio ambiente en general tenga reconocidos derechos propios en el ordenamiento jurídico
como sujetos de derechos no dependientes de otras consideraciones o derechos.
2) La valoración de la biodiversidad en nuestro ordenamiento jurídico es abordado desde tres
ámbitos (ético-moral, instrumental y ecológico), lo que hace que la biodiversidad tenga
derechos asignados como grupo/colectivo de una especie/taxón pero todavía dista mucho de
una regulación jurídica que proteja a los individuos que integran la biodiversidad, en parte
por la ficción jurídica realizada en la segmentación de animales domésticos o animales
silvestres en base a la relaciones sociales que tenga estos con el ser humano. Es por ello que
es necesario superar esta visión sectaria y acientífica y dotar a todas las especies de
derechos propios desde una perspectiva de individuo, especie, ecosistema para mejorar su
regulación jurídica y no crear una discriminación artificial entre especies por valoraciones
éticas realizadas por el ser humano.
3) El ordenamiento jurídico tiene la obligación de proteger a la biodiversidad a través de los
principios básicos del derecho ambiental, puesto que la biodiversidad es un patrimonio
ambiental de la humanidad que supera el espectro temporal, puesto que todos los seres
humanos tanto las generaciones presentes como futuras tiene derecho a disfrutar de los
componentes que forma el medio ambiente.
52PODER JUDICIAL (2022) [Artículo en línea]. [Fecha de consulta: 05 de noviembre de 2022].
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/adf85450e3f68f25/20220601
53PODER JUDICIAL (2022) [Artículo en línea]. [Fecha de consulta: 05 de noviembre de 2022].
https://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp
54 NOTICIAS JURIDICAS (1993) “Ley Foral 2/1993, de 5 de marzo, de Protección y Gestión de la
Fauna Silvestre y sus Hábitats” [Artículo en línea]. [Fecha de consulta: 05 de noviembre de 2022].
https://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/na-lf2-1993.t2.html
55 NAVARRA.ES (2022) “Conservación de especies” [Artículo en línea]. [Fecha de consulta: 05 de
noviembre de 2022].
https://www.navarra.es/home_es/Temas/Medio+Ambiente/Patrimonio+natural/Conservacion+de+especie
s.htm
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Bioderecho.es, Núm. 16, julio-diciembre 2022
En este mismo sentido, la protección del medio ambiente solo podrá garantizarse con la
correcta aplicación de los principios ambientales que recoge actualmente el derecho
ambiental, pero sin olvidar el derecho de las generaciones futuras.
4) El deber de protección de la biodiversidad para las generaciones futuras se consolida en
nuestra legislación como un derecho vinculante entre generaciones de obligaciones
bidireccionales porque es un derecho coincidente entre generaciones (presente y futuras)
que se basa en el principio de justicia y solidaridad intergeneracional, por el cual una
generación no puede privar a otra de su derecho a tener acceso a la biodiversidad y al capital
ecológico del planeta que es sin duda patrimonio de la humanidad porque los consagrados
derecho humanos no pueden materializarse sin el soporte físico que garantizar el derecho
ambiental.
Así mismo, debemos tener presente que la protección de la biodiversidad y de las especies
clave (como son los grandes carnívoros) supone una doble protección, la protección del
medio ambiente (ecosistemas), y a su vez la protección de los derechos humanos puesto que
solo con la protección de la biodiversidad y la diversidad podremos evitar una extinción
masiva de especies en nuestro planeta que desequilibre todos los ecosistemas por lo que
evitar la extinción de las especies supondrá a la larga evitar nuestra propia extinción.
5) La conservación de las diferentes especies de grandes carnívoros como hemos visto está
encaminada hacia un cambio de paradigma y tiene una evolución favorable aunque muy
lenta en nuestro país, que como hemos podido comprobar, no es ajena a importantes
dificultades jurídicas, económicas y sociales en su aplicación incluso por parte de las
administraciones publicas aunque con el avance legislativo actual los casos empiezan a
encontrar el amparo de los diferentes tribunales de justicia para hacer cumplir la ley y
garantizar la efectiva protección de las diferentes especies.
Finalmente, como hemos expuesto la protección de la biodiversidad y del medio ambiente
sobre otros derecho no constitucionales (como la caza u otro de corte económico) y evitar
que las administraciones publicas tomen decisiones no ajustadas al mejor conocimiento
científico disponible, así como que cumplan con la legalidad jurídica de protección de la
biodiversidad supone no solo mejorar los estándares de justicia, evitar el especismo, y
establecer un sistema jurídico más justo e igualitario con las especies y el planeta sino
también supone garantizar el futuro de la humanidad.
IV. BIBLIOGRAFÍA
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empíricos, teóricos y dimensión práctica. Ed. Universidad Pontificia Comillas, (Madrid).
ISBN: 9788484687726.
• BORRÀS PENTINAT, S., y VILLAVICENCIO CALZADILLA, P. (2018) El acuerdo
de París sobre el cambio climático: ¿un acuerdo histórico o una oportunidad perdida?
Análisis jurídico y perspectivas futuras. ISBN: 9788491976332.
• GARCÍA URETA, A. (2010) Derecho europeo de la biodiversidad aves silvestres,
hábitats y especies de flora y fauna. Ed. Iustel. ISBN: 9788498900965.
• GONZALEZ SAN SEGUNDO, D. (2022). El conflicto sobre un símbolo de la
naturaleza. El futuro del lobo ibérico. Ed. Reus, (Tarragona). ISBN: 978-84-290-2623-8.
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Andrés Eugenio López Berral
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Ambiental, ISSN-e 1989-5666, Nº. 127, Páginas 185-200. Doi:
https://doi.org/10.56398/ajacieda.00012 [Artículo en línea]. [Fecha de consulta: 05 de
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