El sentimiento ecológico y sus reflejos jurídicos en la Unión Europea y en China: retos actuales[*]

Ecological feeling and its legal consequences in the European Union and in China: current challenges

Juliana da Silva Ribeiro Gomes Chediek¹ 

ABSTRACT: It is impossible to think about effective solutions for the ecological challenges of the last decades without assuming their planetary dimension. To solve them, humanity has been moving towards the development of integrated transnational solutions for global environmental issues. However, the route of cohesion is not always the chosen one. If it is true that we only have one planet, it is also true that we have different ways of inhabiting it. The ways of social apprehension of nature are as numerous as the existing social groups. This research is based on the sociological premise that understanding in environmental matters will only be achieved through intercultural dialogue, with the understanding that the world contains multiple forms of interpretation. The aim of this work is to analyze the legal repercussions of the different representations of nature in the face of the European paradigm, specifically in the case of Chinese society, based on a multiculturalist vision of the relationship between man and nature. The work addresses the global development of the ecological feeling and its legal reflexes, going through the system of protection of the environmental rights in the European Union and, in a second part, analyzes the development of the ecological law in China.

Keywords: environmental awareness, multiculturalism, European Union, China, ecological law.

SUMARIO: I. Introducción. II. El camino evolutivo de la conciencia ecológica: desde el final de la Edad de Piedra hasta principios del siglo XX. III. La Unión Europea como gran impulsora del derecho ambiental. IV. Una visión general sobre la conciencia ecológica y su reflejo en el derecho ambiental en China. V. Reflexiones finales. VI. Bibliografía.

El mundo está entrando en una década crucial para frenar el cambio climático, en la que las decisiones de política climática y energética lo situarán en una nueva trayectoria de bajas emisiones de carbono o impedirán su capacidad para evitar los impactos climáticos más peligrosos. Estudios recientes demuestran, que el cambio climático y el deshielo de los glaciares (especialmente en Alaska, Groenlandia y la Antártida)^[2] son tan graves que incluso repercuten en el desplazamiento del eje terrestre -la línea imaginaria sobre la que la Tierra gira sobre sí misma- y, como consecuencia, pueden provocar cambios en la duración de los días y las noches^[3].

Es imposible pensar en soluciones eficaces a los retos ecológicos de las últimas décadas^[4] sin asumir la dimensión planetaria de los problemas medioambientales. Para resolverlos, la humanidad ha ido avanzando hacia el desarrollo de soluciones transnacionales integradas^[5] para los problemas medioambientales globales. La firma de tratados internacionales es sólo uno de los muchos caminos multilaterales trazados entre los países, que están en constante negociación para el entendimiento en materia medioambiental (otros ejemplos son los movimientos transnacionales^[6], la diplomacia científica y la paradiplomacia medioambiental^[7]). 

Sin embargo, cuando se trata de cuestiones medioambientales, la vía de la cohesión no es siempre la elegida por los pueblos. Si es cierto que tenemos un solo planeta Tierra, también es cierto que tenemos diferentes formas de habitarlo. Los modos de aprehensión social de la naturaleza son tan numerosos como los grupos sociales existentes^[8]. 

Esta investigación jurídica se basa en la premisa sociológica de que el entendimiento en materia medioambiental sólo se logrará mediante el diálogo intercultural, entendiendo que el mundo comprende múltiples formas de interpretación^[9]. 

El objetivo de este trabajo es analizar las repercusiones jurídicas de las diferentes representaciones de la naturaleza frente al paradigma europeo, concretamente en el caso de la sociedad china, basado en una visión multiculturalista de la relación entre el hombre y la naturaleza.

Por limitaciones de alcance, analizaremos en un primer momento, a efectos de contextualización, el desarrollo global del sentimiento ecológico y sus reflejos jurídicos, pasando por el sistema de protección de los derechos ambientales en la Unión Europea. En una segunda parte, se analizará el desarrollo del derecho ecológico en China, examinando la protección legal del medio ambiente en este lugar y los retos a los que se enfrenta el derecho ambiental en la actualidad. La obra pretende presentar una contribución al fortalecimiento de la solidaridad ecológica entre los pueblos^[10], en las direcciones del proceso de constitucionalismo global^[11].

La doctrina señala que la existencia de la conciencia ecológica se remonta a épocas anteriores: el hombre sólo consiguió salir de la edad de piedra para entrar en la era de las civilizaciones cuando asoció las nociones de derecho con el conocimiento de la ecología^[12].

Las antiguas tribus nómadas, dependientes del pastoreo y la agricultura, comenzaron a desarrollar sus actividades a lo largo de los ríos que, cada año, desbordaban las orillas con humus, fertilizándolas periódicamente. Gracias al asentamiento y organización de los pueblos en torno a los ríos (Amarillo, Indo, Tigris, Éufrates, Nilo, entre otros), el poder ejercido a través de los gobiernos, proporcionó el florecimiento de las culturas pioneras.

Los logros de las culturas antiguas proceden de la alianza armoniosa entre las leyes de la sociedad y las leyes de la naturaleza. El progreso de estas sociedades se construyó sobre los pilares del respeto a la naturaleza, de modo que el régimen de los hombres obedecía al régimen de los ríos^[13]. 

A lo largo de la historia, uno de los primeros hitos legislativos de protección de la naturaleza en dispositivos propios de las leyes mesopotámicas es el Código de Hammurabi (2050 a.C.). Aunque sus disposiciones no pretendían proteger los recursos medioambientales como bienes en sí mismos, la normativa contenía una elaborada prohibición de los comportamientos ecológicamente predatorios. 

Más de dos mil años después, se atribuye a Aristóteles (384 - 322 a.C.) la fusión del Derecho y la Ecología^[14]. Con sus conocimientos enciclopédicos en el campo de la filosofía, la biología y la zoología, inauguró experimentos científicos, coordinó la investigación sobre las especies, sintetizó las premisas biológicas a las políticas y organizó el orden público de forma ontológica y silogística, coherente con la clasificación de los animales. Frente al conocimiento especulativo y empírico, creó los fundamentos del conocimiento del derecho natural, por lo que se le considera el padre del derecho natural^[15].

Bebiendo de la fuente filosófica griega^[16], el Derecho nació en Roma como una ciencia epistemológicamente autónoma, retomando a veces las doctrinas de los pensadores griegos que le dieron origen^[17]. El derecho romano, a su vez, influyó en los países de tradición romano-germánica (como Portugal^[18] y Brasil^[19]) como los que han seguido el camino del common law^[20]. Sin embargo, su sentido ecológico acabó siendo suplantado con el tiempo por la burocratización y urbanización de nuestro espíritu jurídico.

La dominación romana universalizó las leyes que nunca dejaron de proteger la naturaleza^[21] y, al llegar a Inglaterra, influyó en las tradiciones y los documentos que inauguraron un nuevo sistema jurídico. La Carta Magna (1215), otorgada por Juan sin Tierra, marcó un hito en el inicio de la protección jurídica del medio ambiente y se dividió en dos cartas distintas e independientes: la Carta de la Libertad y la Carta del Bosque.

La Carta del Bosque es rica en ejemplos de garantías^[22] para el hombre común, que más tarde fueron considerados símbolos de los derechos garantizados a los hombres por las generaciones siguientes, desarrollos del due process of law^[23].

Según la doctrina^[24], el rey Juan era un cazador compulsivo de halcones y, con el pretexto de razones de seguridad del reino, prohibió no sólo la caza, sino también la pesca y la agricultura en los alrededores, lo que acabó perjudicando la subsistencia de los habitantes^[25]. Este ejemplo demuestra cómo las leyes medioambientales se vuelven a veces progresivamente complejas, implicando valores legales dispares y conflictivos en torno a la naturaleza.

Devy-Vareta^[26] enseña que hay estudios que prueban la desfloración de las colinas en Portugal ya en los siglos IX-XI. En el siglo XII, el fenómeno de la deforestación se intensificó en el país debido a la gran demanda de madera y leña para las necesidades diarias, la artesanía y la construcción naval, incluso para la exportación. Al mismo tiempo que el país sufría una gran devastación forestal debido a las actividades económicas, existen pruebas del mantenimiento de los bosques en la región del Alto Miño y en las Tierras de Basto, donde el rey solía cazar. A partir de las transcripciones de las cartas reales del periodo comprendido entre 1208 y 1521, el autor da cuenta de la gran complejidad de las relaciones entre la dinámica forestal, el abastecimiento local y lejano, el pastoreo, las costumbres y los crecientes poderes del rey de la época. La importación de madera comienza en 1254, en la región de Oporto, debido a la falta de madera en la región, lo que también determinó el cese de la exportación en el Noroeste.

A partir del siglo XIII se documentan las primeras iniciativas de repoblación forestal y de protección de los bosques, como la imposición de la caza mayor (de ciervos, jabalíes, osos y gamos). Una carta del rey Dinis fechada en 1310 prohíbe los daños a los árboles, así como documentos de la cancillería que dan fe de las dificultades para equilibrar la explotación forestal^[27]. Existen documentos legales de 1329 que restringen la caza de aves o bestias^[28].

Más adelante, las Ordenanzas de Filipinas (1595) en el Título LXXV (Dos que cortão Arvores de fructo ou Sovereiros ao longo do Téjo) por el delito de tala de árboles frutales, penas progresivas de indemnización (“pagará a estimação della a seu dono em, tredobro”), azotes y exilio de hasta cuatro años en África (“e se o dano, que assi fizer nas arvores for valia de quatro mil reis, será açoutado e degradado quatro anos para Africa”) o el exilio para siempre en Brasil (“e se for valia de trinta cruzados, e dahi para cima, será degradado para sempre para o Brazil”).

En dicho título, todavía es posible encontrar una típica zonificación ambiental y delimitación de reservas ecológicas^[29], cuya observancia se garantizaba mediante el establecimiento de duras sanciones por su incumplimiento. Queda, en este diploma, la protección de los recursos hídricos^[30], la regulación de la caza, la pesca, el comercio de colmenas, bestias, aves, abejas, entre otros. Es decir, en términos medioambientales, existía en ese momento una compleja regulación de la protección de los bienes ecológicos.

En la Alta Edad Media en Europa Occidental, el bosque sufrió una gran intervención con la intensificación de la degradación forestal tras las talas de los siglos anteriores^[31]. En este periodo, el desarrollo del derecho ecológico quedó estancado y sólo siglos después la cultura jurídica llegaría a redescubrir el valor y la necesidad de preservar el medio ambiente, en respuesta a los excesos industriales. 

El pensamiento de Montesquieu^[32], además de una gran aportación al derecho constitucional, supuso un revulsivo en el pensamiento ecologista y fue llevado a los Estados Unidos por su perfil naturalista llevando la evolución del derecho inglés desde el siglo XVII. La Carta Magna, con sus disposiciones modernas (como el habeas corpus, el bill of rights y el petition of rights) se incorporó a las constituciones de las distintas colonias americanas. Blackstone fue el primer jurista que influyó en los Estados Unidos, fiel al antiguo Derecho a la Naturaleza, publicando en 1759, la Carta del Bosque junto a la Carta de las Libertades, documentos importantes para la propia independencia americana^[33].

A finales del siglo XIX, el derecho ecológico floreció en Estados Unidos, donde las iniciativas fueron materializando la mentalidad ecológica que imperaba en ese país, como la creación del Parque Nacional de Yellowstone en 1872, y luego los parques de Yosemite, General Grant, Secquoia y Mount Rainier en 1899^[34]. Una década más tarde, aparecieron las primeras entidades conservacionistas: la Sociedad de Pescadores Americanos, la Asociación Forestal Americana y los clubes de montaña de los Apalaches y el Sierra Club (este último em 1819^[35]). En 1874 aparecieron las leyes más antiguas contra la contaminación en el Estado de Illinois, basadas en el concepto de molestia pública^[36].

A principios del siglo XX, los gobernadores de los Estados llevaron la política nacional de conservación a la Casa Blanca en 1908 y en 1938 se lanzaron los primeros planes para transformar el Departamento del Interior en un Departamento de Conservación. El presidente Johnson declaró entonces que los nuevos problemas exigían un nuevo conservacionismo, no sólo la conservación clásica de protección y desarrollo, sino una conservación creativa de restauración e innovación^[37]. 

Los primeros juicios ecológicos aparecieron ante el Tribunal Supremo hacia el año 1924. En 1941, el laudo arbitral de la Fundición Trail se cita como la primera manifestación formal del derecho internacional del medio ambiente, al resolver una disputa entre los Estados Unidos de América y Canadá sobre los daños por contaminación transfronteriza a personas, animales y propiedades en el primer país, causados por las corrientes de aire que transportaban humo y partículas tóxicas producidas en el segundo^[38].

La causa que marcaría el inicio de la era forense del derecho ecológico fue el caso Scenic Hudson Preservation Council contra la Comisión Federal de la Energía, presentado por un grupo de ciudadanos, que fundaron una asociación para la protección del río Hudson^[39], contra la compañía eléctrica Edison Co., que pretendía bombear, en las horas de menor consumo, agua del río para embalsarla en lo alto de las montañas y luego, en las horas punta de Nueva York, verter su energía en la red de turbinas de abajo. Los vecinos alegaron que su paisaje quedaría marcado por la presa, y que los peces serían absorbidos por las turbinas de la central hidroeléctrica. Rechazada por la Comisión Federal de Electricidad, el grupo remitió su demanda al Tribunal de Apelación del Segundo Circuito, que dio la razón a la demanda, confirmada por el Tribunal Supremo^[40].

Desde entonces, han proliferado múltiples demandas ecológicas y han evolucionado las leyes medioambientales, lo que ha hecho que el Congreso de EE.UU. desarrolle una vocación proambiental, que parecía atraer a los votantes^[41]. 

Al mismo tiempo, el desarrollo del derecho ambiental también ha traspasado las fronteras. Desde 1972, con motivo de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, que tuvo lugar en la ciudad de Estocolmo^[42], las naciones han buscado soluciones a los principales problemas relacionados con el modelo de producción y consumo adoptado por los países de todo el mundo, en busca de la conciliación entre el desarrollo y la conservación del medio ambiente.

En 1992, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro^[43], se elaboró un plan de acción para promover el desarrollo sostenible, denominado Agenda 21, en el que se esbozaron estrategias para que las naciones redujeran considerablemente o eliminaran los modelos de producción y consumo insostenibles.

En 2012, en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, a través del balance de Río 92, se aprobó el Plan de Johannesburgo, que propuso la elaboración de un conjunto de programas con una duración de diez años (Programa Marco de 10 años), para apoyar y fortalecer las iniciativas regionales y nacionales para promover cambios en los patrones de consumo y producción^[44]. 

Durante la Conferencia Río+20, celebrada en Río de Janeiro con la propuesta de ampliar las experiencias y buenas prácticas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, se diseñó una nueva agenda ambiental para el desarrollo sostenible, la Agenda 2030^[45]. A éstas les siguieron otras cumbres destinadas a abordar los retos ecológicos a los que se enfrentan los países.

Recientemente se firmó El Pacto Verde Europeo^[46] en el que se fijaron objetivos para transformar la UE en una economía moderna, eficiente en el uso de los recursos y competitiva, garantizando que el crecimiento económico se desvincule del uso de los recursos y que las emisiones netas de gases de efecto invernadero sean nulas para 2050. El pacto es una estrategia relevante para incluir a los ciudadanos en la transición, basándose en la participación activa y la confianza pública. Además de los ciudadanos (en toda su diversidad), incluye a las autoridades nacionales, regionales y locales, a la sociedad civil y a la industria, que colaboran estrechamente con las instituciones y los organismos consultivos de la UE.

En términos históricos, el desarrollo del derecho ambiental en la Unión Europea puede dividirse, según Jans^[47], en cinco fases. La primera comenzó en 1958 con la entrada en vigor del Tratado de Roma (CEE). En este periodo, las instituciones europeas no desarrollaron una política medioambiental. Sin embargo, algunas decisiones adoptadas pueden considerarse, indirectamente, como medidas medioambientales^[48]. Aunque se trataba de medidas destinadas a la realización del mercado común, las consideraciones medioambientales desempeñaron un papel indiscutible. 

Con la aparición de los problemas ambientales en los países industrializados a principios de la década de 1970^[49], la agenda ambiental ganó un lugar en el entorno político, lo que obligó a los Estados a tomar medidas para mitigar sus efectos en un intento de evitar que se produzcan daños ambientales^[50]. 

En 1972, en una reunión del Consejo Europeo, se decidió que la expansión económica no era un fin en sí mismo: debía contribuir principalmente a reducir las disparidades en las condiciones de vida y a mejorar la calidad de vida. Esta Declaración marcó el inicio de la segunda fase, que duró hasta la entrada en vigor del Acta Única Europea^[51] el 1 de julio de 1987. En la Declaración del Consejo de las Comunidades Europeas y de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros reunidos en el seno del Consejo, de 22 de noviembre de 1973, sobre el Programa de Acción Medioambiental de las Comunidades Europeas^[52], se prestó especial atención a la protección del medio ambiente para colocar el progreso al servicio de la humanidad, tal y como aparece recogido en la Declaración de París de octubre de 1972. 

En esta segunda fase, todavía no existía una competencia comunitaria en materia de reglamentación medioambiental, por lo que muchas decisiones se basaban en los artículos 100 (actual artículo 94)^[53] y 235 (actual artículo 308)^[54] del Tratado, con el argumento de que las diferencias en las políticas medioambientales nacionales podían tener un efecto perjudicial para las políticas del mercado común^[55].

La tercera fase del desarrollo de la política medioambiental europea se inició en 1987 con la entrada en vigor del Acta Única Europea, que introdujo un nuevo título "Medio Ambiente", constituyendo la primera base jurídica de la política medioambiental común, con el objetivo de preservar la calidad del medio ambiente, proteger la salud humana y garantizar un uso racional de los recursos naturales. En esta etapa, por primera vez, los objetivos de la política medioambiental se consagraron en los tratados^[56].

La cuarta fase comenzó con la entrada en vigor, en 1993, del Tratado de la Unión Europea (el Tratado de Maastricht). Por primera vez, el término "medio ambiente" se inserta en los objetivos y actividades de la Comunidad (arts. 2 y 3^[57]). El Tratado convirtió el medio ambiente en un ámbito político oficial de la UE, introdujo el procedimiento de codecisión e hizo de la mayoría cualificada en el Consejo la norma general. En esta fase aumentaron las acciones y programas sobre el medio ambiente y se incrementaron las competencias del Parlamento Europeo en la adopción de estos programas^[58].

 La quinta fase se inició en 1997 con el Tratado de Ámsterdam y la introducción de numerosos cambios en el marco jurídico de la política medioambiental europea, estableciendo el deber de integrar la protección del medio ambiente en todas las políticas sectoriales de la Unión Europea, con el objetivo de promover el desarrollo sostenible ^[59]. Con la aprobación del Tratado de Lisboa (2009), la "lucha contra el cambio climático" se convirtió en un objetivo específico, así como el desarrollo sostenible en las relaciones con terceros países y una nueva personalidad jurídica permitió a la UE celebrar acuerdos internacionales.

Posteriormente, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea^[60] (artículos 11 y 191 a 193) estableció la competencia de la Unión Europea para actuar en todos los ámbitos de la política medioambiental, como la contaminación atmosférica y del agua, la gestión de residuos y el cambio climático. El margen de actuación de la Unión está limitado por el principio de subsidiariedad y la exigencia de unanimidad en el Consejo en materia de fiscalidad, ordenación del territorio, utilización del suelo, gestión cuantitativa de los recursos hídricos, elección de las fuentes de energía y estructura del abastecimiento energético^[61].

Por ello, a lo largo del tiempo, se han creado diversas iniciativas para consolidar y aplicar el derecho comunitario del medio ambiente, con repercusiones en los ordenamientos jurídicos internos de cada Estado miembro, contribuyendo de manera decisiva a la protección efectiva del medio ambiente basada en los principios de un nivel de protección elevado^[62](art. 191, nº 2 TFUE), así como en los principios de subsidiariedad (art. 69 TFUE), integración (art. 79, nº 4 TFUE), precaución, prevención y corrección de la contaminación en la fuente (art. 191, nº 2 TFUE) y de protección del medio ambiente (art. 191, nº 1 TFUE)^[63]y quien contamina paga (art. 192 nº2 TFUE y Directiva 2004/35/CE^[64]).

A la luz de su proyecto de paz estructural^[65], cabe destacar el papel clave que desempeña la Unión Europea en las negociaciones internacionales sobre medio ambiente. La UE es parte de numerosos acuerdos medioambientales mundiales, regionales o subregionales sobre una amplia gama de asuntos^[66]. 

Ante esta importante evolución legislativa, que reflejaba la creciente preocupación ecológica del bloque, la Unión Europea y los gobiernos nacionales han fijado objetivos claros para orientar su política medioambiental, apoyados por programas de investigación, legislación y financiación específicos con el fin de proteger, conservar y mejorar el capital natural de la UE; transformar la UE en una economía verde, competitiva, con bajas emisiones de carbono y eficiente en el uso de los recursos; y proteger a los ciudadanos europeos de las presiones y riesgos relacionados con el medio ambiente para su salud y bienestar^[67]. Por tanto, puede decirse que los ciudadanos europeos disfrutan de las normas medioambientales más avanzadas del mundo^[68].

Aunque la conciencia ecológica encuentra una amplia adhesión y apoyo legal en la legislación de la Unión Europea, el bloque todavía tiene que superar grandes retos. Como señala Lopes^[69], la construcción europea está hecha de avances, pero también de algunos, deseablemente puntuales y superables, retrocesos. De este modo, el camino no siempre se hace de forma lineal, de lo ideal a lo real, ya que a veces configura aspectos de la vida política, jurídica, sociológica, económica, etc. 

Uno de los retos a superar en el ámbito medioambiental es la consecución de los objetivos que la Unión Europea se ha marcado en los acuerdos medioambientales internos e internacionales, como el compromiso de alcanzar la neutralidad climática en 2050 y reducir las emisiones de carbono en 2030. 

El 24 de junio de 2021, el Parlamento Europeo aprobó la Ley Europea del Clima^[70] (previamente acordada de manera informal con los Estados miembros), con 442 votos a favor, 203 en contra y 51 abstenciones. La nueva ley transforma el compromiso político del Pacto Verde Europeo^[71] en un compromiso vinculante, aumentando el objetivo de reducción de emisiones de la UE para 2030 del 40% al 55% como mínimo. 

Dada su gran sensibilidad ante los retos ecológicos actuales, la Unión Europea ha acabado asumiendo una vocación pedagógica en sus prácticas de política exterior basada en la diplomacia climática y ecológica, afirmando y promoviendo, en sus relaciones con el mundo, sus valores e intereses para contribuir al desarrollo sostenible del planeta, de acuerdo con el artículo 3.5 del TFUE. Uno de los objetivos de la Unión es promover medidas a nivel internacional para hacer frente a los problemas medioambientales regionales o mundiales y, en particular, para luchar contra el cambio climático (artículo 191, apartado 1, del TFUE). Cómo sortear la resistencia de algunos países a asumir compromisos en materia medioambiental (por las más diversas razones, destacando la motivación económica) o incluso a cumplir con los compromisos establecidos a nivel internacional es uno de los retos a los que se enfrenta actualmente la UE.

Un último reto que merece la pena destacar es, a nivel interno, la cuestión de garantizar la participación de los ciudadanos en cuestiones medioambientales para legitimar las decisiones de desarrollo. Desde la promulgación de la Directiva 2003/35 del Parlamento Europeo y del Consejo, se han establecido normas sobre la participación del público en la preparación de determinados planes y programas relacionados con el medio ambiente y se han modificado las normas sobre la participación de los ciudadanos en el contexto de la evaluación del impacto ambiental y los permisos ambientales. La participación ciudadana ha ido ganando terreno desde 1992, con motivo de la Declaración de Río (artículos 9 y 10), y de los compromisos asumidos en la Declaración de RIO+20, que subrayan la importancia de la participación activa de la sociedad civil en el desarrollo sostenible (puntos 44, 76 g), 88, h), 248). El Convenio de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas de 1998 sobre el derecho de acceso a la información, el derecho de participación y el derecho de acceso a la justicia (Aarhus) prevé la posibilidad de que el público presente comunicaciones al Comité de Cumplimiento y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en varias disposiciones garantiza el derecho de los ciudadanos a participar en la vida democrática de la Unión^[72]. Por lo tanto, es un reto para los Estados miembros garantizar que esta participación tenga lugar de la manera más eficaz a nivel nacional.

Debido a los límites del presente trabajo, no es posible abordar, a un nivel detallado, miles de años de la historia jurídica de China en la actualidad. Sin embargo, el presente apartado tratará de abordar la influencia de los principales hechos históricos y corrientes filosóficas en el pensamiento jurídico sionista para ayudar a comprender su sistema normativo y las razones por las que las concepciones chinas parecen oponerse a las ideas de protección del medio ambiente que actualmente dominan el pensamiento occidental.

De forma preliminar, hay que tener en cuenta que la heterogeneidad es un rasgo distintivo de la sociedad china ante las diferencias culturales del propio pueblo^[73] y las variadas concepciones de la relación entre el hombre y el mundo. La tradición china, que supera los tres mil años y sigue viva en la actualidad, se opone a la modernidad de un pueblo que busca la prosperidad económica.

Tanto la conciencia ecológica como el desarrollo de la protección del medio ambiente son fenómenos muy recientes en la historia de China. La cosmovisión cosmológica^[74] concebía la naturaleza como un proceso regular en el que se inscribe el hombre. Por lo tanto, la naturaleza se encargaría de proporcionar la supervivencia, el bienestar, el enriquecimiento personal y el éxito del linaje humano y, por lo tanto, está a su servicio. La creencia de que la naturaleza ofrecía recursos inagotables (una herencia confuciana seguida de la ideología estalinista-maoísta) hizo que los propios chinos se sorprendieran del progresivo agotamiento de los recursos naturales a partir de 1980^[75].

A este sentimiento cultural de sumisión de la naturaleza a los designios humanos hay que añadir la guerra emprendida contra ella por Mao durante el periodo que estuvo en el poder, especialmente en los periodos llamados "Gran Salto Adelante" (entre 1958 y 1961) y "Revolución Cultural" (entre 1966-76).

Alrededor de 1949, tras su victoria sobre los nacionalistas del Guomindang, los comunistas chinos adoptaron como objetivo la domesticación de las fuerzas naturales mediante la transformación de los paisajes, lo que en su momento se denominó "lucha contra la naturaleza"^[76]. La revolución pretendía "fundar un hombre nuevo", para lo cual sería necesario modificar radicalmente su relación con la naturaleza^[77].

Mao Tse-Tung, una de las figuras políticas más importantes del siglo XX, emprendió una guerra contra la naturaleza, proclamando su convicción de que los humanos podían obligar a la naturaleza a obedecerle^[78]. El pueblo chino sigue luchando por superar las perversas consecuencias de su ideología de crecimiento demográfico ("Pasarán los años y trabajaremos produciendo más bebés que nunca"), de guerra contra la naturaleza ("Abrid los campos salvajes para plantar grano") y de hambruna ("Preparaos para la guerra. Preparaos para la hambruna, por la causa del pueblo").

Los lagos fueron desecados^[79], los pastos fértiles se convirtieron en desiertos después de arar para sembrar trigo, los bosques fueron destruidos para plantar grano en las montañas y para alimentar los hornos de patio. Los hambrientos comían cortezas de árboles, semillas, raíces, roedores, a veces recurrían al canibalismo^[80].

Este proyecto, por razones que escapan al ámbito de este trabajo, fracasó y, a finales de los años 70, se inició un periodo de construcción de un "socialismo de mercado" más cercano al capitalismo. La apertura de China a la economía mundial aportó grandes beneficios al pueblo chino, haciendo que la economía creciera en torno al 10% anual durante las últimas décadas (excepto en 2020, cuando el PIB creció un 2,3%, siendo el único país del mundo que registró un crecimiento durante la pandemia^[81]), y que cientos de millones de personas salieran de la pobreza con una renta per cápita que se multiplicó más de siete veces en una sola generación.

A pesar de la generación de riqueza, el desarrollo del país ha degradado los recursos naturales de la tierra y el agua y ha aportado una nueva fragilidad al sistema político chino y a sus relaciones con otros países del mundo^[82]. 

Ya en la década de 1990, la contaminación de los cursos de agua alcanzó niveles inimaginables: el 85% de los ríos dejaron de ser aptos para la pesca, la mitad de las aguas corrientes presentaban índices de contaminación superiores a las normas internacionales y una cuarta parte de estas aguas no son aptas para el riego. Un tercio del agua que fluye por los ríos chinos está tan contaminada que no es apta para ningún uso, ya sea residencial, industrial o agrícola^[83].

En marzo de 2020, la revista Science of the Total Environment^[84] informa de la extinción en 2005 del pez espátula chino (psephurus gladius), uno de los dos únicos miembros existentes de un linaje relicto originado hace 34-75 millones de años. También era una de las mayores especies de peces de agua dulce, llegando a alcanzar los 7 m de longitud. El pez espátula chino fue antaño común en el río Yangtze, con unas 25 toneladas pescadas al año durante la década de 1970. Sin embargo, las poblaciones han disminuido drásticamente desde finales de la década de 1970 como resultado de la sobrepesca y la fragmentación del hábitat^[85]. 

            "Luchar por cada gota de agua o morir: este es el reto al que se enfrenta China". Palabras del exministro Wang Shucheng para calcular la dimensión de la crisis del agua que atraviesa el país. Con el 19% de la población mundial, China sólo tiene el 6% del agua dulce del planeta y graves problemas ecológicos como: a) la devaluación, el despilfarro y el uso excesivo de los recursos hídricos; b) el rápido agotamiento de los grandes embalses subterráneos acumulados durante miles de años; c) la erosión, la deforestación y el aterramiento de los ríos; d) el deterioro de las infraestructuras de riego; e) la contaminación de los ríos y las aguas subterráneas por los residuos agrícolas, domésticos e industriales^[86].

La desertificación y el transporte de arena son fenómenos provocados por la destrucción abusiva de los bosques (en 1993 el país sólo tenía un 12% de cobertura forestal, una de las más bajas del mundo^[87]) y la priorización de la industrialización. Desde 1997, China ha perdido el 6% de su superficie rural a causa de la erosión, la urbanización y los proyectos industriales y de infraestructuras^[88]. A este ritmo y ante el crecimiento de la población, la escasez de agua de China se está convirtiendo en un vehículo de dependencia de otros países, como Brasil, ante su incapacidad para alimentar a su población^[89]. 

¿Y cuáles son las consecuencias jurídicas de estas cuestiones en el ámbito del derecho medioambiental? Antes incluso de responder a esta pregunta introduciendo un enfoque centrado en el derecho ambiental, hay que tener en cuenta que el propio Estado de Derecho -supuesto lógico antecedente del derecho ambiental- sólo comenzó su verdadero desarrollo en el país a partir del periodo comprendido entre 1997 y 2012. Sólo en el año 1999, el principio del Estado de Derecho fue acogido en el ordenamiento jurídico chino contemporáneo con el rango de principio constitucional (art. 5 de la Constitución china de 1999)^[90] y, para algunos autores, este principio está todavía en construcción^[91]. 

La implantación del Estado de Derecho en China se enfrentó a enormes obstáculos derivados de su contexto histórico-político. Al final de esa época (1911), la sociedad china fue sometida a múltiples intentos de reforma y modernización, cuya cúspide se alcanzó en el período denominado "construcción del socialismo" (entre 1949-1979), con la implantación de un marxismo leninista-estalinista bajo el modo maoísta^[92]. 

En la China maoísta, la ley sirvió como instrumento de objetivos políticos, siendo eliminada durante la Revolución Cultural y sólo retomada posteriormente. Entre 1978 y mediados de los años 90, se produjo un desarrollo del principio de Estado de Derecho que se consagró en el texto constitucional. El constitucionalismo chino -prohibido en la época de Mao- resurgió en la Constitución de 1982, pero todavía hay deficiencias en su aplicación debido a la ausencia de un mecanismo verdaderamente independiente para interpretar, aplicar o revisar la Carta Constitucional, con el monopolio de la interpretación constitucional adscrito al Partido Comunista^[93]. La Constitución china se parece más a una declaración política que a un conjunto de normas vinculantes^[94] . 

A partir de 1983, China promulgó, siguiendo las pautas occidentales, una ley medioambiental por la que se creaban reservas naturales, en un movimiento embrionario de toma de conciencia de los daños causados por el desarrollo económico^[95].

La articulación del crecimiento económico con la legitimidad política motivó la configuración del Estado Socialista de Derecho, aún sin una verdadera protección de los derechos humanos^[96].

            En los últimos 20 años, los esfuerzos de China por construir y modernizar sus instituciones jurídicas demuestran su evolución y desarrollo legal, con la profesionalización de la función del juez y la creciente conciencia jurídica de los ciudadanos de recurrir al acceso a los tribunales como despliegue del reconocimiento del derecho como principal instrumento de gobierno y el establecimiento de un sistema judicial. Poco a poco, las fuentes externas del derecho internacional ejercen influencia en el sistema jurídico chino contemporáneo en un proceso dinámico en el que los conceptos, normas y principios jurídicos migran como resultado de un compromiso voluntario obtenido a través de las buenas prácticas, el aprendizaje, el intercambio y la no imposición^[97]. 

Actualmente, la Constitución china enumera como una de las funciones del Consejo de Estado chino, contribuir a la "construcción de una civilización ecológica", un artículo insertado por la revisión constitucional de 2018 (art. 89). Por otro lado, China es el mayor productor mundial de gases de efecto invernadero^[98]. A pesar de ello, el país ha ido realizando notables cambios en su dinámica política, favoreciendo un intercambio más respetuoso con el medio ambiente. Ante esta realidad oscilante, el mundo necesita que el gobierno chino tome medidas ambiciosas y urgentes para reducir las emisiones.

En esta dirección, en la Cumbre de Líderes del Clima de septiembre de 2020 convocadapor el Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el Presidente chino, Xi Jinping, declaró que China alcanzaría el pico de emisiones de dióxido de carbono (CO2) antes de 2030 y la neutralidad de carbono antes de 2060^[99]. Estos compromisos^[100] a largo plazo son un paso positivo, ya que introducen a China en el grupo de naciones que proponen objetivos a largo plazo con el fin de apoyar el esfuerzo mundial para lograr la neutralidad de carbono.

Sin embargo, los objetivos climáticos y energéticos a corto plazo publicados en el 14º Plan Quinquenal del gobierno chino en marzo de 2021 son mucho más modestos, lo que pone en duda la trayectoria climática de China a corto plazo y si sus políticas se ajustarán verdaderamente a los objetivos mundiales de estabilización del clima. Cabe destacar que el país ha dado muchos pasos hacia la descarbonización. Sin embargo, sus tendencias recientes en materia de energía y emisiones, así como sus objetivos a corto plazo, demuestran que aún le queda un largo camino por recorrer.

Por otra parte, la influencia del derecho internacional en el sistema jurídico chino contemporáneo se deriva de la reaparición de China como actor global, adhiriéndose a los tratados internacionales. A pesar de suscribir preferentemente tratados bilaterales, China está asumiendo en la actualidad un papel importante a nivel de las más diversas organizaciones internacionales (Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, O.M.C., F.M.I.) ratificando tratados internacionales, a pesar de que su ordenamiento jurídico no contiene una predicción exacta de la jerarquía de los tratados internacionales en su ordenamiento jurídico interno^[101]. 

Del 25 de abril al 8 de mayo de 2022, el país acogerá en Kunming, Yunnan, la 15ª reunión de la Conferencia de las Partes (COP 15) del Convenio sobre la Diversidad Biológica^[102], la 10ª Reunión de las Partes del Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología (COP/MOP 10 del Protocolo de Cartagena) ^[103], y la 4ª Reunión de las Partes del Protocolo de Nagoya sobre Acceso y Participación en los Beneficios (COP/MOP 4 del Protocolo de Nagoya) ^[104]. La reunión será de gran importancia a nivel mundial, ya que supondrá la actualización del Plan Estratégico 2011-2020 y la adopción de un marco global para la biodiversidad después de 2020. Además, la Comisión podrá proponer herramientas reforzadas de rendición de cuentas para las estrategias y planes de acción nacionales en materia de biodiversidad con el fin de mejorar la gobernanza y facilitar el desarrollo, la revisión y la aplicación de los objetivos posteriores a 2020 y la consecución de la Visión de la Biodiversidad 2050^[105].

Desde hace unos años, China está asumiendo un papel cada vez más relevante en el panorama internacional^[106] y, por lo tanto, resulta de sumo interés para la UE incrementar sus relaciones con el gigante asiático. Aunque desde comienzos de la década de los noventa, la UE y China se habían intensificado un proceso de diálogo con el objetivo de conseguir un partenariado, en mayo de 2021, el Parlamento Europeo^[107] congeló las negociaciones sobre la ratificación del Acuerdo General de Inversiones CE-China debido a las recientes sanciones chinas contra legisladores y entidades europeas de la UE, condenando las sanciones "infundadas y arbitrarias" impuestas por las autoridades chinas.

La resolución del Parlamento Europeo del 16 de septiembre de 2021^[108] aprobó la nueva estrategia Unión-China, que se centra en los derechos humanos y laborales, las cuestiones comerciales y los aspectos medioambientales entre las partes. Uno de los pilares de la estrategia es el diálogo abierto y la cooperación en torno a los retos globales, en relación con el medio ambiente y el cambio climático, entre otras cuestiones. El diálogo busca la cooperación en materia de desarrollo sostenible y un compromiso compartido con la apertura y el trabajo conjunto de forma transparente, justa y equitativa como parte de un sistema internacional basado en normas.

La estrategia tiene como objetivo fomentar el compromiso de China para hacer frente al cambio climático y otros problemas ambientales mediante el fortalecimiento de una asociación entre la UE y China en este ámbito y subraya la necesidad de garantizar que la UE y China cumplan sus respectivos compromisos en el marco del Acuerdo de París. Subraya la necesidad de garantizar la coherencia entre las ambiciones globales declaradas por China en la lucha contra el cambio climático y las repercusiones medioambientales de sus estrategias de inversión nacionales y extranjeras. Además, insta al gobierno chino a que se abstenga de exportar su capacidad de producción de carbón a terceros países, especialmente en el marco de la iniciativa "One Belt, One Road” - OBOR. La estrategia reclama a China que respete las normas internacionales, sobre todo en lo que respecta a su impacto en el clima, el medio ambiente y la biodiversidad.

Estos fueron, por tanto, los principales aspectos planteados sobre el sentimiento ecológico y sus reflejos jurídicos sobre la protección del medio ambiente en China, siendo cierto que, además del fortalecimiento de las instituciones jurídicas nacionales (y, en consecuencia, del propio Derecho), será fundamental superar la idea de que el hombre está en una relación armoniosa y equilibrada con la naturaleza con la percepción de que está fuera del medio natural, dominándolo y explotándolo vorazmente.

Como se ha señalado al principio de este estudio, el entendimiento en materia medioambiental sólo se logrará mediante el diálogo intercultural, entendiendo que el mundo comprende múltiples formas de interpretación. Además, la importancia de realizar estudios e investigaciones académicas sobre China es una necesidad señalada por la propia Unión Europea en la Nueva Estrategia UE-China. en la defensa y promoción de los principales intereses y valores europeos, entre ellos, el desarrollo sostenible.

El trabajo ha demostrado que la trayectoria de la conciencia ecológica en América y Europa ha presentado una evolución muy consistente con contundentes reflejos legales. Se puede afirmar que la ecología forma parte del entorno cultural de la gran mayoría de los europeos, que son conscientes de las repercusiones medioambientales de sus elecciones. 

Por otro lado, también se ha demostrado que en China el desarrollo de la conciencia ecológica no ha tenido tan buenos resultados, por razones culturales, religiosas y políticas. 

Debido a la urgencia de la crisis climática, existen intentos externos por parte de EE.UU. y la UE de concienciar a China de la necesidad de cooperación en materia medioambiental, lo que ha dado lugar a narrativas de adhesión a esta agenda, que pueden provocar reflejos legales en el ámbito interno. Sin embargo, el cumplimiento del sistema legal por parte de China sigue siendo un reto.

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